Las obras para desmantelar los peajes catalanes durarán seis meses y costarán 25 millones de euros
El Ministerio de Transportes desembolsará 18,4 millones de euros y la Generalitat, 7,5 millones
La eliminación de los peajes de la C-32 conllevará la pacificación de la N-II en las poblaciones del Maresme, a la que el Govenrn destinará 120 millones de euros
El Govern ha pedido a Sánchez que rescate el resto de peajes catalanes que son titularidad de la Generalitat
El Gobierno y la Generalitat invertirán 25,9 millones de euros para desmantelar las playas de peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 nord y C-33 que quedan sin servicio desde las 00.00 horas de este miércoles, cuando terminan las concesiones de Acesa e Invicat, ambas del grupo Abertis.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinará 18,4 millones de euros, a los que tendrán que sumarse 8,8 millones en impuestos, para la eliminación de los 48 puntos de pago que existen en la AP-7 desde Salou (Tarragona) hasta La Jonquera (Girona) y la AP-2, que conecta la frontera con Aragón con El Vendrell (Tarragona). Ambas vías son de titularidad estatal.
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Los desmantelamientos que cuentan con un mayor presupuesto son la salida 9A/9B de la AP-7, en Maçanet de la Selva (Girona), donde se prevé una inversión de 1,92 millones de euros. Por detrás se encuentra la salida 35 de la AP-7, en Vila-seca-Salou (Tarragona), con 1,4 millones de euros. La salida 32 de la AP-7, en Torredembarra-Altafulla (Tarragona) también supera el millón de euros en inversión, con un total de 1,25 millones.
El Govern desembolsará 7,5 millones
La Generalitat destinará 7,5 millones de euros para la eliminación de las 38 playas de peaje que hay en la C-32 nord y el peaje troncal de Mollet del Vallès (Barcelona) en la C-33. Ambas vías son titularidad del Govern.
Los trabajos de desmantelamiento se iniciarán con la obligación de pasar por tres de las bocanas del peaje -una para cada carril de la marcha- a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora mientras se eliminan los extremos de las playas de peajes, antes de desviar el tráfico para permitir la eliminación definitiva.
Trabajos hasta el primer semestre de 2022
Las obras para el desmantelamiento de los peajes de la AP-2 y la AP-7, las dos vías de titularidad estatal, tienen un plazo de seis meses, hasta el 28 de febrero de 2022.
La Generalitat prevé que los peajes troncales -dos en la C-32 nord y el de la C-33- estén completamente desmantelados antes de fin de año y que los peajes en las entradas y salidas de la C-32 nord se eliminen durante el primer semestre de 2022.
Pacificación de la N-II en el Maresme
Un efecto colateral de la eliminación de peajes será la pacificación de la N-II en las poblaciones del Maresme como consecuencia del traspaso de tráfico a la autopista. Govern y ayuntamientos plantean actuaciones urbanísticas para transformar la actual carretera en una calle interurbana, con semáforos, rotondas y carriles bici. El Govern prevé destinar 120 millones de euros a esas actuaciones.
Otro efecto indirecto será la revalorización de inmuebles en esta franja costera, al norte de Barcelona. El Govern también ha pedido que el Estado rescate en dos años todas las vías de pago catalanas (la autopista de Sitges, la de Manresa o los túneles de Vallvidrera y Cadí), tendría también un efecto inmobiliario drástico en las zonas colindantes de llevarse a cabo.
Con la anulación de peajes de este 1 de septiembre se liberan en total 477 kilómetros de autopista de peaje: 262 kilómetros de la AP-7 y 215 kilómetros de la AP-2. Pasarán a ser gratuitas, tras concesiones de entre 47 y 55 años tras sucesivas prórrogas de hasta 26 años.