Bruselas presenta su propuesta de ‘pasaporte covid’ para salvar la temporada turística

Digital y en papel, gratuito, en inglés y en el idioma del Estado miembro, con hasta 11 datos personales y con un sistema en forma de código de barras para que pueda ser reconocido por las autoridades de los 27 Estados miembros. La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de reglamento para que la Unión Europea tenga, a más tardar en junio, un “certificado verde digital”, un documento que serviría de salvoconducto de viaje y que no tiene verde por ningún sitio.

Tres semanas después de recibir el visto bueno preliminar de los Estados miembros, la presidenta Úrsula Von der Leyen se presentó hoy en la sala de prensa –por donde no aparecía desde noviembre- para, junto a cuatro comisarios, ‘vender’ su propuesta, que sigue siendo recibida con reticencias en varios gobiernos del bloque.

Bruselas pretende que el “certificado verde digital” sea la pieza clave de una reapertura generalizada y gradual de las economías y sociedades europeas en cuanto la situación epidemiológica lo permita. Con ese documento, quienes hayan sido vacunados, hayan pasado el covid-19 o tengan un test negativo podrán viajar más fácilmente, sin tener que someterse a restricciones de salud pública como aislamientos o cuarentenas. Eso, espera la Comisión, hará revivir este verano el sector turístico europeo.

Según la Comisión, el certificado “permitirá que los ciudadanos europeos y sus familias puedan ejercer su derecho a la libertad de movimientos al demostrar que cumplen con los requisitos sanitarios impuestos”. Pero a la vez el documento no será obligatorio para “ejercer la libertad de movimiento”, asegura el Ejecutivo europeo, que añade que ni obliga ni da derecho a vacunarse. La diferencia es que quien no se haya vacunado, no haya pasado la enfermedad y no tenga un test negativo tendrá que cumplir con las restricciones sanitarias.

Bruselas adelanta así que los gobiernos no impondrán restricciones como aislamientos a quienes tengan un test negativo, algo que está por ver que los gobiernos vayan a aceptar cuando algunos, como el belga, ni siquiera permiten viajar salvo casos excepcionales.

Acompañada por los comisarios de Mercado Interior e Industria (el francés Thierry Breton), de Salud (la chipriota Stella Kyriakides) y de Justicia (el belga Didier Reynders) –además de por los vicepresidentes Vera Jourova y Margaritis Schinas, Von der Leyen, que aprovechó para decir que “la situación epidemiológica va a peor”, explicó lo que considera las bondades de su propuesta, pero la conferencia de prensa se convirtió en pocos minutos en un repaso a los incumplimientos de las farmacéuticas y los problemas con la vacuna de la anglo-sueca AstraZeneca.

El ‘certificado verde digital” será válido en 31 países: los 27 Estados miembros de la Unión y en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Será emitido a cualquier ciudadano europeo o residente legal en algún país de los 31, así como a los miembros de su familia con independencia de su nacionalidad.

- nombre y apellidos

- número de carnet de identidad

- fecha de nacimiento

- enfermedad para la que se ha vacunado

- tipo de vacuna

- marca de la vacuna

- empresa que fabricó y/o comercializó la vacuna

- número de dosis necesarias

- fecha de la administración de la/las dosis

- lugar de la vacunación

- identificación del emisor del certificado

La Comisión quiere, frente a lo previsto inicialmente, que ese certificado también se entregue a quienes hayan recibido vacunas no autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento –esencialmente rusas y chinas- siempre y cuando esas vacunas sí hayan sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Es la fórmula para no excluir del sistema a húngaros, eslovacos o croatas. Sus gobiernos ya están usando la Sputnik-V rusa y la Sinopharm china. Las cuatro vacunas autorizadas hasta ahora por la Agencia Europea del Medicamento son las de AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna y Janssen.

Reynders considera que la propuesta no es, como se critica, “discriminatoria” y que además es “eficiente”, pero en los gobiernos que no ven con buenos ojos que el “certificado verde digital” sirva como salvoconducto para viajar sin restricciones –como el Gobierno belga, del que formó parte Reynders durante tres lustros- se considera que sí es una propuesta discriminatoria cuando gran parte de la población todavía no tiene acceso a las vacunas.

El reglamento establece que si un Estado miembro decidiera seguir exigiendo cuarentenas o un test negativo a personas que tienen el certificado, debería explicar a la Comisión y a los demás Estados miembros las razones que justifican el mantenimiento de esas restricciones.

Uno de los desafíos más urgentes será, explica la Comisión, “acordar los requisitos técnicos que se usarán para garantizar que la interoperabilidad, seguridad y posibilidad de verificación” de los certificados por parte de las autoridades competentes en cada Estado miembro, que además podrán ser en algunos casos sólo las autoridades nacionales, pero en países más descentralizados como España, Bélgica o Alemania, también las autoridades regionales.

La propuesta puede además provocar, cuenta un diplomático crítico con la misma, que muchos jóvenes, para viajar libremente este verano, intenten contagiarse voluntariamente. O que haya quienes intenten saltarse su turno en la lista de vacunación para estar vacunados antes de verano aunque no les toque. Cuando se aprobó en la última cumbre que la Comisión desarrollara la propuesta, Angela Merkel dijo que sólo la vería bien cuando la mayor parte de la población europea estuviera vacunada.

Hay más preguntas sin respuesta en la propuesta de la Comisión: ¿cómo se puede demostrar que uno pasó el covid-19 si no hay un registro nacional de esas personas que así lo establezca?, ¿aceptará cualquier admitir que pasó la enfermedad?, ¿cuánto dura la inmunidad que generan los anticuerpos de quien pasó la enfermedad si no está vacunado?, ¿hay certeza de que los vacunados no son contagiosos aunque no tengan síntomas?

El reglamento propuesto por la Comisión empieza ahora la senda legislativa bruselense y queda en manos del Parlamento Europeo y de los gobiernos en el Consejo. La propuesta no tiene fecha de caducidad pero la Comisión admite que el reglamento dejará de aplicarse en cuanto la Organización Mundial de la Salud declare que la pandemia ha acabado.