Las complicaciones que pueden arruinar el plan europeo para intervenir el mercado eléctrico

La función no acaba hasta que canta la gorda, solía decirse en tiempos en la ópera. La saga de la intervención europea del mercado eléctrico lleva camino de ser una larga función con resultado impredecible porque apenas tres días después de presentarse oficialmente el plan empiezan a lloverle críticas. La Comisión Europea montó un entramado con cuatro pilares:

2. Imponer una “contribución” (no lo llame impuesto) a las empresas que usan combustibles fósiles (las que no verán limitado en 180 euros lo que se les paga por megavatio). Ese impuesto (llamemos a las cosas por su nombre) será del 33% de los beneficios superiores a un 20% adicional a los del período 2018-2021.

3. Reducir el consumo eléctrico, de aquí a finales de marzo, un 10% en general y un 5% en horas punta, las de más consumo, cuando es necesario tirar de las plantas de gas para cubrir la demanda eléctrica.

4. Proveer de liquidez –a través de préstamos- a los operadores del mercado eléctrico para evitar quiebras que pongan en riesgo el sistema.

La tinta del plan no se había secado del todo cuando ya se levantaron las primeras voces. Todos los puntos están en duda, confirman fuentes diplomáticas en Bruselas. La industria intensiva en energía, representada en Bruselas a través de lobbies, considera que las medidas son tímidas y que no reducirán drásticamente el precio de la energía. Piden medidas más eficaces y urgentes.

El primero, el de limitar a 180 euros lo que se paga por megavatio de electricidad en plantas que no usan gas, es rechazado abiertamente por el Gobierno holandés alegando que la legislación que regula su liberalizado mercado eléctrico lo prohíbe. Los países que apenas generan electricidad por su cuenta y que dependen de importaciones (Luxemburgo, Lituania) alegan que el dinero que se extraerá al aplicar ese tope no llegará a ellos.

El impuesto o contribución tampoco se recibió con unanimidad. A Polonia no le gusta, así que la Comisión decidió que el plan se aprobaría por mayoría reforzada y no por unanimidad para evitar vetos. También para no correr el riesgo de que Hungría –o la propia Polonia- lo bloqueara para presionar en otros asuntos. Polonia alega que la política fiscal se decide por unanimidad y que eso que la Comisión Europea llama “contribución” es en realidad un impuesto que debería aprobarse por unanimidad. La reducción del consumo eléctrico es también materia de controversia. Bruselas propone que esa reducción sea obligatoria, pero no señala cómo debe hacerse y da libertad a cada país para tomar las medidas que crea conveniente. Un diplomático escandinavo cuenta que algunos países consideran que esa reducción debe ser voluntaria y que la Comisión deja a las capitales con poco margen de maniobra.

La parte que incluye alimentar en liquidez a los mercados parece desgajarse del plan porque ya está en la agenda de la reunión de principios de octubre de los ministros de Economía y Finanzas, que se la quedan y no dejarán que sean los de Energía los responsables.

También hay críticas sobre las omisiones. El plan finalmente no incluye un tope a lo que se paga por el gas importado, ni siquiera por el ruso. Pero muchos gobiernos critican esa omisión. Algunos, como el polaco o el italiano, siguen insistiendo en ese tope y no sólo para el gas ruso sino para todo el gas importado. Otros, como Austria, no quieren ni oír hablar del tema. Casi el 50% del gas que usa sigue llegando de Rusia y Putin amenazó con cortar los últimos suministros si se aprobaba ese tope.