La Fiscalía pide 30.000 euros a la exvicepresidenta catalana Joana Ortega por burlar su inhabilitación
Ortega trabajó como asesora de la Conselleria de Empresa entre mayo y octubre de 2019 cuando estaba inhabilitada
Fue el propio Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quien denunció a Ortega al entender que había burlado la condena
La exdiputada convergente percibió unos ingresos brutos totales de unos ingresos brutos totales de 32.110,84 euros
La Fiscalía pide una 30.000 euros de multa para la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, a la que acusa de haber quebrantado la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta del 9N de 2014. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la denunció por haber trabajado como asesora de la Conselleria de Empresa, entre mayo y octubre de 2019.
Joana Ortega trabajó entre mayo y octubre de 2019 como asesora en proyectos transversales del Departamento de Empresa y Conocimiento, por lo que percibió unos ingresos brutos totales de 32.110,84 euros. El fiscal pide una pena de 20 meses de multa, a razón de una cuota diaria de 50 euros, con la responsabilidad prevista en el art 53 en caso de impago. Costas y mantiene la libertad de la acusada.
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El ministerio público acusa a Ortega de un delito de quebrantamiento de condena, al entender que asumió dicho cargo "con evidente ánimo de incumplir la condena firme" que se le impuso por la consulta del 9N.
Ortega fue condenada a nueve meses de inhabilitación
Según la Fiscalía, la actividad que llevaba a cargo Ortega como asesora estaba "directamente conectada" con el Gabinete del Departamento de Empresa, "cuya retribución estaba asimilada a la de un puesto de trabajo de funcionario de nivel A".
Para el ministerio público, de esa forma la exvicepresidenta evitó cumplir la condena de nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico, estatal o local que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto al expresident Artur Mas y a la exconsellera Irene Rigau, por un delito de desobediencia al organizar la consulta del 9N.
Fue el propio TSJC el que denunció a Ortega en los juzgados, al entender que había "burlado" la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa.
La demandada alega que no ejerció funciones de gobierno
En su declaración ante la juez instructora que la investigaba, la exvicepresidenta alegó que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público.
La investigada blandió ante la magistrada sendos informes jurídicos confeccionados por el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalitat, que avalaban que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.
Además, adujo que su cargo de asesora era de dominio público y se había publicado oportunamente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).