Relacionan a Vera con el grupo Axis por facilitar contratos en la trama del caso Azud

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona en el caso Azud al investigado José Luis Vera, abogado y director jurídico de la extinta Divalterra, con comisiones del grupo Axis, del empresario Jaime Febrer, en Valencia y por planes urbanísticos en Xixona, Benicàssim y Burjassot.

La UCO le vincula con la operación 'colegios' de Valencia, de donde habría obtenido 150.000 euros; el PAI 'El Espartar' de Xixona, donde supuestamente obtuvo 563.000; con el Plan Especial 'Desierto de las Palmas' de Benicàssim y el de 'La Capella' de Burjassot.

Según la UCO, la actuación supuestamente desarrollada por parte de Vera en el marco de El Espartar de Xixona, donde el grupo Axis pretendía construir viviendas y un campo de golf, consistiría en propiciar la firma de un convenio con Acuamed y el consistorio que permitió la continuación de la tramitación administrativa de un PAI que estaba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos.

El acuerdo, según consta en un auto de la jueza de Instrucción 13, consultado por Europa Press, supondría que la desaladora construida en Mutxamel-Campello abasteciera de agua el municipio de Xixona. En este caso, Vera habría actuado como intermediario entre las administraciones y habría sido el que ideó el convenio con un directivo de la empresa estatal, con quien siguieron los contactos, incluido Febrer, hasta su aprobación en pleno.

Por esta intermediación habría recibido 563.000 euros en comisiones, que se habrían enmarcado en sendos contratos aparentemente ficticios y que no responderían a servicios reales. En uno de ellos, se habría efectuado la intermediación de la mercantil Gigante Edificaciones, ajena a Axis y que formaría parte de la estructura de generación de dinero en efectivo que supuestamente prestaría sus servicios al propio grupo.

En el caso de Xixona, aparece como investigada la exalcaldesa del PP entre 1999 y 2007, Rosa María Verdú. Según la UCO, los indicios obtenidos evidencian la materialización, por parte del grupo de Febrer, de una serie de compraventas que habrían supuesto un beneficio para cargos públicos del consistorio supuestamente motivadas por las "exigencias" recibidas por los promotores del PAI para incorporar al planeamiento una serie de terrenos, entre los que se encontrarían algunos de la propia ex primera edil, que habrían sido adquiridos por una empresa pantalla, y de varios familiares.

Para esta incorporación, el grupo llevó a cabo la compraventa de estos terrenos a un precio superior al resto de las compras que se venían efectuando y, además, interponiendo a una tercera empresa ajena, a través de una serie de relaciones jurídicas consideradas "mendaces". El precio abonado a la exalcaldesa y sus familiares resultaba superior al que se abonó al resto de los propietarios de suelo afectados por el PAI, a excepción de la mercantil Invemi, también vinculada con un concejal del consistorio y a la que se abonó el mismo precio que a la anterior.

Así, el resto de los terrenos se adquirieron a unos 14 o 15 euros el metro cuadrado y se abonó un precio de 18, por lo que teniendo en cuenta los 2.800.000 m2 de superficie de la parcela, habría supuesto un incremento del precio de entre 82.626 y 110.168 euros. Además, la UCO cree que el grupo Axis asumió gastos de naturaleza electoral para la candidatura presentada por Verdú para las elecciones de 2007.

Otra parte de los pagos a Vera encontraría su justificación en sendos convenios que el grupo Axis pretendía firmar con los Ayuntamientos de Benicàssim y Burjassot, así como con el desarrollo de vivienda protegida en suelo público de este último municipio.

En el primer caso, su actuación se desplegó en el marco de la mercantil vinculada a Febrer que debía obtener el suelo urbanizable a través de permutas entre el consistorio y la orden de los Carmelitas. Sus honorarios eran de 720.000 euros, una parte fija de 480.000 euros a razón de 20.000 euros mensuales, y 720.000 condicionados a la firma del convenio y a la adquisición de suelo urbanizable.

De acuerdo con la UCO, aparentemente, el papel desempeñado por Vera habría sido el de, atendiendo a las relaciones políticas y personales con las que contaría, "viabilizar, favorecer y hacer valer" los intereses del entramado de Febrer en sus relaciones con las diferentes administraciones públicas e introducir en los convenios "circunstancias acordes a los intereses del grupo empresarial".

En el caso del desarrollo de vivienda protegida en suelo titularidad del Ayuntamiento de Burjassot, para viabilizar su interés de promover un modelo de negocio diseñado por Axis, consistente en la adjudicación de derechos de superficie para promover y explotar viviendas de protección en régimen de alquiler.

La operación del PAI La Capella consistía en el desarrollo de un PAI que permitiera la reclasificación de terrenos no urbanizables a urbanos de uso terciario para promover un centro comercial y de negocios.

En este caso, Axis y Grupo Eroski formalizaron una 'Joint Venture' para el desarrollo del proyecto y las negociaciones se llevaron a cabo entre Construcciones Valencia Constitución (CVC) --de Axis-- y Almaguga --Eroski-- sin aparecer en las reuniones Vera que, sin embargo, percibió 63.800 euros de Axis justificados en el "estudio, gestión y negociación" con la otra mercantil para formalizar esa 'joint venture'.

En este caso, participó en una reunión que se mantuvo en el propio grupo donde estuvo presente Pere Mayor, histórico dirigente del Bloc Nacionalista Valencià que recientemente anunció su baja de Més Compromís, en representación del grupo GameLlons y que, según la UCO, no guardaría relación formal con ninguno de los grupos empresariales.

Según el informe de la UCO, CVC encargó a GameLlons la mediación en la compraventa de terrenos y el asesoramiento, con unos honorarios de 12,6 millones de euros y, además, en el caso de que CVC vendiera su participación en la promoción con anterioridad y obtuviera un beneficio, un 10% del mismo.

La UCO señala que este importe supone el mayor coste de la operación, duplicando el de la adquisición de los terrenos. Este acuerdo no llegó a prosperar. Del contenido del archivo analizado, se evidencia que los beneficios que se preveían obtener por parte del Grupo Axis en el marco de esta operación superaban los 22 millones.

En la reunión también estuvo presente el que era concejal en el consistorio Jordi Sebastià y el concejal de Urbanismo, José Ruiz. Después de todas las negociaciones, el 2 de junio se firmó el convenio entre el Ayuntamiento, CVC y Alcamuga.