Estados Unidos ingresa por error 1.247 millones a personas fallecidas en su plan de estímulo por la covid

El gobierno de Donald Trump habría enviado ayudas por la COVID de hasta 1.200 dólares (1.069 euros) a cerca de 1.1 millones de personas fallecidas en Estados Unidos. Así lo ha desvelado un informe de la auditora de la propia Administración -la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO por sus siglas en inglés-. Esto sumaría unos 1,4 billones en pagos indebidos.

Esta cifra forma parte de los 3.000 millones de dólares que el Congreso estadounidense aprobó en marzo y abril en forma de ayudas económicas ante la pandemia de coronavirus. La emisión de las ayudas ha tomado diversas formas, incluyendo transferencias directas, tarjetas de débito prepagadas y cheques en papel.

En su estudio, la GAO explica que los pagos a los muertos se produjeron debido a las 'prisas' de Hacienda y el Servicio de Ingresos Internos (IRS, en sus siglas en inglés) para desembolsar unos 160,4 millones de dólares los 269 mil millones aprobados con la Ley de Cuidados (Cares Act en inglés) de marzo.

El problema surgió porque, aunque el IRS tiene acceso completo a los certificados de fallecimientos de la Seguridad Social, Hacienda, que es quién en realidad emite los pagos, no lo tiene. Ante este 'desajuste informativo' la GAO ha urgido al Congreso a facilitar el acceso a estos datos para los departamentos de la tesorería nacional.

Aunque, tras esta revelación, el IRS aseguró que las ayudas recibidas a nombre de algún difunto deberían devolverse, el estudio apunta a que no se están llevando a cabo esfuerzos por parte de la institución para recuperar el dinero.

El descubrimiento de este 'fraude' coincide con la petición de Trump y otros miembros de su Gobierno de dar 'luz verde' a una nueva ronda de ayudas. La noticia de este 'desvío' de fondos a los muertos podría echar atrás a algunos miembros del Parlamento a la hora de aprobar más paquetes de ayudas. También ha servido a los demócratas para criticar la gestión de fondos públicos del Gobierno actual.

Así, el análisis de la GAO indaga en los errores cometidos por la Administración estadounidense, tratando de apuntalar la 'caída libre' de su economía. En el reparto de las ayudas asociadas a la Ley de Cuidados, se ha tenido en cuenta a las personas que declarasen sus impuestos en 2018 o 2019 y cuyos ingresos anuales no alcanzaban los 99.000 dólares. Por tanto, la forma en la que redactó esta ley no contemplaba la posibilidad de que algunos de estos contribuyentes hubiesen muerto en este periodo de dos años.

Los abogados del IRS determinaron que no tenían la autoridad legal para negar los pagos a las personas que habían presentado una declaración, incluso si estas habían fallecido en el momento del pago.

Por su parte, los funcionarios de Hacienda se han 'justificado' diciendo que la Ley de Cuidados ordenaba la entrega de las ayudas "lo más rápido posible". Para cumplir con este mandato, utilizaron procedimientos como los de la crisis de 2008, por lo que no se consideraron los registros de defunciones. Una 'debilidad' del sistema de pagos que la sobre la que GAO ya había hecho recomendaciones en 2013.

Aunque tras esta advertencia la IRS incorporó este filtro en sus trámites, la falta de control motivada por la pandemia "aumentó sustancialmente el riesgo de hacer pagos potencialmente indebidos a los difuntos", según las pesquisas de la GAO.

Al enterarse de se estaban produciendo estos pagos indebidos, en los tres lotes iniciales, -es decir, en el 72% de las ayudas emitidas desde el 31 de mayo- Hacienda tomó medidas para evitar la práctica. Aunque obtuvieron acceso temporal a los datos de muertos de la Seguro Social, el 'daño' ya estaba hecho.

En el análisis de la GAO también apunta que el Programa de Protección de Sueldos (PPP en sus siglas en inglés), pensado para las pymes, también podría ser una iniciativa vulnerable por sus controles laxos. Por el momento, ya se han 'emitido' más de 500 billones de dólares en forma de préstamos perdonables, para que las pequeñas empresas puedan seguir pagando a sus trabajadores.

En aras de la rapidez, el programa permite a los prestatarios autocertificar que cumplen los requisitos para solicitar las ayudas. Por lo tanto, la GAO insta a la Administración a establecer mecanismos de control al acceso de estas subvenciones.

Otro fraude que señala el informe es el de las personas que están recibiendo simultáneamente los salarios de los préstamos PPP y beneficios de desempleo, mejorados bajo la Ley de Cuidados. Pero el Departamento de Trabajo no cuenta con registros para comprobar si hay casos en los que estas ayudas se solapan. En mayo, los estados recibieron más de 42 millones de reclamos por desempleo.