Bruselas intenta cuadrar el círculo de la política de asilo

"Solidaridad obligatoria" para que no haya más Morias y para ayudar a los países europeos que reciben la mayor parte de los inmigrantes económicos y los refugiados que llegan a territorio europeo. La comisaria europea de Interior (con competencias en política migratoria), la sueca Ylva Johansson, presenta este miércoles la esperada propuesta de reforma de la política de asilo.

Johansson va a pedir a los gobiernos que acepten lo que no aceptaron en 2016, un mecanismo por el que cada Gobierno europeo se haga cargo de una parte de los refugiados que llegan a países como Grecia, Italia o España. Ese mecanismo no funcionaría en tiempos normales sino en caso de que un país se enfrente a un momento de "presión migratoria". En ese caso, cree Johansson, esa solidaridad "debe ser obligatoria" (lo dijo el sábado en una entrevista a la agencia francesa AFP).

Johansson espera un debate más sosegado (es mucho esperar) porque si en 2015 las llegadas irregulares superaron el millón de personas, en 2019 fueron apenas 140.000.

Argumenta Johansson que "todos los Estados miembros deben ayudar cuando hay una situación en la que un Estado miembro está bajo presión, cuando hay muchas personas que necesitan protección". Esa ayuda no tiene por qué ser sólo a través de la aceptación de refugiados, algo que varios países, principalmente Hungría, Polonia, Eslovaquia y Chequia, rechazaron de plano en 2015 y 2016 mientras cientos de miles de personas recorrían los caminos desde Grecia hacia países como Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Suecia.

Johansson explica que esa ayuda puede ser también en forma de medios para deportar a las personas que no tengan derecho a asilo. Es la eterna promesa europea de deportar a quienes son rechazados, también a los emigrantes económicos. Esas deportaciones (retornos, los llama Bruselas), que casi cada año se prometen mejorar, siguen sin ser efectivas porque en la práctica sólo termina en su país de origen entre el 35% y el 40% de quienes reciben una orden de expulsión. El resto se queda sin papeles.

Muchos países de origen se niegan a firmar acuerdos de repatriación de sus nacionales. Les echaría encima a su opinión pública pero además perderían una fuente de ingresos –las remesas- que supera con creces a cualquier ayuda al desarrollo. Algunos gobiernos africanos se limitan a no reconocer a sus nacionales para que no puedan ser deportados.

Dos semanas después del incendio del centro de retención de refugiados de la isla griega de Lesbos, en el que malvivían 13.000 personas cuando se había construido para 2.000, Bruselas sabe que su propuesta apenas "no gustará a nadie" y que la política de asilo europea es un fracaso.

Johansson debe destilar una propuesta –que tendrá cambios hasta última hora- que ponga de acuerdo políticas de asilo nacionales totalmente distintas y que además reciba el visto bueno del Parlamento Europeo, muy crítico con el trato que los gobiernos europeos dan a los refugiados y que viola normativa internacional y la propia Directiva Europea de Migración y Asilo.

Johansson quiere cambiar eso y promete que no habrá más Morias, pero la Comisión Europea ya trabaja con el Gobierno griego para poner en marcha un centro de retención “piloto”, un ejemplo a seguir. La comisaria sueca intentará al menos con su propuesta que el tratamiento de las solicitudes de asilo sea mucho más rápido, para que el refugiado pueda empezar a rehacer su vida si es aceptado o sea deportado rápidamente si es rechazado. Algunos refugiados llevan más de dos años en Moria.

Johansson cree que su propuesta será difícil de aceptar pero que "todos deben comprender que es un compromiso equilibrado". Su jefa, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen, dijo el pasado miércoles ante el Parlamento Europeo que pretende abolir el reglamento de Dublín. Asegura ese reglamento, parte de la Directiva de Migración y Asilo, que el responsable de gestionar la protección de los solicitantes de asilo es el primer país europeo que pisa el refugiado cuando entra en la UE.

Un reglamento que la crisis migratoria de 2015 y 2016 abolió ya en la práctica desde que Grecia vio pasar por su territorio en poco más de seis meses a más de un millón de refugiados. Grecia, que no podía hacerse cargo, los empujó hacia el norte. Uno tras otro, hasta que el húngaro les cerró la puerta con una valla, los gobiernos en la ruta los fueron dejando pasar hasta que la mayoría llegó a Alemania. Siguiendo el Reglamento de Berlín, Angela Merkel podría haberlos devuelto a Grecia. En la práctica era imposible.

Von der Leyen prometió la semana pasada "un nuevo sistema europeo de gobernanza de la migración", sin dar más detalles. En junio, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia, Letonia y Estonia enviaron una carta a Johansson en la que le pedían que la ayuda a los países con más llegadas de migrantes y refugiados se limitara a ayuda económica.

La propuesta incluirá probablemente la promesa de aumentar los fondos de ayuda al desarrollo para los países de origen de la inmigración, probablemente condicionándolos a algún tipo compromiso para que esos países cierren la puerta a la emigración y acepten las deportaciones, como hace Mauritania con España.

Es la vieja y falsa idea de que la ayuda al desarrollo puede frenar la emigración. La ayuda al desarrollo, cuando se utiliza bien, fomenta el desarrollo, no frena la emigración excepto que no sea ayuda al desarrollo sino ayuda al control de fronteras.

La literatura científica al respecto ha demostrado desde hace años que el desarrollo no frena la emigración, sino que, hasta cierto nivel de renta –que los especialistas colocan en un mínimo de unos 8.000 dólares- el desarrollo fomenta la emigración. Y que nadie ha inventado todavía política de desarrollo más eficiente y rápida que abrir la puerta a los migrantes de países que empiezan a desarrollarse, especialmente si les habilita un mecanismo por el que puedan ir y volver a sus países de origen de forma segura y legal.