EEUU: los menores migrantes que crucen solos la frontera podrán solicitar asilo antes de ser deportados

Sabido es que en Estados Unidos hay un enorme conflicto con respecto a cómo abordar la avalancha de migrantes que provienen de Latinoamérica y Centroamérica huyendo, en la mayoría de los casos, de la pobreza y la miseria, la inseguridad, la persecución política de regímenes dictatoriales o la falta de trabajo….

Entre los problemas de migración ilegal a los que se han enfrentado las distintas administraciones estadounidenses en los últimos años ante la avalancha de personas que tratan de cruzar la frontera, se encuentra el de los menores de edad que cruzan al país sin la compañía ni la protección de al menos uno de sus progenitores.

En este caso, huyen también del reclutamiento forzado y las amenazas de muerte de las maras o pandillas, que les obligan a realizar actividades ilícitas como involucrarlos en el tráfico de drogas o de armas.

Durante el año fiscal de 2019 que llegó a su final en el mes de septiembre, las autoridades de inmigración estadounidenses aprehendieron a 76.020 menores que viajaban sin sus padres, la mayoría provenientes de Centroamérica: un 52% más que durante el año fiscal anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Antes de que llegara la pandemia, los menores no acompañados que entraban ilegalmente en Estados Unidos eran recibidos ante la audiencia de un juez de inmigración y permanecían en el país bajo la protección de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento. Pero la Covid-19 hizo que el actual Gobierno diera también un giro a la política migratoria aplicada a estos jóvenes y adolescentes, otorgando a los funcionarios de inmigración estadounidenses de autoridad para expulsar a los niños migrantes, sin pasar por el proceso de protección o amparo para solicitar asilo.

La orden del 20 de marzo emitida por los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) invocó una ley de salud pública de 1944 que permite al gobierno expulsar a cualquier extranjero que represente una amenaza en la propagación de enfermedades durante una emergencia de salud pública.

Desde entonces, más de 147.000 personas, incluidos 14.000 niños que han recorrido miles y miles de kilómetros sin la protección de un adulto, han cruzado la frontera ilegalmente, de acuerdo con las estimaciones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). 8.000 de esos menores fueron deportados sin tener la oportunidad de presentar su caso ante la Corte.

Mientras muchos de esos niños han sido devueltos inmediatamente a México, otros fueron retenidos y aislados durante días o semanas en centros de detención y hoteles de varias cadenas importantes, hasta ser deportados. Esta situación provocó durante los últimos meses numerosas protestas por parte de organizaciones pro- inmigrantes al considerar que los menores debían ser enviados a albergues financiados por el Gobierno. Se manifestaban también en base a las leyes federales contra el tráfico humano y un fallo judicial de hace 20 años que rige el trato de los menores migrantes, y que requiere que la mayoría de los niños sean alojados en refugios para luego entregarlos a familias de acogida.

Así sucedió hasta que en septiembre, un juez federal ordenó a la actual Administración que dejara de recluir a los menores en habitaciones de hoteles, y mandó a las autoridades que utilizaran los refugios designados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés). 

Los abogados y defensores de los migrantes aseguran además que, los niños migrantes aislados en hoteles, están expuestos al sufrimiento de traumas por retenerlos en lugares impropios, y encontrarse al cuidado de contratistas la sin formación apropiada.

“Han creado un sistema en las sombras en el cual nadie rinde cuentas por la expulsión de niños muy pequeños”, dijo la abogada Leecia Welch, de la ONG National Center for Youth Law (Centro Nacional para el Derecho Juvenil). “No hay palabras para describir el ejemplo vergonzoso del sacrificio de los niños en aras de leyes de inmigración despiadadas”, manifestó la letrada.

Sin embargo, la administración de Donald Trump ha sufrido un revés tras la orden dictada esta semana por un juez federal del Distrito de Columbia, Emmet Sullinan, al determinar que se detenga la práctica de expulsar a los migrantes menores de edad que lleguen a Estados Unidos sin sus padres. Se trata de una orden preliminar que surge a raíz de un caso presentado por los grupos de defensa, incluida la UCLA, al representar a un adolescente de 16 años guatemalteco que fue rechazado en la frontera en agosto. Dicha orden, requiere que la administración tramite las solicitudes humanitarias de los menores, y que no sean devueltos a sus países de origen sin el debido proceso.

“Este es un paso enorme”, ha declarado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. “Si las personas necesitan ser examinadas y puestas en cuarentena, que así sea, pero el gobierno no puede expulsarlas sin una audiencia”, señaló Gelernt.

Helena Olea, representante de Alianza Américas, ha manifestado por su parte que “es muy importante la orden del juez Sullinan porque “está reconociendo a los niños como un grupo de personas que necesita protección, ordenando que no sean devueltos a sus países de origen, sino que se les permita pedir asilo en Estados Unidos”.

De manera muy diferente piensa el, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Chase Jennings, quien denunció el fallo de Sullivan y lo calificó de "juez activista":

“La peligrosa decisión de hoy es la propagación de la agenda de un juez que está a miles de kilómetros de la frontera, frente a la ciencia y la ley, con total desprecio por la salud de aquellos cuyas vidas se verán afectadas”, dijo Jennings en un comunicado. "Junto con los socios de la rama ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional está explorando todas las opciones para garantizar que esta herramienta vital de salud pública se restablezca rápidamente".

El Departamento de Justicia no ha confirmado que vaya a apelar, aunque sí ha recurrido la resolución del juez federal que prohibió detener en los niños en los hoteles.

En previsión a que dentro dos meses el presidente electo, Joe Biden, tome posesión de la presidencia de Estados Unidos, se espera que el líder demócrata anule muchas de las políticas migratorias del presidente Trump. El equipo de Biden no ha concretado si la nueva Administración pretenderá continuar con la política de expulsión de los menores, pero sí se ha comprometido a revocar otras medidas de control fronterizo que limitan el acceso a los tribunales estadounidenses y las protecciones de asilo.

Además, Biden ha dicho que tiene intención de trabajar con el Congreso para poner sobre la mesa una reforma migratoria integral para los primeros 100 días de su mandato.