Vivienda social y agua 'nacionalizada', promesas pendientes de Colau para un tercer mandato en Barcelona
Ada Colau anuncia que optará al tercer mandato en Barcelona
La alcaldesa de Barcelona lleva siete años al frente del Gobierno municipal y asegura que ha tenido que "replanificar" proyectos por el 'procés', la covid y la guerra de Ucrania
El tranvía de la Diagonal, la municipalización del agua y la electricidad o la multiconsulta fueron las promesas estrellas de su campaña electoral
Ada Colau ha anunciado este jueves que se presenta a un tercer mandato a la alcaldía de Barcelona. Asegura que todavía tiene trabajo por delante para "consolidar la transformación" de la capital catalana tras siete años "complicados" para la ciudad por "el 1-O, las sentencias del procés, la covid y la guerra de Ucrania". Estas dificultades han obligado a la edil a "replanificar" los proyectos de Gobierno.
La alcaldesa de la capital catalana asegura que, de ser elegida en 2023, ese será su "tercer y último mandato". Ya lleva siete años al frente de la ciudad, donde llegó con célebres promesas como el tranvía de la Diagonal (cuyas obras han comenzado esta primavera), la municipalización de los suministros o la construcción de vivienda social. Algunas de sus promesas siguen pendientes de cumplir.
Dos mandatos al frente del consistorio
La oposición ha reprochado este jueves que Colau se presente a un tercer mandato. El código ético de Barcelona en Comú establece dos mandatos para los cargos públicos salvo excepciones que deberán ser refrendadas por la militancia. Efectivamente, las bases dieron su apoyo a un tercer mandato de Colau el 14 de mayo. Pero hace tres años, la alcaldesa aseguro que no optaría a la reelección.
En 2019 cuando fue nombrada alcaldesa tras alcanzar un pacto con el PSC con el apoyo de la formación de Manuel Valls, afirmó: "Prácticamente seguro este será mi último mandato". En octubre de 2020, en plena pandemia, dejó abierta la posibilidad de optar a la reelección en una entrevista en El País, una decisión que se han confirmado este jueves.
El cierre de los CIEs
Ada Colau prometía cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros en la Zona Franca de Barcelona. De hecho, Jaume Asens proclamó en julio de 2016 que lo cerrarían de inmediato. El anuncio ha quedado en papel mojado y los técnicos municipales ni siquiera pudieron entrar a realizar una inspección.
El consistorio barcelonés emitió una orden de precinto que fue ignorada por el Ministerio del Interior, propietario de los CIEs. El Gobierno municipal llevó el caso a la Audiencia Nacional pero la petición fue desestimada y el CIE de Zona Franca, que depende del Gobierno, sigue abierto.
8.000 viviendas sociales
Ada Colau ha insistido este jueves en el "gran esfuerzo" para construir vivienda pública. Su candidatura prometió en 2015 construir o adquirir hasta 8.000 viviendas sociales. En mayo de 2021 redujo las previsiones y prometió 4.500 viviendas públicas más en 2024 de las que había en 2015 cuando llegó a la alcaldía (entonces eran 7.500).
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que Colau fue la cara visible, reconoce a NIUS el esfuerzo del ayuntamiento y el papel de la SIFO, los mediadores del consistorio, en los desalojos. Sin embargo, critican que Barcelona "es la ciudad con más desalojos de España" y muchas personas vulnerables "se quedan sin alternativas al ser desalojadas", relatan.
La PAH lamenta que las familias deben esperar dos años y medio en Barcelona para acceder a una vivienda social y que en este periodo muchas son realojadas "en pensiones precarias y lugares conflictivos".
Municipalización del agua y la electricidad
El propósito del Ayuntamiento de Colau de municipalizar los suministros no se ha acabado de materializar. El Tribunal Supremo frustró la promesa de municipalizar el agua de Barcelona. El consistorio había anulado la concesión del servicio a Agbar para recuperar el control del agua pero la sentencia revocó esta decisión. El fallo del Supremo permite a Agbar gestionar el ciclo integral del agua del área metropolitana de Barcelona hasta 2047.
Sí que ha podido poner marcha una compañía municipal de energía eléctrica en 2018, no exenta de polémica. Los ecologistas denunciaron que vendía energía contaminante procedente de la incineración de residuos. Además, la electricidad era más cara que en las energéticas privadas, hasta el punto que el Metro de Barcelona volvió a conectarse a la red privada.
Este 2022, en medio de la subida de los precios de la luz, el Ayuntamiento ha presentado una red de pérgolas fotovoltaicas que suministrarán energía solar a familias vulnerables y la venderán a particulares a precio de coste. El proyecto promete reducir un 25% de la factura eléctrica. Es pronto para que los vecinos valoren la iniciativa porque aún no ha echado a andar.
La multiconsulta ciudadana
Una de las novedades estrella del programa electoral de Ada Colau en 2015 era la multiconsulta ciudadana. Los vecinos de Barcelona podrían participar con el voto directo en decisiones de la ciudad. Pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declaró nulo el reglamento de participación ciudadana en 2019 al entender que entraba en contradicción con las leyes de ámbito estatal. Previamente, Colau tampoco había logrado el apoyo de la oposición.
Este 2022, el Ayuntamiento aprobó un nuevo reglamento de participación ciudadana, con el apoyo de Comunes, PSC, ERC y Junts. Este ha tenido que adaptarse a la ley catalana de consultas no refrendarias y se necesitarán 88.709 firmas para poder realizar una pregunta. Además, el nuevo reglamento prevé que las consultas se celebren en primavera, con plazos de 2 a 4 meses antes del voto, así que este 2022 no habrá consulta. Tampoco lo habrá en 2023 porque no puede coincidir con un año de elecciones municipales. La primera consulta de Colau deberá esperar al 2024, como pronto.