Crisis política, social y humanitaria en la frontera con México

La crisis migratoria en la frontera con México no es nueva. Durante décadas, los 3.000 kilómetros que separa ambos países han sido el foco fundamental de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Pero los últimos diez años, la situación se ha vuelto crítica. La inestabilidad en América Latina sobre todo en Centroamérica donde Honduras, Guatemala y el Salvador se han convertido en países de una violencia extraordinaria, a lo que se ha sumado el éxodo masivo de Venezolanos, unido a la inmigración habitual de mexicanos ha desbordado a las autoridades estadounidenses.

Durante la presidencia de Obama en la Casa Blanca se estimaba que había unos 11 millones de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Un país con 340 millones de habitantes de los que 50 millones son de origen latino. De hecho en las elecciones presidenciales del 2020, los votantes de origen latino serán por primera vez más que los de origen afroamericano.

Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo un "muro" para evitar la llegada de migrantes sin papeles. El muro está ya terminado en el 75% de la frontera, ya que empezó a construirse en la época de Bill Clinton, pero el régimen de terror migratorio es una realidad.

La crisis migratoria fronteriza se agudiza

En los últimos meses el incremento de las muertes de inmigrantes en la frontera entre México y EEUU, junto a los informes de los niños gravemente desatendidos en un centro de detención y refugio de Texas, han avivado el debate de la política de inmigración aplicada por el gobierno de Trump.

Las muertes de las dos últimas víctimas en el fronterizo río Bravo, el salvadoreño Oscar Alberto Martínez y su hija Valeria de 23 meses, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo, se suman al elevado número de víctimas en lo que va de año. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son ya 175 inmigrantes muertos y desaparecidos, incluidos 13 niños. En 2018, se registraron 283 fallecidos.

Además de los cuerpos de Óscar y Valeria, en las últimas semanas, se han encontrado en Texas los cadáveres de dos bebés, un niño pequeño y una mujer de nacionalidad guatemalteca, vencidos por el calor sofocante; tres niños y un adulto de Honduras murieron en abril al volcar la balsa en la que cruzaban el Río Bravo.

Son algunos de los desenlaces más dramáticos de la oleada de inmigrantes que llega a los Estados Unidos desde la frontera. Provienen, sobre todo, de los países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, y no de México, como venía sucediendo en años anteriores. Huyen de la pobreza extrema, y de la inseguridad y la violencia de las "pandillas". Las maras, ante la incapacidad de los gobiernos de estos países que además están sumidos en la corrupción, se han hecho con el poder. Estas maras controlan parte del narco dirigidos por los narcotraficantes de las FARC huidos de Colombia y sus secuaces. Narcos que intentan controlar el tráfico por Centroamérica vía México, toda vez que en Venezuela se encuentra la segunda gran ruta de la droga que sale de Colombia y que se distribuye en Estados Unidos.

Detenciones masivas

El gobierno de Trump ha reducido drásticamente el número de migrantes a los que se les permite solicitar asilo, generando largas listas de espera que duran semanas, en ciudades fronterizas peligrosas.

Bajo una política de inmigración de "tolerancia cero" introducida en abril de 2018, los hombres, mujeres y niños aprehendidos por las autoridades de las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), normalmente son llevados a un proceso de expulsión, o conducidos a alguna de las más de 200 cárceles (si tienen antecedentes penales) y centros de detención previstos.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), confirma que el 72% de los detenidos en la frontera en los últimos años son familias, frente al 10% (de familias) que intentaron entrar ilegalmente en EEUU, entre 2002 y 2012.

La crisis de las familias

Pero, si las circunstancias que acompañan a los adultos son preocupantes, la de los niños, se hace más dramática aún, cuando son separados de sus padres y enviados a los centros de detención y refugio.

A los hijos de los migrantes procesados (ilegales detenidos o solicitantes de asilo), no se les permite ser encarcelados con sus padres. Como consecuencia: el drama migratorio de familias divididas durante meses, hijos que no reconocen a sus padres en la reunificación... y una gran polémica política y social que obligó al presidente Trump a firmar una orden ejecutiva en junio de 2018, prometiendo mantener a las familias unidas. Una orden judicial acababa con las separaciones y requirió que las familias se reunieran. Sin embargo, el tribunal de apelaciones emitió un recurso judicial preliminar contra ella, y la separación familiar nunca se frenó.

Cientos de niños continúan en los albergues del gobierno, y unas 700 familias han sido separadas en el último año, debido a las "lagunas" de la orden judicial. Sin intervención legal se teme que el número pueda llegar a 1.000 para finales de este verano.

El drama de los niños "solos"

También hay miles de niños que simplemente llegan solos. En 2014 llegaron solos a Estados Unidos según datos de Reuters unos 80.000 menores. La mayor cifra nunca vista. ¿Por qué? Por la legislación estadounidense para proteger a los menores del tráfico infantil. Hasta ahora EEUU se comprometía a dar asilo (familiares nacionales, refugios, etc.) a los niños que cruzaran sin compañía adulta la frontera. Así lo mantuvieron Bush y Obama.

Los padres dejaban en manos de traficantes a sus hijos en los países de origen, estos los "entregan" a mafias en México, que a cambio de dinero se comprometían a dejarles en la frontera. La mayor parte de estos niños sufrían todo tipo de vejaciones en su viaje de miles de kilómetros. Todos ellos solo llevaban una dirección al ser detenidos: la de sus familiares en Estados Unidos. De esta manera, los padres creían que sus hijos tendrían un mejor futuro. Obama les pidió públicamente que no enviaran a sus hijos solos.

Esta alarmante situación ha vuelto a crear gran indignación tras la denuncia de un grupo de abogados y médicos, que visitaron un centro de detención en Clint, a las afueras de El Paso, Texas. "Los niños están hacinados en jaulas, mal alimentados, con poca agua, y escasas condiciones de higiene. Algunos niños mayores se las arreglan para atender a los bebés y a los más pequeños. 15 de los menores están enfermos de gripe y algunos de ellos llevan más de tres meses dentro. Son lugares de tortura", han manifestado públicamente. Los centros fronterizos de detención son conocidos también como "perreras" o "hieleras".

Al darse a conocer esta trágica situación, el gobierno federal trasladó a casi 300 de esos niños a otros centros de acogida, aunque 100 han sido devueltos al centro de Clint. En medio la crisis desatada, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), John Sanders, ha renunciado a su cargo, confirmando que abandonará su puesto el próximo 5 de julio.

Como medida urgente, en la Cámara de Representantes los demócratas han aprobado un proyecto de ley de 4.500 millones en ayuda de emergencia para la frontera, pero el tema ha dividido a los demócratas lo que ha provocado una nueva victoria del presidente Trump.

En medio del escándalo dimite el responsable jefe de aduanas

En uno de los momentos más cruciales y problemáticos de la política de inmigración de EE.UU., el Jefe de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), John Sanders, ha dimitido.

La noticia se conoció en medio de una crisis migratoria, después de que se supiera que 100 de los 300 niños evacuados de un centro de refugio y detención de Texas, en condiciones infrahumanas, regresaban de nuevo al punto de partida. Los menores habían sido previamente separados de sus familias bajo el control del CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su renuncia se hace efectiva este 5 de julio. Sanders se despedía de sus empleados por mail, y aunque no se saben las razones de la dimisión parece claro que se ha sentido abrumado por la magnitud del conflicto. Sanders llevaba treinta años trabajando en seguridad nacional. Asumió el cargo en el CPB en abril, y lo abandona en un momento en el que los cruces ilegales de inmigrantes por la frontera sur con México, han alcanzado niveles récord. Será remplazado por Mark Morgan, Director Interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde hace algo menos de dos meses.

Los deportados en números

Bajo el mandato del presidente Ronald Reagan (1981-1989), las deportaciones fueron 168,364.

En 1986 el Congreso aprobó una amnistía que regularizó a unos 2.7 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano.

En 1986 Reagan llevó a cabo 24,592 deportaciones equivalente al 0.76% del total de población indocumentada que había en el país, estimada en 3.2 millones.

Bush padre deportó un 17% menos que Reagan y la población indocumentada durante su mandato (de cuatro años) creció un 130%.

Cuando Bill Clinton llegó a la Casa Blanca en 1993, la población indocumentada fue estimada en 4.9 millones.

El total de deportaciones del gobierno de Clinton fue de 869,646, equivalente al 515% de las deportaciones llevadas a cabo por su antecesor, George W. H. Bush.

La población indocumentada entre 1993 y 2000 aumentó sin embargo un 90%, al pasar de 4.9 millones a 8.6 millones de acuerdo con los datos del DHS, ICE y el Centro Pew.

George H. W. Bush gobernó entre 1989 y 1993. Durante su mandato se realizaron 141,316 deportaciones y la población indocumentada varió entre los 2 y los 4.1 millones.

Durante el primer año de gobierno de Bush padre, el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) llevó a cabo 34,427 deportaciones, al año siguiente bajó a 30,039. La población indocumentada creció de dos millones a 3.5 millones, arrastrada en parte por la amnistía de 1986 y por los conflictos en Centroamérica.

El presidente Barack Obama es el mandatario que más gente ha expulsado del país en las últimas décadas, por encima de Reagan, Bush padre, Clinton o Bush hijo. Con tres millones de indocumentados expulsados de EE.UU. en durante los ocho años de gobierno de Obama, el ex presidente se ganó el sobre nombre de "deportador en Jefe" (Deporter in Chief).

Según datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre los años fiscales 2009 y 2015, el número de deportados fue de 2,571,860. Y, durante los 10 primeros meses del año fiscal 2016 (al 30 de julio), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) contabilizó 196,497.

La suma de ambas cantidades da como resultado 2,768,357, cifra a la que habría que añadirle los deportados entre el 1 de agosto y el 20 de enero de 2017, cuando entregue el poder a quien resulte elegido en la elección del 8 de noviembre.

En Estados Unidos hay mas de 200 centros para migrantes que están desbordados por el flujo migratorio.