Huelga en las residencias privadas de Galicia donde los sindicatos denuncian un "genocidio laboral"

Los trabajadores de las residencias privadas de mayores de Galicia han iniciado este miércoles una huelga indefinida con la que reclaman un nuevo convenio colectivo que mejore sus condiciones, mientras los sindicatos anuncian que recurrirán ante los tribunales los servicios mínimos dictados por la Xunta para esta huelga.

Desde CIG, CC.OO. y UGT consideran que estos servicios mínimos son "absolutamente abusivos" y que en la práctica son "del 100 por cien de los trabajadores", lo que "vulneran el derecho a huelga" de este colectivo, explican.

Las protestas continuarán por las ciudades gallegas con concentraciones ante los centros y con actos como el que celebraron anoche en Culleredo, portando velas. También están visitando las 265 residencias privadas que hay en Galicia para informar a los trabajadores y recoger firmas, 5.000 hasta el momento.

“No solo hay un Putin en Rusia, aquí también hay un Putin que nos impide ejercer nuestro derecho a la huelga", ha dicho Transi Fernández, de CIG, mientras que Iria Estévez, de CC.OO., ha asegurado que estos servicios mínimos no les van a "tapar la boca" y que seguirán saliendo a la calle "para que la parte empresarial ponga los pies en la tierra y mire para el sector".

El representante de UGT, Eliseo Rivas, censura que al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "se le llena la boca hablando de los trabajadores sociales y de su sacrificio durante la pandemia" mientras permite que las empresas privadas estén llevando a cabo un "genocidio laboral".

Rivas afirma que se está "machacando a los trabajadores con sueldos miserables" y ha pedido a la Xunta que intervenga, como responsable última del servicio, para que "ponga firme a la patronal y que aborde un proceso de negociación".

Entre las reclamaciones de los trabajadores está la negociación de un nuevo convenio colectivo, que reclaman desde hace más de dos años, así como la actualización de los salarios al 6,5% del IPC .

Desde los sindicatos denuncian que las empresas gestoras han aplicado a los usuarios "subidas de hasta 80 euros mensuales" por el IPC, que también se ha repercutido en las aportaciones por parte de la Xunta, pero no se refleja en el salario de los empleados. Lo que desde la CIG tachan de “repugnante” y consideran a la Xunta "cómplice" de estas "empresas mafiosas".

Esta circunstancia se agrava, ha apuntado, además, porque se trata de un sector representado al 90% por "mujeres precarizadas" y en el que consideran que, si hubiese una mayoría masculina, no se estarían produciendo estas situaciones.

Los sindicalistas reclaman además que se actualicen e incrementen las plantillas de personal, que mantienen una diferencia importante con respecto a las residencias públicas, que tienen unas 15 personas más en plantilla, lo que repercute en la calidad asistencial, según apuntan.

Destacan que la situación laboral en las residencias privadas se evidencia en cuestiones como la mortalidad "excesiva" registrada en las mismas durante la pandemia, muy elevada en comparación con las públicas, donde "apenas hubo".