La Comunitat Valenciana multará a puteros y burdeles camuflados

La Generalitat ha puesto en marcha una estrategia para la abolir la prostitución que contempla sanciones para los puteros en locales y carreteras, así como clausurar los locales camuflados en los que se ejerce la prostitución. También se pretende reconocer a las mujeres prostituidas como víctimas de violencia machista.

El objetivo de la Comunitat Valenciana es ser la primera autonomía en abrir un proceso abolicionista. Tras un año de trabajo, este órgano ha presentado diez acciones basadas en los aportes de 30 expertos del ámbito jurídico, social, universitario y administrativo. La primera medida es instar al Gobierno a aprobar una ley integral para la abolición de la prostitución como la "respuesta más contundente".

En este sentido, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, pide al Gobierno iniciar “de una vez” los trámites para una ley integral abolicionista como en Suecia o Francia: “No podemos esperar un minuto más", ha enfatizado.

El objetivo que se busca con esta ley es erradicar la prostitución, explotación y trata desde tres frentes. Por un lado, la persecución del proxenetismo en todas sus formas, con cambios en el Código Penal para sancionar el alquiler de viviendas destinadas a la práctica o la inducción por parte de una pareja sentimental. Por otro, la sanción penal de la demanda y compra de sexo y, por último, la protección de todas las víctimas.

También propone modificar la Ley de Extranjería para regularizar la situación de mujeres prostituidas, acabando con la posibilidad de expulsar de España las que estén en situación irregular. Esto pasa por eliminar el requisito de colaboración de la víctima en la investigación y por una regulación extraordinaria facilitando la obtención de permisos de residencia y la inserción sociolaboral.

En la misma línea, la estrategia exige eliminar la sanción administrativa a las víctimas mediante un cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', ya que esto las deja en una situación de mayor vulnerabilidad y estigma. "No podemos permitirlo, llamemos a las cosas por su nombre", ha recalcado la consellera.

La Generalitat promoverá "con carácter inmediato" el reconocimiento de las mujeres prostituidas como víctimas de violencia machista, algo que ahora solo se contempla para la trata. También creará un modelo de ordenanza abolicionista para que lo aprueben los ayuntamientos como el pionero de Albal (Valencia). En ningún caso se multará a las personas que estén en esta situación.

Habrá sanciones administrativas para los propietarios de establecimientos donde se ejerce la prostitución o de burdeles camuflados, así como la clausura de estos locales aunque cambien de dueño, mediante un cambio de la ley valenciana de espectáculos de 2010.

La titular de Justicia ha firmado este mismo miércoles la resolución para iniciar la modificación y ha avanzado que habrá infracciones graves, muy graves o leves, aunque aún no se ha especificado la cuantía de estas sanciones. Próximamente se abrirá un plazo de audiencia pública con la intención de que la reforma esté lista en un plazo máximo de seis meses.

Esta ley prohibirá explícitamente las actividades que inciten la prostitución, lo que pasará por una revisión del catálogo de espectáculos. Y se sancionará administrativamente a los demandantes de sexo, tanto en locales como en las carreteras autonómicas. También a los establecimientos o personas que publiciten la prostitución porque "no son espacios dignos".

La estrategia contempla además considerar a las víctimas como un colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública o a un centro de acogida, junto a más itinerarios de inserción sociolaborales dirigidos específicamente a ellas y el fomento del programa ALBA de acompañamiento y recuperación.

"Necesitamos cambiar las leyes, pero también las mentalidades", ha reivindicado la consellera sobre la necesidad de concienciar a los jóvenes para que "entiendan que no es ocio, es violencia", porque hay otro tipo de prostitución en redes sociales.

Carol L., una "superviviente del sistema prostitucional", ha compartido su historia desde que fue captada con 17 años y fue prostituida durante cuatro años. Se ha mostrado esperanzada con la estrategia y llama a la sensibilización. Ha insistido en que "no toda la prostitución viene de la trata" y es necesaria una ley integral, además de exigir la derogación de la "ordenanza de la vergüenza" de Alicante que contempla sanciones para víctimas.

Por parte del Front Abolicionista-PV, Concha Hurtado ha lamentado que el Gobierno espere "hasta el último momento de la legislatura" para aprobar una ley abolicionista tras "décadas de lucha" del movimiento. "Ayudando a las mujeres a salir de la prostitución no soluciona el problema: hay que perseguir al putero" y ha advertido que hay "supuestos sindicatos de trabajadores sexuales donde el lobby proxeneta está detrás".