La Generalitat se responsabiliza ante el TSJC de la aplicación del 25% del castellano en las aulas
El Govern ha comunicado que la Conselleria de Educació es el órgano responsable de su cumplimiento
En una breve comunicado enviado al TSJC no explicita si acatará o no el fallo
La Generalitat pretende eximir de responsabilidad a los docentes que no acaten la sentencia
El Govern ha comunicado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que se responsabilizará de la aplicación del 25% del castellano en las aulas catalanas. Así lo ha comunicado la Generalitat ante el tribunal este lunes y agota los diez días de plazo que tenía para comunicarlo.
En un breve comunicado en el que el Departament no explicita si acatará o no la sentencia, el Govern ha notificado la recepción de la sentencia y afirma que la Conselleria d'Educació es el órgano responsable de su cumplimiento. De este modo, exime de toda responsabilidad a los centros y los docentes. El Parlament rechazó cumplir la sentencia con los votos a favor de ERC, Junts, CUP y Comunes.
El TSJC avisó el pasado 21 de enero que la sentencia era firme y se abría un periodo de dos meses para aplicarla, tal como establece el artículo 104 de la ley contenciosa administrativa.
El Govern exime de responsabilidades a los centros
El TSJC pidió a la Generalitat que estableciera el órgano que haría el seguimiento de la aplicación de la sentencia y el Govern ha respondido que será el Departament d'Educació, con la intención de eximir de responsabilidades a los centros educativos y a los docentes.
Pero todavía no está clara lar respuesta del Ejecutivo ante el fallo. La ley establece que la sentencia se podrá ejecutar de manera forzosa si no se aplica, siempre que alguna de las partes o un afectado lo pida. Esto significa que se deberá ejecutar en caso de que el Ministerio de Educación o los alumnos lo reclamen.
Dudas sobre la ejecución de la sentencia
Los ministerios de Educación, de Justicia y de Política Territorial expresaron en noviembre que la sentencia debe ejecutar pero insinuaron que no lo pedirán expresamente porque consideran que quien tiene que pedir su cumplimiento es el propio TSJC.
La Generalitat ya ha manifestado en varias ocasiones su intención de sortearla para mantener el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas. En enero, la Generalitat aprobó un acuerdo por el que se garantiza a los directores de las escuelas protección jurídica para hacer frente a posibles responsabilidades a la hora de incumplir el requerimiento judicial.