El caso 'Cóndor' seguirá por indicios de delito contra el dueño de la gallega Monbus
La instrucción de la 'Operación Cóndor' finaliza con ocho investigados y dos empresas contra las que seguirá la causa
El juez descarta indicios de delito en el vehículo que se puso a disposición del expresidente del Congreso José Bono
Los imputados serán juzgados por delitos de falsedad contable, blanqueo de capitales y contra Hacienda
Ya ha concluido la investigación de la denominada 'Operación Cóndor' en un juzgado de Lugo y la causa seguirá contra ocho personas, entre ellas el dueño de Monbus, y dos empresas: Transportes la Unión y Viajes Fisterra (Interrías).
Seguirán así como investigados por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. En el auto, recogido por Europa Press, el magistrado explica cómo se sucedieron las actuaciones entre dichas compañías.
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Descarta otros hechos vinculados con José Bono
El juez, por otro lado, descarta indicio de delito en otros hechos vinculados con el vehículo de lujo de 11 plazas de Monbus, puesto a disposición del expresidente del Congreso José Bono y diversos acompañantes, sin coste alguno para ellos.
Fue por "iniciativa" de Interrías, para un desplazamiento desde Salobre (Toledo) a Sanxenxo (Pontevedra) y luego para rutas turísticas en Galicia, con chófer y guía turístico, y regreso a Castilla-La Mancha. Estos viajes se produjeron entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2014.
Lo mismo ocurre en los servicios utilizados en el Hotel Talaso de Sanxenxo por parte de Bono durante su estancia u "obsequios puntuales". El magistrado señala que "no se pone en relación con el ejercicio, directo o indirecto, pasado o futuro, de funciones públicas del beneficiario ni con resoluciones administrativas dictadas ni con la influencia en su dictado".
"Una caja en B" para no declarar a Hacienda
En cuanto a las operaciones por las que se seguirá la causa judicial, el auto sí recoge que el dueño de Monbus, Raúl López, alcanzó un acuerdo en 2009 con los que eran administradores de Viajes Fisterra (Interrías), según el cual esa sociedad, contrataría a una empresa vinculada al grupo Monbus, Transportes la Unión, como proveedora principal de unas excursiones opcionales.
El pacto consistía en que proporcionaría los autobuses y conductores. Los viajeros abonarían los pagos a los guías turísticos que los acompañaban en efectivo, sin recibir tiques o facturas. La resolución continúa con que Interrías creó "una caja en B, absteniéndose de declarar parte sustancial de tales ingresos ante la Agencia Tributaria, de forma consciente y deliberada, así como de incluirlos en su contabilidad".
Hay indicios de que elaboraron así "facturas no acordes con la realidad de los servicios prestados", ya que acordaron previamente los que sí habían de ser facturados y cuáles no, además de sus cuantías. Algunos empleados intervinieron "en la gestión operativa, el registro contable y correspondiente abono irregular".
Por tanto, ambas empresas "omitieron o simularon otros servicios y sus ingresos, los cuales Interrías abonó a Transportes la Unión en efectivo, pero cuya contabilización formal no se registraba". Las cantidades presuntamente defraudadas por esta segunda compañía con respecto al I.V.A., de entre los años 2008 y 2014, no superan el umbral delictivo de los 120.000 euros, por lo que no llega a delito fiscal.
Sin embargo, con respecto al Impuesto de Sociedades, la cuota ascendería 1.177.787 euros, si bien en el caso del año 2014 fue de 65.631 euros, por lo tanto, tampoco supera el umbral delictivo. Respecto a Interrías, las cuotas defraudadas por este impuesto por los años 2012 y 2013, que son las únicas que superan los 120.000 euros, sería de 328.484 euros.
Más de un millón de euros intervenidos
"Disfrutaban así de grandes cantidades de dinero en efectivo, de las que disponían para pago en metálico a distintos proveedores, operaciones inmobiliarias, gestión de gastos de las empresas ligadas a la familia, sus propios gastos y ahorro", señala el instructor, quien especifica que fueron intervenidos en los registros realizados un total de 1.381.636 euros.
En ejecución del plan actuó el yerno del administrador de Monbus, quien presuntamente gestionaba el dinero cobrado en efectivo y las entregas a Transportes la Unión. Además, asegura que el administrador del grupo operó con el conocimiento y auxilio de empleados investigados en la causa.
Son el entonces director financiero de Monbus y una trabajadora que se encargaba del control de la facturación. Por otra parte, están dos administradores de Interrías junto a otras dos personas que trabajaban en la empresa.
El juez ha ordenado dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.