La sanidad gallega, condenada a pagar a Sara su operación de reasignación de sexo: “Era una urgencia vital”


En 2016, ante el silencio del Sergas y tras ser derivada por su endocrina, acudió a una clínica privada de Barcelona
Allí se sometió a una vaginoplastia y a una mamoplastia que pagó de su bolsillo, unos 22.500 euros
Una sentencia del TSXG obliga a la sanidad pública gallega a pagarle el importe de aquella intervención
En el 2016, con 30 años, Sara decidió someterse a una operación de reasignación de sexo. Había pasado por el proceso largo y difícil al que se someten todos los que no se identifican con el género asignado al nacer: evaluación psicológica, tratamiento de hormonación, cambio de nombre y de sexo en el DNI… Pero le quedaba el último paso, conseguir el aspecto físico con el que se sentía identificada. Para ella, la cirugía era una necesidad. “Era una urgencia vital”, recalca Sara Romero a NIUS.
Esta chica transexual contaba con el visto bueno de la endocrina que la trataba en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Las dos estaban de acuerdo en que esa intervención de reasignación de sexo era indispensable para su bienestar. “Operarme era una cuestión de vida o muerte. No poder hacerlo afectaba a mi salud mental. La necesitaba para seguir viviendo y poder ser feliz”, explica Sara.
Pero entonces, cuenta, se encontró de frente con varios problemas: el silencio del Servizo Galego de Saúde (Sergas), unas listas de espera interminables, y la inexistencia de un centro de referencia que pudiese operarla.
Un préstamo para pagar la operación
Desde el 2014, la ley gallega de no discriminación establece que la operación de reasignación de sexo es un derecho que debe ser sufragado por la sanidad pública. Sin embargo, cuando Sara y su endocrina decidieron que había llegado el momento de operarse, no había un centro de referencia para realizar la vaginoplastia.
Eso significaba que no existía un lugar concreto al que derivarla. Con anterioridad, un centro hospitalario de Málaga se encargaba de realizar este tipo de operaciones. Pero hacía tiempo que el Sergas había decidido suspenderlas. “Eso dejaba en el limbo a las mujeres que esperaban para operarse. No sabías cuándo te iban a llamar porque nadie te daba plazos. Algunas llevaban diez años esperando por la operación”, asegura.
Ante ese vacío, su endocrina decidió entonces derivarla al lugar que ofrecía más garantías en España, una clínica privada de Barcelona. Envió una solicitud de asistencia sanitaria y un escrito a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Sergas, junto con el presupuesto del centro privado, para su eventual autorización.
Tres meses después, sin que el Sergas aprobase la intervención pero contando con el aval de su doctora, Sara decidió acudir a la cita que tenía programada en esa clínica catalana. “Tuve que pedir un préstamo”, cuenta. Ella fue quien pagó los 22.540,50 euros que costaron la vaginoplastia y la mamoplastia de aumento.
Una vida nueva y una batalla judicial
Esa operación supuso un antes y un después en la vida de esta joven coruñesa de 36 años y madre de una niña. “Para mí fue como volver a nacer. Cuando salí de esa operación sentí, por primera vez en mi vida, una paz conmigo misma y con el mundo tan grande… Ya era yo, por primera vez en mi vida sentía que era yo”, asegura Sara.
Pero junto a esa felicidad comenzó una batalla para conseguir que el Sergas le devolviese el dinero de la operación. “Tengo claro que mi caso se quedó metido en un cajón porque no supimos nada más hasta un año y medio después”, cuenta. Hasta que en agosto de 2018, cansada de esperar, Sara presentó una solicitud de reintegro de gastos. “Ahí me dijeron que no me iban a pagar la operación”, relata.
Por eso, una vez agotada la vía administrativa, Sara comenzó una lucha en los juzgados. Perdió en primera instancia. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSXG) le ha dado ahora la razón. En una sentencia de julio de este año, el alto tribunal gallego condena a la sanidad pública gallega a reintegrar a Sara los 22.540,50 euros que costó la intervención.
Los jueces entienden que el Sergas no ofreció una solución a Sara y recuerdan que el silencio nunca puede ser una respuesta ante este tipo de solicitudes. “Lo que dicen es que se tiene que dar un plazo relativo, no puede ser un plazo al limbo”, recalca Sara.
La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Pero de hacerse firme, no sería la primera vez que esta activista por los derechos del colectivo transexual vence en los juzgados. En 2019, una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña reconoció el derecho de los transexuales a que las sentencias emitidas se adapten a su identidad, una vez que se produce el cambio de nombre y de género en el Registro Civil. Fue gracias a una denuncia de Sara y el fallo sentó jurisprudencia.
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