La Generalitat Valenciana insta a multar con 3.000 euros a puteros, proxenetas y puticlubs

La Generalitat Valenciana, a través de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado a los municipios a adoptar el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta "forma de violencia de género".

Bravo ha calificado este día de "histórico" ya que los ayuntamientos cuentan con una instrumento que permite plasmar "lo que tiene que ser una sociedad decente, que pasa por abolir la prostitución". A su juicio, es un paso "muy importante" porque desde los Ayuntamientos tienen un conocimiento "muy exhaustivo" de la realidad de cada pueblo, de la situación de las mujeres y de los espacios públicos donde "están atrapadas".

Con esta ordenanza, además, considera que se pasa de considerar a la prostitución como un "problema de orden público", como está vigente en muchos municipios, a verla como un problema de derechos humanos que hay obligación de erradicar. Bravo se ha mostrado segura de que se sumarán muchos consistorios y que supondrá dar el mensaje al Gobierno central de que debe dar "un paso adelante" para alcanzar este objetivo.

Durante su intervención, Gabriela Bravo ha defendido que las corporaciones locales tienen "competencias y capacidades suficientes para estar en la primera línea de la erradicación de la prostitución a través de las ordenanzas municipales, que son un instrumento muy potente para marcar la diferencia entre aquellos municipios que protegen la dignidad de todas las personas y los que, para su vergüenza y la nuestra, abdican de ella".

En este sentido, ha puesto como ejemplos los casos de Albal y Quart de Poblet, "pioneros" en la aprobación de ordenanzas abolicionistas, y ha lamentado la existencia de "esa ordenanza de la vergüenza del Ayuntamiento de Alicante que criminaliza las mujeres en prostitución y las hace responsables de su situación, sin reparar que es un sistema desigual e injusto las que las somete y las priva de una vida digna de derechos".

Precisamente Albal, según ha informado el consistorio en un comunicado, ha multado ya a 20 hombres que pagaban por sexo o mientras mantenían relaciones en la localidad, ocho de los cuales ya han abonado las sanciones. El alcalde, Ramón Marí, ha anunciado que llevará a la sesión informativa del lunes la modificación de la ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual para adherirse al modelo de la Generalitat, que incrementa la sanción hasta los 3.000 euros.

La consellera ha recordado que los estudios científicos elaborados por el Foro han revelado que en las tres provincias hay entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución. "Y si la oferta es así de grande es porque hay hombres dispuestos a pagar por ello. Solo así se entiende que el 20 por ciento de los varones valencianos mayores de 18 años -uno de cada cinco- admita que ha pagado por sexo alguna vez en su vida", ha dicho.

El modelo de ordenanza abolicionista, que se ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, recoge en su articulado la prohibición de la demanda de prostitución, a la que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros.

Además, si esta demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo la considera como infracción muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000 euros. De igual modo podrán ser sancionados quienes colaboren con los demandantes de sexo pagado como intermediadores (proxenetas) o personas que alerten de la presencia de agentes de la autoridad.

Por otra parte, también prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750 euros. En este caso, será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad (como repartir folletos) como el anunciante.

Una parte importante del modelo de ordenanza reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. Por ese motivo, no se sancionará en ningún caso a las personas prostituidas y promoverá políticas de ayuda para sacarlas de su situación.

En este sentido, el modelo de ordenanza prevé la aprobación de planes municipales de acción integral, que contengan medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional.

Según Bravo, "somos la primera comunidad autónoma en poner a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista, lo que nos convierte en una referencia para otros territorios comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así como con la erradicación de toda forma de violencia de género, incluida la compra del cuerpo de las mujeres".

La consellera ha anunciado que seguirá reclamando al Gobierno central una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución. No obstante, "desde el Consell del Botànic no vamos a estar de brazos cruzados porque ya hemos puesto en marcha la modificación de la Ley de Espectáculos en la Comunitat Valenciana, que se encuentra actualmente en trámite de audiencia pública".

Esta norma contempla la sanción a aquellos establecimientos que permitan o favorezcan la prostitución, la prohibición de publicidad que incite o fomente la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y la sanción administrativa de la demanda de prostitución en locales y establecimientos públicos.