El TSJC ordena a la Generalitat la aplicación inmediata del 25% de castellano en todas las escuelas
El tribunal da 15 días al Govern para que aplique la sentencia al estimar la demanda de ejecución forzosa de una asociación
Las escuelas catalanas deben impartir al menos una asignatura troncal en castellano, además de la de lengua
El castellano y el catalán, a examen: cómo ha llegado Cataluña a la sentencia del 25 %
La sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Generalitat ejecutar de forma inmediata la sentencia del 25% de castellano en todas las escuelas de Cataluña. De esta forma, la orden ya no solo afectará a las escuelas sobre las que los jueces se han pronunciado —como la de Canet de Mar, en Barcelona— sino a todas las que dependen de la comunidad.
La resolución da 15 días al conseller Josep Gonzàlez-Cambray para que la haga efectiva y será la Alta Inspección de Educación del Gobierno estatal la encargada de verificar el cumplimiento de una o. Ha requerido al titular de Educación que "dicte las instrucciones y establezca garantías de control" para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban al menos el 25% de horas de clase en castellano.
Esta decisión es consecuencia de la solicitud de la Asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe, que solicitó la ejecución forzosa de la sentencia. El mismo tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido VOX y de algunos diputados del Parlament por falta de legitimidad.
El TSJC declaró firme la sentencia a principios de año y abrió un periodo de dos meses para aplicarla. Pasado este plazo, en marzo, alguna de las partes afectadas podía interponer una demanda para obligar a su cumplimiento, como así ha sucedido. En este sentido, los jueces indican en la resolución que el Govern "no está en su libertad de no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional".
El castellano, en al menos una asignatura troncal
La ejecución forzosa ordenada por el tribunal tiene "la finalidad de que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la educación mediante el uso vehicular normal de dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 % en uno y otro caso".
De esta forma, las escuelas catalanas deben impartir, como mínimo, una asignatura troncal en cada una de las dos lenguas, además de las clases que ya son propiamente de lengua castellana y catalana. De esta forma, Educació cumpliría con la sentencia.
El acuerdo político por modficar la ley no ha sido suficiente
Desde que se conociera la decisión del TSJC de hacer firme la sentencia, el Govern a través del propio president Pere Aragonès y sus consellers, así como diferentes grupos políticos tildaron la situación de "ataque" a la escuela catalana. Más recientemente, ERC, Junts, la CUP, los Comunes y el PSC de Salvador Illa sellaron un acuerdo para modificar el texto de la ley de política lingüística.
La modificación mantiene el catalán como lengua vehicular y plantea que el castellano se emplee según el proyecto lingüístico de cada centro, en función de la realidad sociolingüística del barrio en el que se encuentre. Eso sí, el texto no fija porcentajes mínimos, obviando el mandato de los jueces, que no han dado por cumplida la orden con dicho acuerdo.