La justicia archiva tras cinco años el supuesto mayor golpe contra el tráfico de armas en España
Las 10.622 piezas incautadas habían sido inutilizadas legalmente
Los dueños de la armería 'Cantábrico Militaria' pasaron tres meses en prisión preventiva
Les acusaban de 'resucitar' armas para ser vendidas a terroristas y al crimen organizado
El mayor golpe contra el tráfico de armas se queda en agua de borrajas. Tras cinco años de instrucción y tres meses en la cárcel, la justicia archiva todos los cargos contra los dueños de la armería vizcaína 'Cantábrico Militaria' acusados de abastecer a terroristas y el crimen organizado. Ni una sola arma estaba en situación irregular ni ha podido demostrarse que estaban siendo preparadas para reactivarlas y volver a ser utilizadas.
La ‘operación Portu’ saltó a las portadas en enero de 2017. La Policía Nacional situaba a la armería ‘Cantábrico Militaria’ de Getxo como escenario de tráfico, depósito y tenencia ilegal de armas. El Ministerio del Interior, Moncloa y Europol anunciaba el 12 de enero de 2017 la “desarticulación de una organización criminal a la que se han incautado miles de armas de guerra listas para su venta en el mercado negro internacional a grupos terroristas y delincuencia organizada”.
Sin pruebas
Nada de esto se ha podido probar. Es más, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo dictó el sobreseimiento libre de la causa argumentando que “la colosal operación policial” había sido “desbaratada punto por punto” por los peritos de las defensas.
Los dueños de la armería pasaron tres meses en prisión preventiva mientras los peritos policiales analizaban las 10.622 piezas incautadas. No encontraron una sola arma en situación irregular, todas habían sido inutilizadas de forma legal, catalogadas como piezas antiguas al ser anteriores a 1890 o ser armas con peso histórico que habían sido prestadas para rodajes o exposiciones.
Resulta paradógico que la Policía Nacional nunca quisiera llevar sus investigaciones ante la Audiencia Nacional a pesar de la supuesta envergadura del golpe y de los presuntos vínculos con el terrorismo y el crimen organizado. Dos meses después había ya dudas fundadas de que la ‘operación Portu’ se desinflaba, pero desde fuentes policiales se siguió argumentando que las armas iban a ser reactivadas.
La justicia ordenó en febrero de 2021 que las armas fueran devueltas a sus legítimos dueños. Nadie les quita los meses de cárcel ni el tremendo daño que han sufrido al ser señalados por un delito que los jueces sentencian ahora, nunca cometieron.