La Comisión Europea y los ministros buscan medidas para proteger a Europa del impacto de las sanciones

Bruselas y los ministros de Economía y otros ramos ya estudian el impacto de la guerra en la economía europea. La Comisión Europea ya estaba pensando, antes del estallido de la guerra, mantener suspendidas también en 2023 las normas fiscales del bloque (el Pacto de Estabilidad, el que marca políticas fiscales que mantengan el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60%), que no se aplican desde que estalló la pandemia. NIUS lo había adelantado el 7 de febrero pasado.

Ese posible retraso está prácticamente confirmado para que los gobiernos tengan margen para seguir sosteniendo las economías. Este miércoles la Comisión Europea dio una patada a seguir, dejó para abril esa propuesta de decisión y sólo anunció unas guías para que los gobiernos tengan en cuenta a la hora de preparar los presupuestos de 2023. Recomendaciones para seguir sosteniendo los sectores económicos que se vean más dañados por la crisis, para proteger a los hogares más vulnerables de la subida de los precios energéticos y para a la vez no disparar el gasto público.

Los ministros de Economía y Finanzas también se reunieron para estudiar el impacto que tendrá en Europa el paquete de sanciones a Rusia. El Banco Central Europeo vigila la exposición de la banca europea a la deuda y a los mercados rusos. Sberbank, uno de los mayores bancos rusos, cesó sus operaciones en Hungría y Chequia. Sus depositantes recibirán un máximo de 100.000 euros. Sus redes en Croacia y Eslovenia serán traspasadas a bancos locales. Moscú le impide rescatar a sus filiales en Europa, que en los últimos días se habían quedado sin fondos por la retirada de dinero de sus clientes.

La próxima semana, en una cumbre de líderes en Versalles (prevista desde hace meses), se debe aprobar, cuentas fuentes comunitarias, un paquete de medidas que incluirían más flexibilidad para otorgar ayudas de Estado y más préstamos a empresas si fuera necesario. La Comisión Europea está ultimando los detalles.

Hay más propuestas. El Gobierno holandés empuja para que se bloqueen las fundaciones detrás de las que se esconden los activos de muchos oligarcas rusos. Y el Gobierno español pide que la OCDE y la Unión Europea incluyan a Rusia en su lista de paraísos fiscales, lo que provocaría aún más bloqueos en su sistema financiero. Los franceses están haciendo listados de propiedades en Francia de oligarcas rusos para confiscarlas.

Los ministros de Agricultura se reunieron de urgencia para empezar a diseñar medidas que protejan las cadenas de suministros de alimentos y de materias primas alimentarias. Francia pide que la Unión Europea movilice desde Naciones Unidas hasta el G20 para impedir la inseguridad alimentaria, no sólo en Ucrania sino también en país del norte de África como Egipto y Túnez (también sub-saharianos), muy dependientes de las importaciones de cereales ucranianos.

Ucrania ya no es el “granero de Europa” como lo fue en el siglo XIX pero es una super potencia en materia de cereales como trigo, maíz, colza o girasol. Esos cereales son también los que en gran medida alimentan la cabaña ganadera europea.

El ministro Luis Planas pidió medidas de choque porque España argumenta que el cese de las exportaciones ucranianas y la subida de los precios en los mercados de materias primas pueden provocar un colapso en las cadenas de suministros y paralizar la producción ganadera en varios países europeos, España entre ellos.

Fuentes del Gobierno contaron que el ministro Planas pidió a la Comisión “iniciativas que permitan aumentar la disponibilidad de materias primas para la alimentación animal en el mercado comunitario, cuyas importaciones procedentes de Ucrania han quedado interrumpidas por el conflicto bélico”. Planas también pidió adaptar las ayudas de la PAC a las nuevas circunstancias para tener más superficie destinada a producir cereales y oleaginosas.