Túnez celebra un referéndum constitucional entre denuncias sobre la deriva autoritaria de su presidente

La población tunecina está convocada este lunes a las urnas para votar en referéndum sobre un controvertido proyecto de Constitución impulsado por el presidente del país, Kais Saied, en el marco de una serie de medidas impulsadas desde que el julio de 2021 se arrogara todas las competencias tras disolver el Gobierno y suspender el Parlamento --posteriormente disuelto-- y en medio de los llamamientos al boicot de parte de la oposición.

El referéndum coincide con el aniversario de la decisión del mandatario de aplicar medidas excepcionales, en lo que ha defendido como "una corrección" del camino abierto tras el derrocamiento en 2011 del entonces presidente, Zine el Abidine ben Alí, durante la 'Primavera Árabe', que derivó en la aprobación de una nueva Carta Magna en 2014. Saied anunció la destitución del Gobierno encabezado por Hichem Mechichi, suspendió el Parlamento y retiró la inmunidad parlamentaria, medidas que han derivado en una gran concentración de poderes en su figura y en las denuncias de la oposición sobre un "golpe de Estado".

En este contexto, desveló en septiembre que gobernaría por decreto y nombró como primera ministra a Najla Buden Romdhane, si bien su papel ha quedado reducido ante las competencias de Saied para supervisar el aparato judicial y el Ejército. Saied ha defendido esta nueva 'hoja de ruta' y ha recordado que cuando decidió disolver el Gobierno el país se encontraba sumido en una grave crisis, incluidas manifestaciones ante la falta de soluciones para los problemas económicos y el estancamiento en la aplicación de los compromisos adquiridos durante la 'Revolución del Jazmín'.

Las decisiones iniciales de Saied fueron aplaudidas por parte de la población, dado que el Parlamento era considerado como uno de los principales responsables de la parálisis gubernamental, tal y como ha recordado el 'think tank' The Tahrir Institute for Middle East Policy. Desde entonces, el mandatario ha subrayado que trabaja para luchar contra la corrupción y los "traidores", entre quienes incluye a sus críticos --incluidos miembros del partido islamista moderado Ennahda, que contaba con la mayoría de escaños en el Parlamento--, al tiempo que ha dicho que la Constitución aprobada en 2014 "no tiene legitimidad".

Las políticas de Saied han provocado movilizaciones por el creciente malestar entre la población por la falta de avances y el ahondamiento de la crisis económica --amplificada por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania--, mientras que opositores y sociedad civil han denunciado su deriva autoritaria. De hecho, la oposición se ha aglutinado en torno al Frente de Salvación Nacional, encabezado por Ahmed Neyib Chebi y que incluye a Ennahda, y ha abogado por crear un gobierno de transición de cara a unas elecciones. Esta amalgama de formaciones ha dicho que las medidas de Saied son inválidas al no contar con el respaldo del Parlamento.

Pese a ello, el presidente puso en marcha en enero un Proceso Nacional de Consultas de cara al referéndum, un modelo en el que la población fue convocada a pronunciarse a través de Internet sobre el proceso de redacción de la Carta Magna --encargada a una serie de expertos designados por el propio Saied-- y en el que participó cerca de medio millón de personas. En una muestra de la división en el país, el mandatario defendió el éxito del proceso, mientras que Ennahda y otros partidos que habían pedido boicotear las consultas destacaron que la baja participación --marcada por el hecho de que los puntos contaban con respuestas predefinidas-- demostraba el escaso apoyo popular con el que cuenta Saied.

Finalmente, el borrador fue desvelado en junio, provocando un importante revuelo por la concentración de poderes en torno a Saied y las amenazas para la limitación de derechos y libertades, lo que llevó al mandatario a introducir pequeñas enmiendas que no cambiaron el documento de forma sustancial.

La mano del presidente es visible en el preámbulo del proyecto, que recoge que las medidas desde julio de 2021 son "una corrección del camino revolucionario", al tiempo que refleja un sistema 'hiper presidencialista' que aglutina en torno a la Presidencia la mayoría de las competencias y reduce el poder del Parlamento.

Así, contempla que el presidente ejerza la "función ejecutiva" con ayuda del Gobierno y destaca que cuenta con inmunidad total en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, nombra al primer ministro, que posteriormente le presenta a los miembros del Ejecutivo de cara a su aprobación.

Además, tiene autoridad sobre el Ejército y el aparato de justicia --pese a las denuncias de jueces sobre sus injerencias y el cese de magistrados acusados por él mismo de "corrupción" y "encubrimiento de terroristas"--, mientras que puede adoptar "medidas excepcionales" en caso de "peligro inminente" para el Estado. A ello se suman amplios poderes legislativos al presidente, que contará con autoridad para sugerir proyectos de ley y emitir decretos ley durante periodos de receso o si el Parlamento es disuelto, situación en la que se encuentra ahora. El legislativo tampoco puede aprobar leyes que afecten a las competencias del presidente o asuntos financieros de la Presidencia.

El borrador mantiene el artículo de la Carta Magna de 2014 en el que el presidente se fundamentó para declarar medidas de emergencia en 2021, si bien incluye la eliminación del límite temporal para la validez de la medida, actualmente fijado en seis meses.

Por otra parte, elimina el Alto Consejo Judicial y lo sustituye por tres consejos que supervisarán diferentes jurisdicciones, si bien no se garantiza su independencia. El Tribunal Constitucional será desgajado del sistema judicial, mientras que sus miembros son elegidos sólo por antigüedad, quitando la palabra al Alto Consejo Judicial y al Parlamento. Por último, no contempla una referencia al islam como "religión de Estado", una modificación que convertiría a Túnez en el primer país de mayoría musulmana en no incluir una cláusula en este sentido.

Todo ello ha provocado críticas, incluso por parte del presidente de la comisión encargada de redactar el texto, Sadok Belaid, que alertó de que el documento "no se parece en nada al preparado", al tiempo que advirtió de "un peligro inminente" ante los poderes "demasiado grandes" concedidos al mandatario.

Ennahda y otros partidos han optado por el boicot, mientras que alrededor de 30 organizaciones de Derechos Humanos han indicado que el referéndum es realmente sobre la autoridad de Saied, dado que "los resultados son conocidos por adelantado y no tienen legitimidad alguna".

A las críticas se ha sumado la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, que a finales de mayo señaló que los decretos presidenciales aprobados desde julio de 2021 "no son compatibles con la Constitución", por lo que "no es realista celebrar un referéndum de forma creíble o legítima".

"La comisión considera que antes de cualquier referéndum constitucional deben organizarse cuanto antes elecciones legislativas para restaurar el poder parlamentario, desaparecido desde la suspensión y posterior disolución de la Asamblea de Representantes del Pueblo", dijo.

En esta línea se expresó la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), cuyo director para Oriente Próximo y Norte de África, Said Benarbia, manifestó que "es una Constitución preparada por el presidente y para el presidente". A pesar de todo ello, Saied ha recalcado que no supone un riesgo para los derechos y libertades de la población, por lo que ha animado a los ciudadanos a votar 'sí', en un camino hacia adelante que amenaza con elevar aún más las tensiones políticas en el país, duramente golpeado por una crisis económica y social.