San Chin Choon asegura por correo al juez que la operación de las mascarillas de Madrid "fue correcta"

El juez que investiga el caso mascarillas ha recibido un escrito de una persona que se identifica como San Chin Choon, el empresario que consiguió el material sanitario que Alberto Luceño y Luis Medina, investigados por presunta estafa, vendieron al Ayuntamiento de Madrid.

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Efe este martes, el juzgado remite a las partes un correo electrónico recibido el día 22 de julio. Adjunta respuestas que ya dio a las preguntas de la Fiscalía española acerca del asunto. Según le informó Luceño, no fueron remitidas a España.

Por eso, acompaña ahora la declaración que hizo el 18 de abril ante un comisario de juramentos, "certificando que la operación fue correcta y los documentos utilizados en la misma". Luceño ya declaró que era el vendedor malasio quien "marcaba" los precios y las comisiones.

Recientemente, el magistrado del caso rechazó enviar una nueva comisión rogatoria a Malasia para interrogar a Choon, como solicitó Luceño tras saber que este había asegurado a la Agencia EFE que sí había contestado a las 19 preguntas de la Fiscalía española ante el "Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Malasia".

El juez Adolfo Carretero argumentó, para rechazar esta petición, que ya la enviaron y que el Gobierno del país asiático exigió "reciprocidad" a España, "incluyendo el respeto a la pena de flagelación para que pueda ser aplicada a los extraditados de España a Malasia por el mismo delito que investigamos y que está penado".

Unos días después ha llegado al juzgado el e-mail en el que asegura que los empresarios investigados son agentes exclusivos de su empresa, Leno, y que hizo el negocio a través de ellos porque conocía a Luceño desde hacía años por su actividad comercial.

"El precio de los productos habría sido el mismo. No vendes a un precio más alto porque haya agentes. Sin ellos no habría habido operación", añade Choon al ser preguntado por las comisiones de los empresarios españoles. Tras el primer pago del 50 % es cuando le dijo a Luceño "la comisión que le quedaba".

Defiende que Luceño cobrase más porque hizo la mayor parte del trabajo, mientras que Medina solo efectuó llamadas. También detalla que él transmitió los precios para que se los hiciera llegar al comprador, ya que iban subiendo cada día. "Una vez que aceptó, firmamos el contrato", apunta.

Sobre la supuesta mala calidad del los materiales vendidos, el empresario afirma que "en todos los contratos firmados por el comprador se indicaba qué empresa era la fabricante, se enviaban dosieres de la empresa, sus certificados de calidad, autorizaciones y en algunos casos fotos".

Al ser preguntado sobre Medina, el empresario explica que le nombró su agente a petición de Luceño y reconoce que fue en una fecha diferente a la que figura porque el documento se hizo sobre un borrador sobre el que olvidó actualizar la fecha.

Explica asimismo que en su empresa se usan varias firmas, y que todas las que hay en los contratos de los investigados son válidas.