La residencia de Premià con 87 muertes tenía ancianos deshidratados y sin medicar según Fiscalía
El juez investiga el "reguero de fallecimientos" que hubo de marzo a junio de 2020 al que apunta el Ministerio Público
No había enfermeros por la noche ni los fines de semana, y los usuarios sufrieron deshidratación e "importantes pérdidas de peso"
El personal también se saltaba dosis de la medicación de los pacientes o les daba una medicación distinta, apunta Fiscalía
El Juzgado de Instrucción 2 de Mataró ha admitido una querella de la Fiscalía contra el director y la directora médica de la residencia asistida Domus Vi Ca N'Amell de Premià de Mar por presuntos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, lesiones por imprudencia profesional grave y trato degradante durante la irrupción de la pandemia de covid-19.
87 ancianos murieron en el geriátrico bajo una gestión que llevó a la Generalitat a intervenirlo en abril de 2020. El "elevadísimo índice de mortalidad" entre los ancianos ha motivado la investigación del Ministerio Público, que tacha de deficiencias en el trato y los cuidados que se prestaba a los residentes.
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De hecho, familiares de los usuarios aseguraron encontrarse con "algo dantesco" al conocer la situación que se vivía en el interior del centro. Una situación que no fue comunicada por la dirección de la residencia, según las mismas fuentes: "Nos enviaban correos diciendo que mi padre estaba bien, pero realmente se estaba asfixiando y no le dejaban ingresar en la UCI al ser mayor".
Según la querella de la Fiscalía los directivos del centro no tomaron medidas para evitar contagios y "no mostraban ninguna colaboración con los profesionales de la sanidad pública evitando implementar los protocolos y medidas sanitarias que les eran indicadas".
Desde el 1 de marzo hasta el 18 de abril, cuando la Generalitat intervino la residencia, habían muerto 64 ancianos, y desde entonces hasta el 31 de mayo murieron otros 23, sumando un total de 87. Un "reguero de fallecimientos" que no pudo estabilizarse hasta junio, agrega la querella, que apunta a "graves déficits, conocidos y aceptados" por la dirección del centro antes de la pandemia.
Ancianos deshidratados y sin recibir la medicación correcta
Entre las carencias, la Fiscalía menciona el "escaso" personal con relación a la cantidad de residentes, y que las noches y los fines de semana no había médicos ni enfermeros en el centro.
"La falta de personal comportaba que no pudiera alimentarse e hidratarse convenientemente a los usuarios dependientes", recoge Fiscalía, que sostiene que estos "padecían importantes pérdidas de peso y deshidratación".
El texto también asegura que era habitual que el personal no se asegurara de que los pacientes tomaran la medicación que les correspondía, saltando dosis o dándoles una medicación distinta.
También era "habitual" la falta de material para curas, esponjas, toallas y colchones para evitar llagas, y la Fiscalía afirma que a menudo los timbres de alerta en las camas de personas dependientes estaban inutilizadas.