Más de 12.000 presos serán liberados de las cárceles de México por decreto presidencial de López Obrador

A lo largo de los últimos años, grupos de derechos humanos han denunciado en México tanto su sistema judicial por el uso de la tortura como las condiciones en las que conviven los reclusos, con cárceles aglomeradas que derivan en el hacinamiento, la falta de atención médica y la necesidad de recurrir a los familiares para garantizar la alimentación básica. También es muy común entre sus reos que el encarcelamiento se prolongue durante años sin que haya una sentencia firme que los condene.

Estas circunstancias se tornarán diferente en los próximos días, no lejos de la polémica, cuando Manuel López Obrador firme un decreto presidencial que permitirá la liberación de las cárceles federales de al menos 12.350 presos.

La medida afectará a aquellos reos que lleven más de 10 años sin una sentencia firme por delitos leves, a mayores de 75 y enfermos crónicos mayores de 65 que igualmente no hayan cometido delito grave o de sangre, y a todos los presos que hayan sido torturados siempre y cuando esto se compruebe mediante el Protocolo de Estambul. Los mayores de 65 años, continuarán su proceso bajo prisión domiciliaria.

"No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie”, declaró López Obrador, quien quiere que los presos federales sean liberados antes del 15 de septiembre.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó a este respecto que “no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para obtener una confesión dentro de la propia prisión”.

Históricamente, la tortura en los centros penitenciarios de México ha sido un método recurrente para investigar delitos y forzar la confesión de sospechosos que, muchas veces, no cometieron el delito del que se les acusa.

Según un estudio de la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que promociona los derechos humanos de América, en el que participaron decenas de miles de presos en 2019, casi el 80% de los reos ha sido maltratado o torturado por funcionarios.

De los más de 10.000 casos de tortura federal que WOLA analizó entre 2006 y 2018, sólo en 50 de ellos el torturador fue condenado. La liberación de presos que confesaron delitos mediante tortura podría afectar a casos atroces como la sonada desaparición en 2014 de 43 estudiantes de magisterio. Muchos sospechosos vinculados a este delito han denunciado haber sido golpeados, y vejados.

“Si queremos erradicar la tortura -como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país-, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad de inmediato, y los torturadores deben ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando este gobierno”, ha dicho el subsecretario Alejandro Encinas.

El Órgano Administrativo Descentralizado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado el hacinamiento en 172 centros penitenciarios federales, de un total de 288, es decir, el 60% del total.

De las 220.114 personas recluidas en cárceles federales, cerca de la mitad, un 43%, permanece interna a la espera de una sentencia. Una proporción que se ha mantenido más o menos constante durante la última década. En ese aspecto, México se diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que presentan porcentajes más elevados de presos sin condena. También en similitud con otros países, la población penitenciaria se divide en un 95% de hombres y un 5% de mujeres.

“Es importante tomar en cuenta que hay muchos detenidos, presos que no tienen sentencia, y que no es solo jurisdicción federal, también es jurisdicción común”, ha declarado López Obrador.

Según la Constitución en México, tal como se establece en el artículo 89, apartado XIV, el presidente tiene la facultad de conceder indultos a los sentenciados por delitos del fuero federal.