Ximo Puig: “Lo que queremos es tener garantizada el agua para siempre, no alboroto electoralista”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha manifestado este martes en relación a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que supone un recorte del trasvase Tajo-Segura, cuestión sobre la que considera que hay que “mantener una mirada objetiva y buscar soluciones”.

Así lo ha manifestado tras la reunión que ha mantenido con los máximos directivos del grupo turístico Tui, en Hannover (Alemania), donde se encuentra de viaje institucional. Puig considera que “cada uno tiene derecho a expresar su opinión y por supuesto hay que reivindicar, dialogar y solucionar”.

“Tener garantizada el agua para siempre, es lo que queremos, no alboroto electoralista. Lo que queremos son soluciones reales”, ha aseverado el presidente de la Generalitat.

También se ha expresado a este respecto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha asegurado que comprende el papel desempeñado por los presidentes andaluz y murciano, Juanma Moreno y Fernando López Miras, durante la gestión política en torno al plan de cuenca del Tajo aprobado este martes; al tiempo que ha reconocido que su homólogo en la Comunitat Valenciana y compañero de partido, Ximo Puig, ha buscado "fórmulas más allá del ruido" durante todo el proceso.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa institucional, ha abundado en que Puig "es quien más puede exhibir" haber conseguido la progresividad que se plantea en los caudales ecológicos del río.

"Creo que, evidentemente, los esfuerzos han ido a acometer desde la cabeza y el sentido común un problema heredado por los presidentes (autonómicos)", ha dicho García-Page, quien asegura que entiende los recursos judiciales que las comunidades autónomas vecinas puedan plantear ante la reciente decisión ministerial.

Ha sido en este punto donde ha admitido la unidad política en el Levante en torno a "que el Tajo siguiera secándose", una unidad política que según ha dicho se ha echado de menos en Castilla-La Mancha. "Hacen bien en defender su tierra. Es una discrepancia lógica y prevista constitucionalmente", ha rematado García-Page.

Precisamente, el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha avanzado que los servicios jurídicos de la comunidad presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para revertir la decisión "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura.

En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, López Miras se ha referido a la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo como "el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas".

"El 24 de enero de 2023 quedará marcado por desgracia en la historia de la Región de Murcia y de España", ha dicho el máximo dirigente autonómico, para señalar que "políticos que no han pisado esta tierra, ni sus campos, ni sus huertas, ni nuestras calles y casas, han sentenciado de muerte al trasvase Tajo-Segura".

Para López Miras, la aprobación del Plan del Tajo es "una tropelía sin base ni fundamento que golpea nuestro desarrollo social, económico y medioambiental" porque, ha insistido, "si hoy somos lo que somos es gracias al trasvase, a cómo hemos aprovechado cada gota de agua", ha añadido.

Al hilo, ha apelado al principio de solidaridad y, especialmente, al de "justicia", un valor que, ha manifestado, "ha imperado en estos casi 40 años y nos ha permitido convertirnos en la huerta de Europa gracias a la calidad de nuestros productos y al trabajo incansable de nuestros agricultores".

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha calificado el recorte del trasvase de "capricho ideológico" y ha añadido que con él el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Ximo Puig, "destrozan el presente y el futuro de miles de familias".

El líder de los 'populares' valencianos ha subrayado en un comunicado que la aprobación del Consejo de Ministros del Real Decreto se trata de "una barbaridad, es la peor política, de la peor calaña, sin ningún rigor, sin ninguna justificación".

"En definitiva, se trata de un capricho que pone en peligro el empleo de miles de familias y pone en jaque un sector económico fundamental para el desarrollo de la Comunitat Valenciana", ha aseverado.