El Parlament catalán aprueba la ley antidesahucios como respuesta al veto del Constitucional
La norma obliga a ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial
También define la figura de grandes tenedores y contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos sin justificación
El Tribunal Constitucional suspendió un decreto catalán de 2019 al creer que invadía competencias estatales
El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles 23 de febrero la ley antidesahucios o de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional. Esta plantea medidas como la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial.
La ley impulsada por ERC, Junts, la CUP y los Comuns ha prosperado con sus votos y los del PSC. Vox ha votado en contra y Cs y el PP no han votado, aunque Carlos Carrizosa, el presidente de la formación naranja en Cataluña, se ha abstenido por error. Estos dos grupos pidieron llevar la ley al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) por inconstitucional, algo que la Mesa ha rechazado.
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La norma establece la definición de grandes tenedores de vivienda; lo son aquellos con más de 10 viviendas en caso de una empresa y de 15 en el de una persona física.
También contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada; fomenta el alquiler social, y es "heredera del decreto 17/2019 que fue suspendido parcialmente por el Tribunal Constitucional por una cuestión de forma, y no de contenido", según el relator de la ley, el republicano Pau Morales.
Los argumentos del pleno
La portavoz del grupo promotor de la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética Lucía Delgado ha defendido en rueda de prensa que esta ley recupera herramientas para familias vulnerables anuladas por el TC, y ha pedido promover más medidas para garantizar el acceso a la vivienda.
Tras la aprobación de la ley en el pleno, representantes de las entidades se han fotografiado en la escalera de honor del Parlament junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la de la Cámara, Laura Borràs; la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; la de Derechos Sociales, Violant Cervera, y diputados de los grupos que han apoyado la ley
La socialista Eva Candela ha defendido que el ámbito de la vivienda requiere recursos suficientes y políticas estructurales, y ha pedido medidas ante ocupaciones, tras lo que ha instado a ser rigurosos con la tramitación de normativas sobre esta cuestión: "No nos hagamos trampas al solitario".
Montserrat Vinyets (CUP) ha criticado que "el legislativo llega tarde" y ha agradecido la tarea de entidades, tras lo que ha avisado de que se deben desarrollar nuevas leyes que garanticen el acceso a la vivienda más allá de las situaciones de emergencia.
Desde los Comuns, Susanna Segovia ha destacado el hecho de que la norma prevea la creación de un registro de grandes tenedores y ha advertido de que el Govern tendrá la "responsabilidad" de exigir que cumplan la ley.
Por su parte, la diputada de Junts, Glòria Freixa ha explicado que su grupo había presentado enmiendas para blindar esta ley, y ha llamado a "huir de la política de eslóganes, como pensar que un propietario es siempre un depredador, cuando el propietario es parte de la solución".
La diputada de Vox María Luisa García ha tachado de chapucera la ley porque cree invade competencias del Estado: "Volvemos al punto de partida y auguramos un desplome titánico en cuanto la ley pase el filtro del Tribunal Constitucional".
Los grupos contrarios amenazan con recurrir a los tribunales
Los miembros de la Mesa han rechazado admitir a trámite la petición de Cs y del PP de llevar el proyecto al CGE porque el Reglamento del Parlament recoge que en iniciativas con firma de portavoces de los grupos, la del Grupo Mixto "únicamente se cuenta si está constituido por un mínimo de cinco miembros", algo que no ocurre actualmente, ya que el PP tiene tres diputados.
Nacho Martín Blanco (Cs) ha asegurado que han llevado el asunto al CGE, y ha avisado de que se "reservan la posibilidad de acudir a los tribunales", porque consideran que la Mesa y su presidenta, Laura Borràs, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, en una decisión que ha definido como un ejercicio de tiranía.
Lorena Roldán (PP) ha garantizado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por esta decisión de la Mesa, que cree que ha sentado un "precedente muy peligroso" y que ha vulnerado derechos de los diputados.