Demoledor informe de la ONU sobre Venezuela

El informe se esperaba para finales de semana, pero la propia Michele Bachelet ha querido resaltar lo más importante de su visita a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio de 2019. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos asegura que se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos de forma sistemática".

En el informe de 18 páginas, basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad, la exmandataria chilena muestra una crítica brutal respecto del régimen de Nicolás Maduro.

"Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes", ha declarado la Alta Comisionada.

Militarización del pais

Venezuela es el país más violento del mundo. El año pasado la estimación es de 30.000 muertes violentas, además de aquellas "naturales" con una alta incidencia de muerte por falta de comida y de medicinas. 

A ello hay que sumar la "paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década". En el período que abarca el informe, "tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones".

Bachelet asegura en el informe que los "colectivos" (grupos de civiles armados por el régimen chavista) "han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones". El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 "son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos".

En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad", en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio chavismo. Sin embargo, señala el documento, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores".

Violación sistemática de los DDHH

En el documento se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

Sin comida ni medicinas

El informe confirma "violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”. “Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces al día”. 

Las personas entrevistadas describieron  de forma reiterada "una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos”.

El documento advierte de "la falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100%”. Según el documento, las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables".