El sector gallego censura que Bruselas imponga un veto "al 70 % de la flota" en Gran Sol


Recriminan que la visión "medioambientalista" se fije "muy por encima" de la situación socioeconómica de zonas muy dependientes de la pesca como A Mariña
El veto afecta a la pesca de fondo en 94 zonas, con afectación a una gran mayoría de los 88 pesqueros españoles que faenan
Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo lamentan que la decisión "inoportuna" llegue "de la noche a la mañana"
El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, censura que Bruselas "imponga de la noche a la mañana" un veto a todas las actividades de pesca de fondo, tales como el palangre, en 94 zonas de Francia, España, Portugal e Irlanda.
Señala que "sobre un 70 % de la flota" de 88 pesqueros españoles en Gran Sol puede verse afectada por esta decisión "inoportuna". En declaraciones a Europa Press, ha matizado que la idea es "implementar estas medidas hacia finales de año o principios de 2023".
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"Muchísimo impacto, sobre todo en A Mariña"
La Comisión Europea pretende seguir adelante con la propuesta de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), algo que supone una "muy mala noticia". Por la fuerte repercusión que ello tendrá para los segmentos de pesca que faenan en ese espacio.
Incluso cree que las consecuencias negativas pueden ser "extensibles a la flota de arrastre y litoral". Touza ha indicado que todavía "hay que ver la letra pequeña" y "se ha solicitado opinión al Reino Unido". Sin embargo, lamenta que ""supone un paso adelante en la política medioambientalista" al "coste que sea".

Recrimina que la visión medioambiental se fije "muy por encima" de la situación socioeconómica en zonas altamente dependientes de la pesca como Galicia. "Esta medida va a tener muchísimo impacto especialmente en la flota de A Mariña", avisa.
Piden consenso con el sector pesquero
También se queja de "una falta absoluta de sensibilidad con el sector pesquero", a pesar de ser reconocido como básico durante la pandemia. En un momento de "profunda crisis" por la inflación, con especial incidencia en combustibles, se realiza "una medida por trámite de urgencia que la Comisión ha decidido poner en marcha".
"Solo solicitamos que las medidas que se adopten a nivel político sean previamente consensuadas con el sector", razona. Y es que si en determinadas áreas hay que establecer zonas de protección, llama a "estudiarlo" y que haya "informes científicos que lo avalen".
"Lo que no puede ser, una vez más, es que se nos imponga de un día para otro sin haber tenido previo conocimiento de una medida de este calibre", critica el presidente de ARVI.