El hermano de Ximo Puig citado a declarar como investigado por fraude en subvenciones públicas
Francis Puig ha conseguido presuntamente más de 600.000 euros en subvenciones entre 2015 y 2018 para empresas de medios de comunicación vinculadas al hermano del presidente del Consell
Las subvenciones fueron otorgadas para la promoción del valenciano principalmente
Un socio de Puig, Juan Enrique Adell, también declarará tras obtener cerca de 700.000 euros en subvenciones públicas
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga las presuntas irregularidades en ayudas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, lo ha citado a declarar el próximo 23 de mayo en calidad de investigado.
En la causa abierta, en la que el PP forma parte de las acusaciones particulares, por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la Generalitat Valenciana, la Generalitat Catalana y el Gobierno de Aragón a varias empresas de medios de comunicación vinculadas a Francis Puig (Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions) entre los años 2015 y 2018.
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En concreto, se investiga que el hermano del presidente del Consell recibió algo más de 600.000 euros en ayudas públicas, principalmente a través de la Conselleria de Educación, para la promoción del valenciano en dichos medios de comunicación.
El mismo día que Puig, declarará en el juzgado Juan Enrique Adell, socio del hermano del president, que también está siendo investigado por ser el beneficiario de cerca de 700.000 euros en subvenciones públicas.
Las productoras se defienden
Precisamente este martes, Comunicacions dels Ports, una de las productoras, ha insistido, en un comunicado, en que no ha cometido ningún ilícito penal y asegura que pedirá comparecer ante el juez para explicar subvenciones cuestionadas.
La productora señala que durante más de dos años se ha mantenido un "respetuoso silencio" para no interferir en la investigación y ha aclarado que las "dudas" de la Guardia Civil sobre un número "muy limitado" de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas "serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve". Y ha agregado: "En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal".
Además, ha advertido de la existencia de un informe de la benemérita en la que, a su juicio, "confunde" al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, "respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones".
Y ha aprovechado para recordar, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado que, tras las comprobaciones oportunas, "todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración".