La petición de la familia de una menor por tener más clases en castellano sacude la inmersión lingüística en Cataluña


El TSJC ha dictaminado unas 80 órdenes destinadas a aumentar el castellano en la última década
El juez ordena impartir un 25 % de clases en castellano y proteger a la menor y a los padres, amenazados
La Generalitat conocía la petición de la familia desde junio y el debate se ha polarizado en torno al modelo actual
Canet de Mar es una pequeña localidad costera al norte de Barcelona. Sus escasos 14.500 vecinos se han convertido en las últimas semanas en el centro de la presión mediática y de la política identitaria. La escuela Turó de Drac imparte desde este jueves el 25% de sus clases en castellano a un grupo de P5 tras la orden cautelar de un juez por la petición de los padres de una alumna.
La última decisión de los tribunales ha sido la de proteger la seguridad e intimidad de la familia que ha pedido blindar el castellano en este centro, después de que haya recibido amenazas. Pero en la última década, el TSJC ha dictaminado unas 80 órdenes destinadas a aumentar el castellano en las aulas de los colegios catalanes.
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¿Qué ha ocurrido para que este antiguo destino veraniego de la burguesía barcelonesa se convierta en el punto neurálgico de una polémica que ha polarizado posiciones en torno a la inmersión lingüística, de nuevo en el centro del debate?
La Generalitat desestimó la petición de la familia en junio
La conselleria de Educació tiene conocimiento de que una familia de Canet y de origen catalán pidió introducir castellano en la clase de su hija desde junio, acusando una vulneración de derechos por recibir una enseñanza monopolizada por el catalán y con el objetivo de que la menor domine ambas lenguas. El pasado 15 de junio el conseller firmó una resolución que desestimaba la posibilidad de cambiar el régimen lingüístico del centro, según desveló La Vanguardia.
La familia recurrió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y pidieron que el 50% de las clases fueran en castellano y la aplicación de medidas cautelares. La resolución llegó el 14 de octubre. El TSJC informó a la Generalitat, que no presentó recurso de apelación, y a la dirección del centro.
La secretaria general de la consellería de Educación, Patrícia Gomà, afirmó la semana pasada que la sentencia era una más de unas 80 emitidas los últimos años por el TSJC motivadas por la denuncia de una familia o grupo de padres. Sin embargo, según Gomà, en la escuela de Canet había una fuerte oposición de las familias contrarias a la sentencia y les instó a que hicieran "público" su malestar.
El Supremo exige el 25% de las clases en castellano
El anuncio de Gomà coincidía con la decisión del Tribunal Supremo, que dejó claro el pasado mes de noviembre que la Generalitat catalana debe impartir un 25% de las clases en castellano. Como resultado, el centro de Canet imparte las actividades de "racons", plástica y psicomotricidad en castellano.
El debate se trasladó a las redes sociales hasta tal punto de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denunció ante la fiscalía a tuiteros y entidades por amenazas a la familia de la escuela Turó de Can Drac que pidió las clases en castellano.
Posiciones encontradas en pos de "la convivencia"
El conseller de Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), visitó este jueves la escuela Turó del Drac para apoyar a la dirección del centro en la aplicación de las medidas cautelares. Acompañado de la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, acusó a los tribunales de "romper la convivencia" imponiendo el 25% de las clases en castellano. Habló en catalán y se negó a responder a los medios en castellano, algo poco habitual en él.
Gonzàlez-Cambray agradeció a las familias el apoyo al modelo de inmersión lingüística y pidió que se priorice la convivencia entre las familias del centro. “Las escuelas son espacios neutros donde educamos a niños y jóvenes. Condenamos cualquier tipo de amenaza y violencia”, subrayó. Cambray defendió ante los padres el modelo de inmersión lingüística de la educación catalana "como modelo de éxito". El modelo está en vigor desde 2009.
El Gobierno condenó este jueves las amenazas recibidas por la familia de Canet del Mar. Fue el líder del PSC, Salvador Illa, quien defendió la petición del juez, que "no va contra el catalán" y aseguró que la lengua catalana continúa siendo que "el centro de gravedad del sistema educativo en Cataluña".
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, apuntó en unas declaraciones en Bruselas que "toda amenaza" constituye un hecho "grave para la convivencia", por lo que "serán investigadas en su caso".
La dirección debe preservar el anonimato del menor
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha instado al conseller d'Educació y a la directora de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar que “adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor”. La directora y la Generalitat deben velar por el anonimato del niño y evitar señalamientos o represalias.
El auto responde a la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe que pidió medidas cautelares para preservar el anonimato de la familia y el menor. Es ahora el TSJC quien reconoce que la familia está recibiendo acoso y amenazas en las redes sociales y ordena al Josep Gonzàlez-Cambray y a la directora que garanticen “la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”.
Las familias contrarias a la sentencia han creado una cuenta de Twitter para divulgar su posicionamiento y el sindicato Intersindical·Csc ha tachado la decisión del TSJC de "crear un clima de confrontación y malestar allí donde solo había normalidad y pedagogía".
El AMPA del Turó de Can Drac pidió que la manifestación, convocada para este viernes por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, y apoyada por ANC y Òmnium, no se realice delante de la escuela para preservar la convivencia. Finalmente, ha tenido lugar frente a la biblioteca del municipio.