El PSOE lleva al juzgado el "continuado uso ilegal" de vehículos de la Diputación de Ourense con Baltar

Las multas de velocidad en vehículos oficiales de la Diputación de Ourense y la polémica en la que se ha visto envuelto el presidente Manuel Baltar ha llegado a la justicia. El Partido Socialista de Ourense ha presentado una denuncia por lo que consideran "continuado uso ilegal e irregular" de los coches oficiales de la Diputación

Rafael Villarino, secretario provincial en Ourense explicaba la decisión ante "el carrusel de irregularidades" conocidas durante las últimas semanas a las que, según señalan, Baltar contestó "únicamente con más mentiras y más falsedades. Estamos ante una trama continuada de un mentiroso compulsivo", ha criticado el también portavoz socialista en la diputación.

"La Fiscalía tiene que indagar de inmediato lo que parece una trama para ocultar la identidad real de la persona que estaba al volante: Baltar", ha aseverado Villarino en declaraciones a los medios ante los juzgados de Ourense.

Allí, ha lamentado el "cúmulo de sucesos esperpénticos y escandalosos" que afectan a la Diputación de Ourense, en los que "se observan presuntos delitos de usurpación y falsedad documental", ya que sostiene que dos personas ajenas a la institución no pueden hacer uso del patrimonio de la misma. Asimismo ha trasladado que en el caso de que estas dos personas no fuesen las que realmente conducían el vehículo, la "identificación ficticia practicada" también sería delictiva.

Por todo ello, los socialistas reclaman pruebas como las testificales del presidente ourensano y de las dos mujeres implicadas en los hechos difundidos este viernes, así como la triangulación de sus teléfonos móviles "y el resto de pesquisas que se consideren oportunas".

Por el Bloque Nacionalista Galego, su portavoz en la Diputación Provincial, Bernardo Varela, también se ha pronunciado al respecto de esta situación trasladando que se trata de "otro capítulo de los escándalos" en el gobierno provincial.

Varela considera que o bien se trata de "un caso clarísimo" de uso indebido por parte de particulares de vehículos públicos, o bien, "lo que parece más probable", es que "el señor presidente se escudó en familiares de trabajadores públicos para librar los puntos y el pago de las sanciones". En estos términos, ha manifestado no saber cuál de las opciones "sería la más grave", pero ha valorado que, en cualquier caso, "es un reflejo del caciquismo que sufre la institución".