El Supremo admite a trámite el primer recurso de Ence para mantenerse en la Ría de Pontevedra
Tres sentencias de la Audiencia Nacional habían anulado la concesión
Esta decisión prolonga la supervivencia de la pastera en Lourizán
“Es una buena noticia para la compañía”, dicen desde la empresa
La lucha en los juzgados de Ence para mantenerse en la Ría de Pontevedra continúa abierta. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite uno de los recursos de casación presentados por la compañía contra tres sentencias dictadas el pasado verano por la Audiencia Nacional, en las que se declaraba ilegal la prórroga de la concesión de su fábrica de Lourizán.
Esta decisión alarga la supervivencia de la fábrica de celulosa ubicada en la costa de Pontevedra. “A la espera de que el Alto Tribunal dicte su sentencia y a la espera también de que se pronuncie sobre si admite a trámite los otros dos recursos, esta admisión a trámite es una buena noticia para la compañía”, ha resaltado Ence en un comunicado difundido a los medios.
Ence ya ha comunicado que agotará todas las vías judiciales en defensa de la legalidad de la prórroga extraordinaria de la concesión de su fábrica de Lourizán, en Pontevedra. La celulosa tenía que irse de la Ría en 2018, pero el Gobierno de Mariano Rajoy le otorgó una prórroga en 2016 por un período de 60 años.
Entonces, tanto la asociación ecologista Greenpeace como el Concello de Pontevedra y la Asociación pola defensa da ría (APDR)Greenpeace recurrieron de forma individual a esa prórroga que permitía a Ence continuar en terrenos de dominio público marino-terrestre.
En julio de 2021 tres sentencias de la Audiencia Nacional les dieron la razón. Con la admisión a trámite de este recurso de casación en el Supremo, Ence gana tiempo.
Fundamentos del Alto Tribunal
En el auto remitido por el Supremo se alude a una reciente sentencia de este mismo Tribunal sobre una concesión situada en dominio público marítimo-terrestre en Murcia. En ella, según explican desde Ence, se considera lícita la prórroga concedida a dicha compañía.
Ahora queda esperar a la sentencia definitiva del Supremo y, también, al pronunciamiento sobre los otros dos recursos presentados por la compañía.
Según ha indicado la compañía, cerca de 5.100 puestos de trabajo en toda Galicia dependen de la actividad de la fábrica pontevedresa. La empresa defiende que la instalación no solo cumple “holgadamente” con toda la normativa medioambiental, sino que ha sido reconocida por su sostenibilidad a través de diversas certificaciones.