La ONU da la razón a Vicenç, el guardia urbano despedido por el Ayuntamiento de Barcelona por ser discapacitado

Vicenç Flores fue expulsado de la Guàrdia Urbana de Barcelona por hacer su trabajo. Y esta paradoja le ha llevado a luchar contra el ayuntamiento durante 12 años de pleitos y tribunales hasta que un comité de la ONU le ha dado la razón. Seguidamente ha sido el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quien ha dictaminado que el consistorio debe readmitirlo y ofrecerle un puesto acorde a sus capacidades.

Un comunicado en la radio de la policía local avisaba en 2009 de que un hombre agredía a una mujer en un supermercado de Poblenou. “Había alarma social y teníamos que acudir rápidamente. Iba en moto y un coche se me llevó por delante”, recuerda. Se resintió su pie, que tuvo que pasar por intervenciones y rehabilitación. Durante la baja médica vio cómo un hombre arrancaba una cadena a una anciana. Acudió en su ayuda: “Me avalancé sobre él y lo reduje con tan mala suerte que me destrozó el pie”, recuerda.

Los accidentes fueron en 2009 pero entonces empezó lo que él relata como “el inicio de una historia de terror”. En 2010 recibía una carta de su empleador, el Ayuntamiento de Barcelona, que le comunicaba que le cesaban como agente de la guardia urbana debido a su incapacidad. “El mensaje era que ya no les servía, pese a hacer mi trabajo estando de baja, me expulsaron”, relata.

Flores no aceptó la decisión del consistorio y pidió ser reubicado en un puesto compatible con sus nuevas capacidades. Un juzgado de primera instancia le dio la razón. La sentencia obligaba a que un tribunal médico delimitara qué podía hacer Flores y ser reubicado. Él quería trabajar, el accidente ocurrió cuando el entonces agente tenía 29 años.

El consistorio recurrió la sentencia y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló el dictamen. Flores acudió al Tribunal Constitucional que no admitió el caso. Tampoco lo admitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero Vicenç Flores llegó a las Naciones Unidas.

Finalmente, el comité de la ONU dictaminó que el Ayuntamiento discriminó al agente por razón de discapacidad y deben constituir un tribunal médico para designar sus nuevas tareas.

Ahora el TSJC se ha basado en el dictamen de las Naciones Unidas para ordenar al ayuntamiento que readmita al agente. Afirma que el hecho de que "los dictámenes de los distintos comités de Naciones Unidas no sean ejecutivos ni vinculantes no quiere decir que no tengan ningún valor".

“La victoria es importante porque la ONU admite muy pocos casos al año. La sentencia del tribunal de la ONU no tiene fuerza ejecutiva pero es un paso más”, explica esperanzado, aunque no sabe si el consistorio de Colau volverá a recurrir como ha hecho otras veces.

Flores se reinventó profesionalmente a lo largo de estos años. Acabó el grado universitario de prevención y seguridad integral, cursó un máster y es ahora profesor de secundaria. ¿El motivo de su lucha? “No hubiera aguantado tantos años si no considerase que era una causa justa”, explica y añade que conoce a muchos compañeros que esconden su enfermedad o discapacidad por miedo a ser despedidos como él y pasar al subsidio de un porcentaje ínfimo de su base de cotización. “Es absurdo. He tenido compañeros que no lo aguantan y piensan en el suicidio”, reconoce.

La incapacidad de Flores comenzó durante el mandato de Jordi Hereu (PSC), continuó durante el paso de Xavier Trias (CiU) pero se muestra crítico con el actual gobierno de Ada Colau: “La nombraron embajadora de la ONU de las ciudades y no aplica sus dictámenes para sus trabajadores”, denuncia.

“Me han despedido por ser discapacitado”, subraya, “si me hubieran discriminado por ser mujer, homosexual o marroquí - igual de denunciable - sí que saldría en mi defensa”, responde.

A la espera de que apliquen la sentencia recuerda los doce años de lucha: “Ha habido mucha carga emocional”, recuerda. La lucha y las “injusticias” le han llevado a crear una asociación que ayuda a policías a ser readmitidos por las administraciones pertinentes.

“En algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, Murcia o La Rioja ya está regulado. También ocurre en los Mossos d’Esquadra pero no en la policía local”, lamenta.