El castellano y el catalán, a examen: cómo ha llegado Cataluña a la sentencia del 25 %
Los jueces han hecho firme la sentencia que obliga a impartir más castellano tras más de 80 demandas, entre ellas una del Gobierno de Rajoy
Asamblea por una Escuela Bilingüe, que representa a 1.500 familias, pedirá la ejecución forzosa de la orden ahora que ha expirado el plazo
El acuerdo del PSC, ERC, Junts y Comunes abre la puerta al castellano como lengua vehicular, pero se antoja insuficiente
Han expirado los dos meses que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) dio al Departament d'Educació para obligar a sus centros educativos a impartir al menos un 25 % de las horas lectivas en castellano. La denuncia de una familia de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) ha sacudido el programa de inmersión lingüística, con los jueces tratando de guiar a las escuelas y los partidos modificando leyes de 1983.
Después del accidentado acuerdo entre el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC), Junts y En Comú Podem (ECP) y de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe haya anunciado que pedirá la ejecución forzosa de la sentencia, todo está en el aire. ¿Cómo ha sido la convivencia del castellano y el catalán en Cataluña hasta ahora y por qué ha estallado la polémica?
De 1983 hasta hoy
La inmersión lingüística parte de la Ley de Política Lingüística de 1983.
- Cataluña aprobó bajo un gran consenso la Ley de Política Lingüística en abril de dicho año, que buscaba que el catalán recuperara el terreno perdido frente al castellano durante el franquismo, tanto en escuelas como en medios de comunicación y organismos oficiales.
- El texto recoge que "todos los niños deben poder utilizar normalmente y correctamente el catalán y el castellano al final de los estudios básicos". Por ello, la mayor o menor presencia de una y otra lengua debe depender del contexto social de cada centro.
- No fue un proceso que se hiciera de la noche al día. En 1990, más de 700 centros y 52.000 alumnos seguían el programa y los centros de secundaria cogieron el testigo hasta entrado el nuevo siglo.
- La premisa del dominio pleno de ambas lenguas sigue siendo el principal argumento de la Generalitat para justificar su modelo educativo.
Más de 80 familias han pedido más castellano
El Departament de Educació tiene contabilizadas las peticiones de familias partidarias de que sus hijos estudien más horas en castellano. Sobre todo, en municipios donde el catalán está más extendido, algo que, sin embargo, no se ve compensado en las aulas.
- El TSJC ha emitido más de 80 sentencias dando la razón a familias que pedían más castellano en las horas lectivas estos años.
- Una demanda del Gobierno del PP en 2015 llevó a los jueces catalanes a fijar en un 25 % la cantidad mínima de castellano que la escuela debe impartir. Lo hizo en diciembre de 2020 y el Govern recurrió.
- Una familia de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) a la que el centro rechazó cambiar el régimen lingüístico del centro recurrió al TSJC, pidiendo que el 50 % de las clases fueran en castellano.
- La resolución llegó el 14 de octubre del año pasado, cuando el juez decidió como medida cautelar impartir un 25 % en el grupo en el que estudia el hijo de la familia.
- Mientras tanto, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso del Govern motivado por el proceso iniciado por el PP en octubre del año pasado. Y el TSJC hizo firme su sentencia este mes de enero, algo visto como "un ataque" por el Govern de Aragonès.
¿Qué comporta ese 25 %?
Los jueces han indicado a Educació y a las escuelas cómo cumplir con la sentencia. ¿Qué comporta ese 25 %?
- Que se imparta una asignatura troncal más en castellano, además de la propia de lengua castellana.
Algo que no se cumplía en la escuela de Canet ni en otras tantas. De hecho, los tribunales han ido tumbando los programas educativos de varios centros a partir de demandas individuales (en Cubelles, Llagostera...).
Ha expirado el plazo: lo que ha pasado y lo que pasará
Tras hacer firme la sentencia, el TSJC dio un plazo de dos meses a la Generalitat para ejecutar su orden y garantizar que en todos los centros educativos de la comunidad se imparta ese mínimo de castellano. Un plazo ha expirado este lunes 28 de marzo. ¿Qué pasa ahora?
- Si el Govern no acata, cualquier parte que se considere "afectada" puede pedir su ejecución forzosa. Pero para que el juez le confiera dicha condición, debe aportar pruebas de ello.
- El Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC), Junts y En Comú Podem (ECP) han firmado un acuerdo que modifica la Ley de Política Lingüística de 1983.
- El cambio abre la puerta a la vehicularidad del castellano siempre bajo el criterio de cada colegio e instituto.
- Aunque el nuevo texto reconoce que el catalán es "utilizado como lengua vehicular y de aprendizaje" en el sistema, indica que "también es utilizado el castellano en los términos que fijen" las escuelas.
- El Govern lo ha enviado al tribunal, informando de que es así cómo cumplirá con la sentencia, lejos de porcentajes y con total libertad para los centros.
No obstante y a pesar de estar firmado por cuatro grupos parlamentarios, entre los que se incluyen los socialistas, el pacto no ha generado el consenso esperado.
- "Defiende el catalán y respeta al castellano", ha justificado su apoyo Salvador Illa, mientras Pere Aragonès ha defendido que favorece "la lengua más débil" y fortalece el modelo actual.
- Junts se ha desmarcado del pacto tras las críticas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que lamentan que el texto significa acatar la sentencia.
- La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que representa a 1.500 familias partidarias de que sus hijos estudien más en castellano, pedirá su ejecución forzosa al creer que "una sentencia no es intercambiable con un acuerdo político". El juez atenderá su petición si la considera parte afectada y, si cree que el Govern no ha aplicado el 25 %, atenderá su petición.
- También podría pedir la ejecución forzosa el Ministerio de Educación del Gobierno, ya que es quien comenzó el proceso con una demanda del ministro Wert en 2015; no obstante, no parece que la oficina de Pilar Alegría vaya a hacerlo.
Fuentes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe informan a este diario de que reclamarán su ejecución forzosa el martes 29 de marzo para esperar a ver si la Generalitat hace algún movimiento más el lunes que suponga aplicar el 25 %, algo que, sin embargo, no está previsto.
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