Las víctimas de la trama de explotación laboral de Castroverde podrían llegar al centenar


Más de 60 empleadas han denunciando pero se cree el número de víctimas podrían llegar al centenar
Se investiga al cinco personas por presunto delito contra los derechos de los trabajadores
Supuestamente explotaban a mujeres sudamericanas sin papeles que trabajaban hasta 14 horas de lunes a domingo
Más de 60 personas han denunciado tras la investigación abierta en Castroverde (Lugo) de una supuesta red que explotaba a mujeres que cuidaban a personas mayores y a enfermos con alguna discapacidad en la provincia. Y se cree que podría haber más damnificadas, e incluso llegar al centenar.
Así lo afirma uno de los abogados, que representa la defensa de 25 de las víctimas, quien ha comentado que posiblemente haya víctimas no se atrevan a presentar denuncia. Algunas de las damnificadas ya han declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que está a cargo de la investigación.
Casi todas las afectadas son mujeres de origen sudamericano y sin papeles. Supuestamente habrían sido utilizadas por una agencia para dar asistencia a personas mayores y enfermos con alguna discapacidad. Trabajaban de lunes a domingo, entre 12 y 14 horas diarias, cobrando en mano entre 600 y 1.000 euros,
Cinco investigados
Las principales investigadas de la trama son la responsable de la agencia, una mujer de 48 años, y su hija de 27. Ambas, responsables de la empresa sociosanitaria sita en el municipio de Castroverde, aunque ellas residen en el ayuntamiento limítrofe de Baleira.
En total hay cinco personas investigadas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, al emplear a ciudadanos extranjeros o a menores de edad que carezcan de permiso de trabajo. Se han acogido a su derecho a no declarar. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha indicado que "la instrucción del caso sigue abierta, pues quedan algunas diligencias por practicar" y que, por el momento, el número de víctimas está sin concretar.
Según el letrado que representa las víctimas, la empresa ha entrado en proceso de liquidación, lo que supondría un supuesto delito de alzamiento de bienes si se llegara a desmotrar que la sociedad entró en liquidación cuando ya no podía hacerlo legalmente.