Los cuatro informes que han costado la imputación a Oltra y salvaron a su marido: “No existen pruebas de abusos sexuales”

Para la Generalitat Valenciana, y sobre todo para la consejería de Asuntos Sociales controlada por la vicepresidenta Mónica Oltra, Carla [nombre ficticio] era una chica problemática, que solía mentir para salirse con la suya, que trataba a sus compañeros y profesores con cierta violencia y que se había inventado unos abusos sexuales para salirse con la suya y vivir con su novio en lugar de seguir tutelada. En realidad y según los autos judiciales, la chica era víctima de abusos sexuales desde que tenía 14 años, vivía con miedo de volver al centro de acogida donde sufría tocamientos, sus cuidadores le dieron la espalda y la investigación que debía protegerla terminó señalándola por mentirosa. Ahora, la Justicia investiga si detrás de esa injusticia, estaba la voluntad de muchos dentro de la consejería de que el caso no saltara a la luz, manchando la carrera política de su jefa. 

El pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirmó la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat en un caso por el que se investiga ya a 13 funcionarios, bajo la tesis de que manipularon informes para que los abusos sexuales protagonizados por Luis Ramírez Icardi, pareja sentimental de Oltra y condenado a cinco años de prisión, no vieran la luz. Además, el juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ha pedido que la vicepresidenta valenciana sea también investigada por encargar con dinero público una investigación paralela para conocer datos sobre las denuncias presentadas por la víctima y deslegitimarlas. 

Sobre la mesa y según ha podido confirmar NIUS, los jueces investigan ya cuatro informes distintos. Cuatro documentos elaborados tanto por el centro de menores donde residía la víctima como por la Dirección Territorial de Asuntos Sociales de Valencia. En todos ellos, se defiende la tesis de que el testimonio de la menor sobre los abusos carecía de solidez alguna, hasta el punto de que el marido de Oltra quedó fuera de toda sospecha y recuperó su puesto de trabajo. Ahora, el TSJ de Valencia investigará tanto a Oltra como a sus subalternos ante la sospecha de que los informes fueron manipulados y contenían afirmaciones falsas para acallar el caso. 

Fue el 13 de febrero de 2017 cuando Carla alertó al personal de un centro de día que visitaba lo que estaba sucediendo: algunas noches, dormía apartada del resto de sus compañeros al estar castigada. Y en ocasiones, un tutor del centro le hacía tocamientos y se masturbaba. Antes de contar estos sucesos a la monitora, la joven había confesado sus miedos a una amiga, a su novio y a los padres de su pareja. El auto que pide la imputación de Oltra explica que esa misma versión había sido trasladada a seis personas antes de que se pusiera en conocimiento de la dirección del centro de menores donde residía. Seis personas que le dieron total credibilidad. 

Sin embargo, cuando la noticia llegó al centro tutelado por vía telefónica, la dirección realizó un primer informe. Ese documento explica que la trabajadora social del centro de día no dio credibilidad a la versión de la joven, cosa que según el juez y la propia declaración de la funcionaria en la investigación del caso, no es cierta. De hecho, su versión es diametralmente opuesta: que sí creyó sin reparos a la menor y por eso lo puso en conocimiento del centro. 

A partir de ahí, el marido de Mónica Oltra quedó fuera del trabajo y sobre el papel, el centro aplicó el protocolo sobre abusos sexuales. Sin embargo, el juez encargado del caso considera que en realidad, esa predisposición era falsa. Como ejemplo, el magistrado destaca que en la entrevista que se le realizó a la joven, ni siquiera se le preguntó nunca por abusos sexuales, sino que versó sobre el motivo por el que quería residir en casa de los padres de su novio. Tampoco se le derivó a un psicólogo especializado en este tipo de abusos, tal y como marca el protocolo.  “He hablado con Paco, en total discreción, hemos valorado que mejor que vea a la niña la psicóloga de la sección y depende derivaríamos a Espill o ya vemos”, decía una de las funcionarias investigadas en un correo cruzado en esas fechas.  “A luz de lo después ocurrido puedan extraerse indicios de que en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido” de Mónica Oltra, explica el juez encargado del caso. 

La salida del marido de Oltra de su puesto en el centro de menores fue el 20 de febrero de 2017, y menos de un mes después, había ya tres “informes de incidencias” que le exoneraban de cualquier responsabilidad, que atacaban la versión de la menor y que concluían por ejemplo lo siguiente: “No ha aparecido ningún indicio, palabra o frase a partir de la cual pudieramos investigar la posibilidad de la existencia de una experiencia en la que ella se sintió abusada sexualmente”.

Según los escritos judiciales, no apareció indicio alguno simplemente porque nadie preguntó a la víctima en todo el proceso por los abusos. Ni uno solo de los trabajadores sociales, psicólogos y demás especialistas, mientras se ocultaba de forma deliberada el nombre del monitor señalado, ahora exmarido de la líder de Compromís. Con esto sobre la mesa, el marido de Oltra volvió a su trabajo el 12 de marzo, menos de un mes después de que se abriera la investigación por abusos, que quedó cerrada. 

“Con este nulo bagaje, a efectos de investigación, se dio por cerrado el tema y se repuso al señor Ramírez a su puesto de trabajo y solo después de cerrada “la investigación” se pide al señor Ramírez su versión de los hechos. Así pues, al nivel propio de los indicios, no existió en sede de Consellería ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos”, explica el magistrado Vicente Ríos en su exposición razonada, base para la imputación de la primera cabeza de lista de Compromís. 

El caso quedó cerrado para la Administración valenciana, que daba a Carla la presunción de mentira y al procedimiento un secreto absoluto mientras la expareja de Oltra recuperaba su puesto. Sin embargo, el 22 de junio de ese año, dos agentes de la Policía Nacional acuden al centro de menores para llevarse a una chica. Otra residente con la que Carla tenía una relación de amistad. Mientras ella charlaba con los policías, su novio le animó a contar lo que pasaba. Allí relató los abusos, las noches de miedo y la falta de acciones de quienes la cuidaban. Los agentes pusieron el caso en conocimiento de sus superiores, que presentaron una denuncia formal y la menor comenzó a pasar peritajes encargados por el juzgado, fuera del paraguas de la consellería de Oltra. Entonces, el signo de esos informes cambiaron y los peritos consideraron que la versión aportada por la chica era sólida. 

“Tampoco nos pasa desapercibido el que solo las personas ajenas al ámbito de la Consellería dotan de credibilidad al relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Consellería que trataron a Maite se la niegan, apreciándose también aquí un claro sesgo de confirmación en la actuación de dicha Consellería”, llega a explicar la sentencia emitida contra el marido de Oltra. 

Tras la denuncia judicial, que se puso en conocimiento del investigado el 4 de agosto de ese año, Asuntos Sociales arrancó una nueva investigación “reservada”. Pero esas pesquisas no se centraron en analizar los protocolos y analizar los posibles errores en las actuaciones del centro de menores, tal y como aseguró Oltra a la prensa el pasado 7 de marzo, si no en volver a investigar el testimonio de la joven. Por cuarta vez, tal y como refleja la documentación que acompaña a este reportaje, la “instructora” de Asuntos Sociales considera que “no existen pruebas que evidencien la comisión de abusos sexuales”. 

Ante los medios, Oltra se reconoció como la impulsora de esta investigación paralela: Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la Directora General y la Directora General dijo: “oiga averígüese aquí qué ha pasado…”. Pero ahora se ha desdicho de esto en el juzgado, donde el magistrado encargado del caso cree que estas pesquisas pudieron ser constitutivas de un presunto delito de malversación, al considerarla innecesaria y pagada con dinero público. 

La tesis del juez Ríos es que Oltra encargó las pesquisas para conocer de primera mano la denuncia presentada contra su marido y mediatizar la investigación judicial con informes paralelos. Tras afirmar públicamente en las Cortes Valencianas que la iniciativa partió de su mano, ante el juez la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana se ha desdicho de estos extremos.