Londres no transmitió a los gobiernos europeos la información sobre 75.000 condenados
El Gobierno británico asegura que fue un fallo informático, pero trató de esconderlo
El escándalo complica las negociaciones sobre cooperación de seguridad en la relación post Brexit
Las negociaciones del capítulo de cooperación policial y judicial entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido serán mucho más difíciles después de que el diario británico ‘The Guardian’ desvelara que Londres falló estrepitosamente en cooperación judicial.
El Gobierno británico no envió a sus socios europeos, como marcan las normas del bloque, la información relativa a 75.000 condenas de ciudadanos europeos. Algunas por delitos tan graves como violaciones o asesinatos. El fallo empezó en 2015 y afectó al 30% de todas las condenas a ciudadanos europeos en territorio británico.
Los datos de las condenas de ciudadanos europeos en suelo británico deben ser enviados por una oficina dependiente del Ministerio del Interior y llamada ‘Criminal Records Office’ al ‘European Criminal Records Information Exchange System’, que coordina la distribución de esos datos entre los 28 países de la UE.
El fallo al transmitir la información sobre las condenas hace que personas con antecedentes judiciales, leves o graves, hayan podido volver desde el Reino Unido a sus países de origen sin que las autoridades británicas informaran a esos países de los crímenes cometidos y las condenas recibidas.
Un error informático que intentó taparse
Londres dijo al diario británico que el error se produjo de forma accidental por un problema informático, pero en lugar de remediarlo, informar a sus socios y transmitir los datos, la Administración británica intentó ocultar el escándalo.
Según ‘The Guardian’, en mayo del año pasado el Ministerio del Interior británico decidió tapar el escándalo porque temía que anunciar a sus socios el fallo y enviarles los dossieres, aún con retraso, “dañara la reputación del Reino Unido”.
Con el escándalo ya sobre la mesa, un mes después el Ministerio del Interior seguía teniendo dudas sobre la idoneidad de cumplir la normativa europea en este aspecto: “no hay seguridad de que los datos vayan a ser enviados a los países” y se argumentaba el mismo riesgo para la reputación del Reino Unido como socio fiable en materia de cooperación policial y judicial.
Bruselas guarda por ahora silencio pero fuentes comunitarias contaron a ‘NIUS’ que la Comisión Europea sigue el caso, como lo hacen algunos eurodiputados. En Londres también ha generado reacciones escandalizadas. Yvette Cooper, la laborista que preside el comité de Interior de la Cámara de los Comunes, dijo que las revelaciones de ‘The Guardian’ eran “profundamente preocupantes”.
Bruselas tendrá difícil confiar en Londres
El escándalo se suma a otros que van provocando que en Bruselas crezcan las dudas sobre las futuras relaciones policiales y judiciales con el Reino Unido. La semana pasada el comité de Justicia e Interior del Parlamento Europeo celebró una audiencia en la que recibió información sobre cómo el Reino Unido cometió “de forma deliberada violaciones y abusos” de su acceso a la base de datos del Sistema de Información Schengen, la mayor base de datos de la UE, destinada a ser usada por policías y servicios de fronteras y aduanas.
La Administración británica habría hecho copias totales o parciales de la base de datos de forma ilegal pues a ella sólo se puede acceder para contrastar datos caso por caso. El Gobierno británico quiere convencer a la Comisión Europea que la futura relación debe incluir la continuación de los intercambios de datos entre autoridades, así como la cooperación operativa de fuerzas policiales y judiciales.
Si el Gobierno de Boris Johnson no pide una prórroga del período transitorio, que acaba el 31 de diciembre de este año, ese día el Reino Unido tendrá que abandonar Europol y con la salida de la agencia de cooperación policial dejará de tener acceso a las bases de datos de la UE.