Las ITV valencianas piden una prórroga de la concesión y anuncian reclamaciones de más de 130 millones

La decisión del Consell de revertir la gestión de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos y pasarlos a cargo de la Generalitat no parece haber gustado a las concesionarias que hasta ahora han estado a su cargo en la región. En este sentido, se ha pronunciado este martes la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) , que ha acusado al gobierno valenciano de justificar "la reversión ideológica" en un estudio plagado de "errores, delirios, inexactitudes y falsedades".

Los representantes de la Asociación afirman que rebatirán esta decisión con un informe pericial que les servirá de base para interponer reclamaciones judiciales por los 133 millones de euros más intereses que, según afirman, la administración les adeuda por las tarifas anuladas.

Así, lo han afirmado este martes el presidente de la entidad, Paco Llopis, y su predecesor y vocal, Manuel Trigo, en una rueda de prensa en la que han advertido que tras cinco años "sin decir ni mu por responsabilidad" desde que estalló el conflicto por las tarifas, ahora van a comenzar a decir "las verdades del barquero" ante una reversión que es "completamente ideológica, pero que no tiene ninguna justificación ni técnica, ni económica ni de calidad". "No somos Zaplana, bajo cuya presidencia se privatizó el servicio, ni tenemos nada que ver con sus amigos", han recalcado.

El pleno del Consell aprobó el pasado viernes el Decreto-Ley que autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, sociedad anónima mercantil, para prestar el servicio público de ITV y realizar las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat. Así pues, según esta norma, en 2023, cuando finaliza la concesión, arrancará la gestión directa en sustitución de las siete empresas actuales.

Al respecto, desde AECOVA-ITV, exigirán explicaciones al conseller de Economía, Rafa Climent, en la reunión que mantendrán este miércoles, pese a haberla solicitado hace más de dos meses, por el informe de Nuve Consulting que les sirve de base para una reversión que "no será viable". "Tienen derecho a una reversión, pero con la verdad, no con unas falsedades para justificar una acción que es insostenible", señalan desde la entidad.

Entre ellas, cuestionan que el informe encargado por Conselleria sitúa el coste laboral medio por cada uno de 1.016 trabajadores que componen la plantilla actual a jornada completa en 27.380 euros anuales, mientras que el coste real ascenderá en 2022 a 44.451.717 euros. Por ello, vaticina denuncias de cada empleado subrogado para que se les iguale su retribución con el salario más alto.

Otros datos "irreales" es que fijan el coste de la construcción de nuevas estaciones de ITV en 700.000 euros cuando en realidad cuestan entre tres y cinco millones de euros. También un gasto global de energía de 160.000 euros, cuando Trigo señalado que solo a él le supone 180.000 euros, o por ejemplo tampoco incluyen los gastos de mantenimiento, reparación o maquinaria. Así, el informe rebaja el resultado bruto de explotación de 35,2 millones a 11,4 millones, un 67% menos, con lo que "no se van a generar recursos para invertir como el Consell pretende en nuevas ITV", subrayan.

Además, de acuerdo con los datos que maneja AECOVA-ITV, el número total de inspecciones en 2021 fue 2.337.435. En cuanto a las tarifas, la media ponderada de 2021 fue de 33,84 euros y la de 2022, 40,27 euros --sin canon variable, 30,94 euros, en 2021, y 37,37 euros, en 2022.

Al respecto, ha apuntado que "la falsedad documental" del Consell ha pretendido "influir" al juez sobre sus reclamaciones, pero ha anunciado que volverán a reclamar, esta vez por vía contractual, los más de 83 millones entre abril de 2014 y 2019 a los que se suman otros 50 millones por otras tarifas anuladas por ilegales desde 2016 más un 3,5% de interés anual.

En ese sentido, han anunciado que se propondrán como continuadores de la gestión y anuncian acciones legales contra este decreto, y en todo caso exigen una prórroga de la concesión, teniendo en cuenta los meses en los que vieron su actividad paralizada a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Igualmente, el documento se presentará ante la Comisión de Estudio y Debate para la Reversión de los Servicios Públicos Externalizados, a quien se solicitará "una auditoría o informe distinto al de Nuve Consuting a un ente público, como el que realizó en su momento la Sindicatura de Comptes" y se reunirán con los grupos parlamentarios y agentes sociales.