La Generalitat Valenciana apuesta por ‘nacionalizar’ las ITV en 2023
El contrato con las concesionarias de la ITV finalizará a finales de 2022
La Conselleria quiere ampliar la red de estaciones y revisar las tarifas de la ITV a la baja
La Generalitat podría obtener 39,3 millones de euros anuales de beneficios
No habrá prórroga para la concesión de los servicios de ITV en la Comunitat Valenciana. Así lo ha notificado la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo mediante una carta a las compañías encargadas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
El contrato finalizará el 31 de diciembre de 2022 y a partir de entonces, la Generalitat asumirá la gestión directa del servicio, tras 25 años en régimen de concesión, tal y como marca la 'hoja de ruta' del Pacto del Botànic.
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En la carta enviada a las empresas concesionarias, la Consellería de Economía recuerda que en 1987 el Govern decidió adscribir a la empresa pública Seguridad y Promoción Industrial Valenciana SA (Sepiva) la gestión del servicio de ITV. Diez años más tarde, en 1997, estableció la fórmula de la concesión y aprobó el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Durante la vigencia del contrato se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles, de forma que la nueva empresa se subrogaba en la posición de la anterior concesionaria. No se ha modificado, por tanto, el período de concesión.
El PCAP prevé que "la concesión se otorgará por un plazo de 25 años, y se puede prorrogar por periodos sucesivos de 10 años cada uno, siempre que no intermedie denuncia expresa previa por cualquiera de las dos partes otorgantes comunicada con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de cualquier de las sucesivas prórrogas. A estos efectos, se considerará fecha de inicio de la concesión la de la adjudicación de esta".
Las concesionarias disponen de un plazo para denunciar la nueva adjudicación
En caso de que las empresas no estén satisfechas con la situación, pueden denunciarlo en un plazo que finaliza el próximo día 5 de noviembre de 2021, un año antes de cumplirse el mencionado plazo de 25 años, de acuerdo con la cláusula. Pero la Conselleria recuerda a través de la carta que tampoco podría prorrogarse automáticamente la concesión, y argumenta que, "según el Derecho de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación", tal y como ha manifestado recientemente la Comisión Europea en relación a la prórroga de la concesión de determinadas autopistas en España e Italia.
El proceso de desprivatización durará hasta 2026
El proceso de reversión que prevé la Generalitat se llevará a cabo en tres fases hasta 2026, y prevé también ampliar la red de estaciones para que la ciudadanía pueda tener una a menos de 30 minutos y se estudiará una revisión de las tarifas a los usuarios a la baja.
Para diseñar esta 'hoja de ruta', la Conselleria de Economía Sostenible encargó un informe en el que se concluía que con la gestión directa del servicio, las ganancias netas para las arcas de la Generalitat serán de 39,3 millones de euros anuales. Asimismo, señalaba que si se prorrogara la concesión actual, la ganancia sería de 7,6 millones al año y, en caso de licitar una nueva concesión, sería de unos 19,2 millones.