Unións Agrarias denuncia "una campaña orquestada" por las industrias lácteas para bajar los precios a los ganaderos

Vuelven las tensiones al sector lácteo por el precio que la industria paga a los productores de leche. El sindicato Unións Agrarias ha denunciado este miércoles "una campaña orquestada" por las industrias lácteas para bajar los precios a los ganaderos ante la renovación de contratos del próximo uno de abril.

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha explicado en un rueda de prensa que desde 2019 una normativa obliga a que la industria presente con dos meses de antelación a la finalización del contrato una propuesta por escrito de lo que se va a pagar en el siguiente. García ha subrayado que "a diez días de que finalice el contrato, no se tiene esa oferta".

Desde Unións Agrarias han avanzado que pedirán a Competencia que investigue “la posible conformación de un nuevo cártel de la leche”, ya que todas las ofertas que están llegando a las explotaciones “se mueven en el mismo rango de precios, un 10% por debajo de las tarifas ahora en vigor”. 

Consideran que no hay ningún motivo que justifique esa bajada de precio que las industrias pretenden imponer. “No hay razón ni de mercado, en un país deficitario en lo que a producción de leche se refiere, ni mucho menos económico, con los costes de producción disparados y la rentabilidad de las granjas contra las cuerdas”, afirmó García. A su juicio no hay justificación para una rebaja del precio de la leche en origen, pues el importe que paga el consumidor sigue siendo el mismo que en meses pasados, “es decir, 30 céntimos más que antes de que empezara la crisis”. 

Al no tener los ganaderos todavía una propuesta por escrito de la oferta de las lácteas, desde Unións Agrarias exigen que los acuerdos actuales, en vigor hasta el 1 de abril, "se prorroguen lo que sea necesario para cumplir la ley, hasta que la industria presente la oferta". Han explicado que si esto no ocurre se deberá actuar en consecuencia con las industria correspondientes "que pueden tener sanciones de hasta 100.000 euros".

Además, ha adelantado que presentarán ante la Agencia de Información y Control Alimentarios gallega y nacional una denuncia porque "los contratos de ganaderos de menos de 200.000 kilogramos, están cobrando hasta 11 céntimos menos por ser una explotación pequeña". Si esa diferencia supone que el precio esté por debajo de los costes de producción sería ilegal, al incumplir la ley de la cadena alimentaria.