Ecologistas denuncian a Merkel ante el Tribunal Constitucional por su “falta de ambición” frente al cambio climático

Todavía está reciente la aprobación en el Bundestag de la nueva ley de protección climática de Alemania. Tuvo lugar a finales del año pasado. Se supone que esa ley debería llevar al país de la canciller Angela Merkel a reducir sus emisiones de dióxido de carbono en los próximos diez años. La ley incluye hasta un paquete de medidas valoradas en unos 55.000 millones de euros. Ese es un montante nada desdeñable en un país donde los políticos son más amigos de la austeridad que de rascarse el bolsillo en inversiones.

La ministra alemana de Medioambiente, la socialdemócrata Svenja Schulze, se refirió a la jornada de la aprobación de la ley en cuestión como “un día realmente importante para la protección ante el cambio climático”. Los ambientalistas, sin embargo, no pueden estar más en desacuerdo. De hecho, los hay que llevan a Merkel y sus ministros ante los tribunales. Los acusan de “pasividad” frente al cambio climático.

La más reciente de estas iniciativas es la que ha llevado a nueve jóvenes alemanes de edades comprendidas entre 15 y 32 años a denunciar ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe la falta de ambición del Gobierno teutón en materia climática. Han puesto sus reivindicaciones en manos de la abogada Roda Verheyen, una letrada del activismo ecologista. A este grupo de jóvenes los apoyan organizaciones ecologistas como Greenpeace o Germanwatch.

En el escrito con el que Verheyen da forma jurídica a las reivindicaciones de los nueve jóvenes se alude a la incapacidad de la citada ley del Gobierno alemán de hacer que se respeten hasta tres derechos fundamentales recogidos en la “Ley Fundamental de la República de Alemania”, nombre oficial que recibe la Constitución germana. Se trata del artículo 2, que alude a la “libertad” del individuo y su “integridad física”, del artículo 12, que se refiere, entre otras cosas, a la “libertad de elección del lugar de trabajo”, y del artículo 14, que afirma el “derecho a la propiedad privada”.

Para los denunciantes, las alteraciones climáticas generadas por el calentamiento global provocan situaciones amenazantes contra esos derechos. Por ejemplo, uno de los denunciantes, Lueke Recktenwald, vive en la isla frisona de Langeoog (norte alemán). Debido a los cambios producidos por el calentamiento global, “allí está amenazada de salinización la única fuente de agua potable que tienen por culpa de las tormentas cada vez más recurrentes”, dice a NIUS Caroline Schroeder, responsable de Germanwatch. “Lueke Recktenwald no está seguro de poder tener un futuro trabajando en el negocio de sus padres, que tienen un hotel y un restaurante en la isla”, añade.

La “Greta” alemana, entre los denunciantes

Luisa Neubauer, una de las fundadoras en Alemania del movimiento Fridays for Future, también forma parte del grupo de jóvenes denunciantes. Para ella, esta iniciativa de judicializar la lucha contra el calentamiento global “no sólo es cosa de las generaciones futuras”. “Es cosa de nuestra generación y nuestras vidas”, según Neubauer. En Greenpeace y Germanwatch dan la razón a Neubauer, apodada “la Greta alemana”, un mote que alude a la joven activista sueca Greta Thunberg.

“La generación más joven es la que tiene que enfrentarse a los efectos de esta crisis en la segunda mitad del siglo. Por eso el Gobierno tiene que hacer más en esta materia”, plantea a NIUS Anike Peters, experta en cuestiones climáticas de Greenpeace Alemania. La ley que consiguió aprobar en el Bundestag el Gobierno de Merkel a finales del año pasado plantea que, de aquí a 2030, el país reducirá sus emisiones en un 55% en comparación con las de 1995.

Pero de acuerdo con el texto que está ultimando la abogada Roda Verheyen, eso no es suficiente. “Si uno considera las investigaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU sobre la viabilidad y la necesidad de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, para llegar al objetivo de [la limitación del aumento de la temperatura de la tierra en] 1,5º, Alemania tendría que reducir de forma significante sus emisiones”, escribe Verheyen. En concreto, un 70%.

“Lo que está haciendo el Gobierno alemán es ignorar lo que establece la ciencia sobre el clima. Los objetivos que se ha fijado el Ejecutivo no son suficientes cuando uno mira los resultados de los científicos. Y las medidas que presenta el Gobierno alemán ni siquiera sirven par alcanzar esos objetivos”, plantea Peters desde Greenpeace.

El Gobierno alemán defraudó en el pasado

Esta organización tiene muy reciente la denuncia que realizó junto a otras tres familias, incluida la del joven Luecke Recktenwald, por los objetivos climáticos que Alemania se había dado – e incumplido – para 2020. “En 2007, Alemania se había dado el objetivo para 2020 de reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 40% respecto a 1990. Era un objetivo ambicioso. Pero se dejó de luchar por alcanzarlo”, dice Peters. “Y eso que durante años el Gobierno habían estado prometiendo en las tribunas internacionales que iba a respetar esos objetivos”, añade Peters. Ella y las tres familias de afectados que denunciaron al Gobierno alemán ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo vieron su demanda rechazada por el juez.

Pese a decisiones de Merkel como la de dejar la energía nuclear – el 'apagón' de los reactores está previsto para 2022 según se decidió en 2011–, Peters ya no ve a Alemania a la vanguardia en política medioambiental. Es más, “el Gobierno ha perdido la confianza de la generación más joven del país”, señala Peters. “Los chicos que cada viernes se manifiestan en la calle tienen miedo al futuro y quieren que el Gobierno haga algo. Pero lo que hace el Gobierno son sólo bonitos anuncios que quedan sin consecuencias”, abunda esta experta de Greenpeace.

Los críticos con la iniciativa legal de los jóvenes activistas contra la política frente al cambio climático de Angela Merkel han calificado la denuncia ante el Tribunal Constitucional de “campaña de Relaciones Públicas”. Puede que, de momento, sólo sea motivo de debate público.

Judicializar el activismo climático

Pero también parece ser sintomático de que la movilización de los jóvenes por una acción contra el cambio climático más decidida no sólo se manifiesta en las calles. “No hay una única forma de luchar por una política medioambiental ambiciosa. Los tribunales no son la única vía, tal vez sean una vía complementaria”, afirma Schroeder, la responsable de Germanwatch.

Tanto es así que la denuncia de los nueve jóvenes alemanes es, hoy por hoy, la cuarta iniciativa ante el Tribunal Constitucional que cuestiona la política medioambiental de Merkel. La más antigua se formuló en 2018, antes de que existiera la flamante ley de protección climática. La aparición de ese texto en el corpus legislativo teutón parece haber animado a otros activistas. La semana pasada se formularon oficialmente otras dos demandas que, al igual que la de 2018, aún no están resueltas. La de Neubauer, Recktenwald y compañía se presentará en los próximos días.

“Desde un punto de vista jurídico, las cuatro demandas se complementan”, apunta Schroeder. Otra cosa bien distinta es que tengan éxito. “Ahora la cuestión es si el Tribunal Constitucional se ocupa o no de estas demandas, porque sólo acepta, en general, un 2% de las que se presentan”, concluye.