La Comisión Europea propone desacoplar el gas, reducir más la demanda e impuestos a las eléctricas

La Comisión Europea arrastró los pies durante meses, porque consideraba que el mercado eléctrico europeo funcionaba correctamente y porque no quería intervenirlo. En julio los ministros de Energía le forzaron el brazo y la comisaria del ramo, Kadri Simson, prometió “ideas” para octubre y una propuesta legislativa de reforma para marzo del próximo año. La escalada de los precios del gas y con ella de las facturas de la electricidad soliviantaron a los gobiernos, que exigieron a la Comisión Europea respuestas inmediatas. 

La semana pasada, la presidenta Úrsula Von der Leyen prometió “una intervención de emergencia” y una “reforma estructural. La primera pata es la urgente y este viernes, cuando vuelvan a reunirse los ministros, ya tendrán un primer documento con opciones sobre la mesa. En el fondo de los planes aparece el reparto del coste del aumento de los precios de la energía: qué parte debe cargarse a los hogares y a la industria, qué parte deben asumir los Estados en forma de gasto público y cómo se reducen esas dos losas extrayendo parte de los beneficios extraordinarios a las eléctricas.

El documento que la Comisión preparó para los gobiernos asume que la energía explica buena parte de la inflación, que está afectando gravemente al bolsillo de los hogares y a la competitividad de la industria. También recuerda que la generación eléctrica en la UE está siendo menor de lo habitual, “sobre todo por la caída de generación nuclear” (salut la France) y “la reducción de la generación hidroeléctrica” (hola España), “el bajo nivel del Rhin” (alo Deutschland) y, Eolo mediante, la falta de viento. Eso hace que se use más gas, más caro y menos disponible. Bruselas también entiende que una parte del problema puede estar en la falta de liquidez en los mercados eléctricos y, sin usar esa palabra, en la especulación.

Con esos argumentos, la Comisión prepara un documento con varias opciones:

1. Desacoplar y limitar el impacto de los precios del gas en la electricidad. Se haría poniendo un tope al precio del gas que se usa para generar electricidad (copiado de la “excepción Ibérica”), poniendo otro tope a lo que se paga por el gas importado (de Rusia) y excluyendo el precio de la generación de electricidad a partir de gas de la formación de precios en el mercado eléctrico. Tanto la “excepción Ibérica” como la idea de limitar los precios del gas sólo para algunos países (los más dependientes del gas ruso) genera controversia. 

2. Aumentar la liquidez en los mercados. A partir de tres mecanismos: poner en marcha desde el Banco Central Europeo líneas de crédito, cambiando las normas del comercio de energía por ejemplo modificando las garantías requeridas en el mercado eléctrico mayorista y suspendiendo el mercado de derivados de energía y limitando el de futuros dentro de unas bandas de precios.

3. Reducción de la demanda. Hay que gastar menos energía. La Comisión quiere que los gobiernos se comprometan a aplicar medidas suplementarias de reducción de la demanda eléctrica. Y que a la vez ayuden a los hogares y a las pymes más vulnerables con tarifas especiales, que no todos los países aplican. Bruselas estima que esas tarifas fijas no deben ser para todos, sólo “para consumidores de bajos ingresos y empresas vulnerables”, porque además generalizarlas iría contra la idea de reducción de la demanda.

4. Impuesto a las eléctricas. Bruselas no usa la palabra impuesto, le gusta más hablar de “limitar el precio de la electricidad que cobran los generadores” más baratos. Si todo se paga al precio del gas los que generan electricidad a partir de nuclear o renovables tienen un margen de beneficio extraordinario enorme. Ese margen se les limitaría. En lugar de cobrarles un impuesto posterior a ingresos se les pagaría menos al desacoplar el precio del gas de la formación de precios. En la práctica es lo mismo: reducir lo que ingresan las eléctricas. Pero no lo llames impuesto.

5. Tocar el mercado europeo de emisiones. Bruselas se pregunta cómo podría tocarse para reducir los precios de la electricidad. La lucha contra el cambio climático es vital, pero la economía de los próximos meses y la estabilidad política es más vital, piensa la Comisión Europea.

El Ejecutivo europeo explica en su documento a los gobiernos que este menú de opciones (que no es un lo tomas o lo dejas, que se puede aprobar en partes o negociar) sí debe servir para asegurar un suministro suficiente de electricidad y gas en Europa, conservar el mercado europeo de energía y no aumentar el consumo de gas (una consecuencia previsible si se limita su precio). 

La Comisión quiere medidas que sean de fácil y rápida implementación y que se puedan coordinar a nivel europeo aunque no sean exactamente las mismas para todos los países. Y que alivien el impacto en las facturas de los consumidores para evitar una crisis social en los próximos meses y, como advierte la presidencia checa, la “desindustrialización” de Europa.

A medio plazo, probablemente para después de Navidad, la Comisión se compromete a presentar una propuesta de reforma del mercado eléctrico. Ahí volverá a proponerse la reforma del sistema marginalista (se paga toda la electricidad al precio de la más cara, la generada con gas), pero en Bruselas hay dos visiones que chocan. La primera, que defienden los más liberales, estima que el mercado eléctrico europeo funciona correctamente salvo en épocas de crisis y que no debe ser cambiado. Además creen que los actores del mercado se adaptarían de forma que la diferencia sería mínima. Sí aceptarían avanzar como sugirió en abril un informe de la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía, que propone crear mercados de futuros a largo plazo (20, 30 años) con bandas de precios limitadas para dar certitud a los inversores a largo plazo. 

Los más intervencionistas (que están en minoría pero creciendo en esta crisis) creen que el mercado está roto y que la liberalización de los años 90 se hizo de forma errónea. Estos creen que la solución es una nacionalización parcial. Que, como en Francia y en parte en los países escandinavos, los Estados tengan una eléctrica pública que gestione todos los palos: nuclear e hidroeléctrica donde la haya, renovables y gas. Que se decida por decreto el precio medio: las pérdidas de unas tecnologías se compensarían con los beneficios de otras. Las eléctricas privadas serían libres de competir con la pública.