La comisaría de la Via Laietana: de reivindicación histórica a moneda de cambio en el Congreso

Los partidos y plataformas partidarias de ello no entienden las reticencias, sobre todo después de que el Congreso lo aprobara en 2017. Cuatro años después, creen que ha llegado la hora de convertir la polémica Jefatura de Policía Nacional de Barcelona —de cuatro plantas, destinadas a funciones puramente administrativas y de coordinación— en un museo de los casos de tortura allí cometidos durante el franquismo. Cuatro años después, ERC ha hecho de la comisaría de la Via Laietana su moneda de cambio para tirar adelante la Ley de Memoria Democrática.

Los republicanos, socios parlamentarios recurrentes esta legislatura, mantienen un pulso con el PSOE para incluir su conversión en el texto. La proposición aprobada por la Cámara baja, en la que tan solo se opuso el Partido Popular, no era vinculante; los socialistas lo saben y lo aprovechan. Mientras que la portavoz Isabel Rodríguez admitió que fue "un lugar de represión y tortura", el ministro Félix Bolaños ha pedido buscar "un punto de equilibrio" y Grande-Marlaska ha rechazado expulsar a los agentes y hacer del edificio "un símbolo" como pretenden.

"Son los socialistas los que han cambiado su parecer, no nosotros: es cuestión de justicia democrática y no entiendo por qué se están enrocando de esta manera", comparte con este diario la regidora de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Sendra, que justifica que la Jefatura sea una línea roja en las negociaciones por la Ley de Memoria Democrática: "Es nuestra posición, hay muchos puntos del proyecto que deben ir mucho más allá y este, en concreto, es lo mínimo que debe incluir".

El tema viene de lejos. Es una reivindicación que empezó a hacer ruido en 2005 de la mano del exdiputado Joan Tardà, que convocó una rueda de prensa para anunciar que iba a llevar la primera proposición no de ley. "La catedral del terror", llamó al edificio que fuera sede de la Brigada Político-Social y por el que pasó el presidente de ERC de aquel momento, Jordi Carbonell, para ser torturado en varias ocasiones como muchos otros opositores al régimen. Ya entonces se planteaba el traslado de la Policía Nacional y su traspaso a la Generalitat para museizarlo.

Y el consistorio barcelonés aprobó en el pleno exigirlo en 2008 e hizo lo propio de nuevo en 2019 ante el bloqueo en Moncloa al visto bueno que sí recibió del Congreso. Reivindicación a la que plataformas ciudadanas e independentistas dan alas; también la CUP, que ha pedido a Interior la dimisión de Marlaska y la retirada de los agentes, y los Comunes desde la alcaldía de la capital catalana, con la colocación de un atril informativo frente a la comisaría — atacado en varias ocasiones e incluso quemado— entre otras acciones.

La última, un acto celebrado la tarde de este viernes al que han asistido representantes de ERC, Junts, CUP y En Comú Podem.

A pesar de ser objeto del odio de las recurrentes manifestaciones independentistas y antifascistas de Barcelona, los agentes no quieren dejar el edificio y se encomiendan a las palabras del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz: "Ha sido y es un símbolo de servicio público desde la que varias generaciones de policías han contribuido y continúan contribuyendo a fortalecer la democracia". "Nos mostramos totalmente en contra, es un símbolo de la Policía Nacional y esto es un ataque directo hacia nuestros compañeros que trabajan allí", asegura a NIUS Marcos Veiras, portavoz del sindicato policial Jupol.

Ellos dicen que no tienen "nada que ver con aquella época" y pocos se lo discuten. "Es evidente, pero si es así, ¿por qué esa negativa a ser trasladados a unas instalaciones más modernas, con más luz y adecuadas a las condiciones técnicas que necesitan?", se pregunta Sendra. "Es el principal centro de trabajo de coordinación de la Policía Nacional, desde donde no se permitió celebrar el referéndum ilegal, y esta es una forma de echarnos", remata el policía, que tampoco se fía del PSOE: "Auguramos que sí, que la traspasarán, y si es así, nos movilizaremos con las asociaciones constitucionalistas y convocaremos manifestaciones".

Para Carles Vallejo, esta es una actitud prepotente y sin sentido: "Yo mismo he intentado hablar con los sindicatos para decirles que no es algo contra ellos, sino que es en defensa de la policía democrática". El presidente de la Associació Catalana d'Expresos del Franquisme fue interrogado por la Brigada Político-Social para sonsacarle información del sindicato clandestino CC.OO. Estuvo unos 20 días retenido, coincidiendo con el estado de excepción del Proceso de Burgos, aguantando torturas como la cigüeña: le esposaban y le hacían ponerse de cuclillas durante horas. Y las palizas estaban a la orden del día.

"Algunos compañeros se quedaron por el camino o simplemente no han conseguido superar los traumas de vivir una experiencia así", lamenta este hombre de 71 años que, a día de hoy, aún evita pasar por el número 43 de la Via Laietana. "La mejor vacuna contra el fascismo es explicar el pasado fascista y yo les animo a salir de ese espacio contaminado por su pasado; es el mayor agujero negro de la represión franquista en Barcelona que nos queda por dignificar".

Y una solución mixta que permita a los agentes no abandonar la comisaría y museizar una parte, como defienden algunas voces socialistas, no convence ni a unos ni a otros: "Es ridículo".