Mar, encadenada a un banco de Sant Sadurní d'Anoia porque su 'inquiokupa' no le paga el alquiler

A Mar Guirao su 'inquiokupa' le ha dejado arruinada. Lleva dos años sin pagarle el alquiler de su piso de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Su situación es límite, acumula cada vez más deudas y está desesperada. Este miércoles estaba previsto el juicio pero por enésima vez ha recibido un varapalo. Se ha vuelto a paralizar hasta finales de septiembre y la sentencia firme de desahucio que tiene el okupa no se va a ejecutar el próximo 23 de junio como estaba previsto.

La propietaria ha decidido encadenarse a un banco de la plaza del ayuntamiento de Sant Sadurní para denunciar su vulnerabilidad. Se ha traído un saco de dormir, comida y agua, ya que asegura que no piensa moverse hasta que alguien le de una solución.

"Me dijeron que el juicio se paralizaba porque el señor se había declarado vulnerable. Había un lanzamiento para el 23 de junio pero nos han dicho que hasta septiembre no podemos volver a entrar en juicio", explica Mar.

El decreto ley de medidas urgentes para situaciones de vulnerabilidad del 22 de diciembre de 2020 fijaba la suspensión de los desahucios hasta el 30 de septiembre del 2022. El 'inquiokupa' de Mar cobra una pensión de 750 euros y el precio del alquiler es de 550. Hasta ahora en la vivienda vivía también su hija y entre los dos superaban los 1.000 euros. "Ahora la hija se ha ido del piso para justificar que es vulnerable y que no puede pagar el alquiler y por eso se ha paralizado el juicio", explica la propietaria.

Con los 550 euros de alquiler Mar pagaba la hipoteca. Ella trabaja en Huesca y allí tiene alquilado otro piso. "Si el no me paga yo no puedo pagar ni la hipoteca ni el alquiler del sitio donde vivo. Lo único que he hecho en mi vida es trabajar para poderme comprar este piso, que iba a ser para mi hija. Ahora, aunque lo recupere, lo perderé porque voy a tener que pagar todas las deudas que por su culpa tengo", añade.

Mar tiene una niña de 10 años a su cargo y es autónoma. Al vivir en Huesca, no puede trasladarse a Sant Sadurní para luchar por su piso porque perdería el derecho a la custodia de su hija. Hace un mes protestó ante el ayuntamiento y asegura que el consistorio le dijo que iban a estudiar su caso.

Los días van pasando y todavía no ha recibido respuesta. "Si ese señor necesita una vivienda que ese la den pero no la mía, que yo no puedo ni mantenerme ni yo. No puedo seguir así. El otro día me cortaron el teléfono y una clienta me tuvo que dejar dinero para que me reactivaran la línea. Mis padres y amigos son los que me pagan el alquiler y las facturas".

El inquilino está a la espera de recibir una vivienda social pero, según Mar, "ha rechazado ya una propuesta porque no le gustaba lo que le ofrecían". En declaraciones a los medios, el hombre se escuda diciendo que no tiene más "remedio que esperar que la administración de Barcelona" le ofrezca una vivienda que pueda pagar.

El 'inquiokupa' asegura que estuvo pagando el alquiler del 2018 al 2020 gracias a una señora que cuidaba pero ahora ya no vive en su casa y con su pensión por discapacidad no puede hacer frente a los gastos del piso.

La cuestión es que mientras las administraciones tratan el caso de Mar ella vive desesperada. Lleva dos años viviendo un infierno y asegura que psicológicamente tanto a ella como a su hija les está afectando mucho. Ahora solo le queda esperar hasta el 30 de septiembre a que venza el real decreto y pueda recuperar finalmente su piso.