Macron intenta evitar un otoño de bronca social

Francia va camino de un otoño de movilizaciones y broncas sociales como no se ha visto desde los años 90. El Gobierno francés intenta maniobrar para evitar la movilización social contra sus políticas pero los sindicatos han decidido plantarle cara. Los principales sindicatos del país, con la potente CGT (su secretario general, el bigotudo Philippe Martínez, es de origen español) a la cabeza, convocaron ya una huelga general para este martes. Exigen subidas salariales acordes a la inflación y que el Gobierno deje de intentar romper la huelga que llevan a cabo los trabajadores del sector de los carburantes y que está dejando secas las gasolineras francesas.

CGT, Force Ouvrière, Solidaires y la FSU convocaron el jueves el paro general para este martes después de que empezaran a crecer como champiñones los llamamientos de huelgas sectoriales. El principal objetivo es paralizar la red de transportes pero la huelga se extenderá al comercio, los servicios, el sector energético, la educación o la administración pública. Los sindicatos intentan también adelantarse para que no sea la extrema derecha de Marine Le Pen la que capitalice el malestar social, alimentado por la inflación y la negativa gubernamental y empresarial a revalorizar salarios y pensiones al ritmo de la subida de precios. Los sindicatos acusan al Gobierno de ponerse “del lado de los especuladores”, de llevar a cabo una “estrategia ultraliberal” y de negarse a negociar y querer gobernar por decreto. El propio Macron ya ha dicho en ocasiones que si la Asamblea Nacional (donde su partido no tiene mayoría) bloquea las leyes importantes, las aprobará por decreto. 

La Asamblea podría presentar en ese caso una moción de censura contra el Gobierno pero en la oposición parece difícil encontrar un acuerdo para plantearla con éxito. De darse y perderla el Gobierno, Macron disolvería las cámaras y llamaría a los franceses de nuevo a las urnas para legislativas. Las tres leyes que están en esa tesitura son la reforma del desempleo, la de las pensiones y la ley de los presupuestos generales de 2023. La izquierda política apoya la convocatoria de la huelga general y también organiza movilizaciones. Este domingo ya convocó a sus militantes a manifestarse “contra el coste de la vida”. Serán manifestaciones que servirán para tomar el pulso a las movilizaciones. A la huelga se suma hasta el sindicato mayoritario en las centrales nucleares francesas, CFE Énergie. Los sindicatos creen que tienen fuerza para resistir un otoño caliente. En la refinería de Esso (ExxonMobil) en Gravenchon llevan tres semanas de paro y no dan señales de ceder.

Las medidas puestas en marcha por ahora por el Gobierno para enfriar los movimientos sindicales y la bronca social no parecen haber tenido éxito cuando de una huelga en refinerías se ha pasado en semanas a llamadas a la huelga nacional. Los sindicatos consideraron la intervención del Gobierno francés para hacer funcionar las refinerías a pesar de la huelga va contra el sentido propio del derecho a la huelga. Las empresas empiezan a ceder a la espera de los movimientos gubernamentales. La energética TotalEnergie aceptó el jueves una subida salarial del 7%. El Gobierno había presionado a la empresa. El propio Macron dijo en televisión el miércoles que TotalEnergie tenía “beneficios importantes”, que “había distribuido mucho dinero a sus accionistas” pero que se “retrasaba para abrir negociaciones con los trabajadores”. El ministro de Finanzas Bruno Le Maire llegó a decir que la empresa “debería aumentar los salarios de todos sus trabajadores”. 

La Fundación Jean-Jaurès y la casa de sondeos Ipsos-Sopra Steria publicaron un informe del que dio cuenta el diario ‘Le Monde’ el pasado 4 de octubre. El informe asegura que los franceses están mucho más preocupados por las cuestiones económicas y laborales que cuestiones culturales o identitarias. El 58% de los franceses está “descontento” pero no “enfadado”. El 36% está enfadado. Apenas el 6% se siente satisfecho. El 54% está preocupado por el encarecimiento de la vida y sólo el 18% por asuntos como la delincuencia o la inmigración.