¿Qué es lo que encalla la negociación entre Londres y Bruselas?

Las últimas horas han sido muy intensas y surrealistas en Westminster. La octava ronda de negociaciones entre el Gobierno británico y la Unión Europea ha arrancado en Londres ensombrecida por las últimas maniobras de Downing Street, que podrían echar por tierra el trabajo de muchos meses de reuniones en busca de un acuerdo de libre comercio que entre en vigor tras el periodo de transición, es decir, el 1 de enero de 2021.

En lo que coinciden sendos equipos es en que queda muy poco tiempo para cerrar un compromiso. El límite que ha impuesto Boris Johnson es que se logre antes del Consejo Europeo del próximo 15 de octubre. Si ninguna de las partes se levanta antes de la mesa -y a ambas ganas no les falta- las conversaciones de esta ronda se prolongarán hasta este jueves.

La agenda incluye una decena de temas que va desde la energía, a la aviación, pasando por la cooperación policial y judicial, al comercio de mercancías y servicios, entre otros. Los subsidios estatales especialmente y la pesca en menor medida son los más espinosos, pero ahora la cuestión de Irlanda del Norte ha vuelto a cobrar protagonismo.

Subsidios estatales

Se refiere a la asistencia financiera que un gobierno proporciona a las empresas. Bruselas pide igualdad de condiciones en ese sentido, que ambas partes sigan las mismas reglas dentro del acuerdo de libre comercio para estar seguros de que una compañía en un país no tiene más ventajas respecto a sus competidores en otro. La UE ha suavizado sus demandas, pero todavía sigue siendo estricta en esto porque el Reino Unido está estrechamente vinculado a la economía europea.

El equipo negociador de Michel Barnier está a la espera de que el que dirige David Frost desvele qué tipo de política de competencia va a seguir fuera del mercado único y qué sistema piensa poner en marcha para resolver disputas en el futuro.

Sin embargo, el Reino Unido dice que la UE continúa pidiendo demasiado: que debe asimilar que el país se va definitivamente, que es un estado soberano y que va a seguir sus propias normas. Quiere tener libertad para elegir en qué sectores invierte y poderlo hacer en cualquier zona de su territorio.

Irlanda del Norte

El acuerdo de salida que firmó el año pasado el Ejecutivo de Boris Johnson incluye el llamado Protocolo de Irlanda del Norte. Con la intención de evitar una frontera física entre las dos Irlandas, “esta región del país permanecerá en la práctica, tras el Brexit, como miembro del mercado único, por lo que estará sujeta a la legislación de subsidios estatales de la UE. El Gobierno británico no puede dar ayudas a compañías allí otorgándoles ventaja respecto a las del sur de la frontera en la República de Irlanda", explica el periodista y autor del libro Brexit e Irlanda, Tony Connelly.

Boris Johnson había prometido sacar al Reino Unido por completo de la UE, pero ha quedado claro que el arreglo que hizo para Irlanda del Norte no satisface a los más extremos defensores del Brexit. Y ahora dice que el acuerdo de salida es “contradictorio” en lo que se refiere a esa región del país y pretende aprobar legislación que reescriba algunos aspectos de este acuerdo. Hay mucha expectación por conocer dicho proyecto de ley para el Mercado Interno que se publica este miércoles.

El Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha admitido, para sorpresa de los diputados que estaban en la Cámara de los Comunes que “esto viola el derecho internacional de una manera muy específica y limitada”. Según Lewis, “los cambios son necesarios para que Irlanda del Norte no sea tratada de forma diferente al resto del Reino Unido”.

El responsable del departamento jurídico del Gobierno, Jonathan Jones, no lo ve así. El hecho que el Reino Unido no cumpla con sus obligaciones legales le ha llevado a dimitir. Su decisión es muy significativa porque es uno de los asesores más veteranos en esta materia y se convierte en el sexto funcionario de alto rango que decide abandonar este año.

Parlamentarios conservadores se han llevado las manos a la cabeza tras escuchar la extraordinaria admisión de Lewis. Una de las más duras ha sido la ex Primer Ministra, Theresa May, para la que estos cambios pueden dañar la reputación del país: “Dado que este Parlamento aprobó este acuerdo, ¿cómo puede el Gobierno garantizar a futuros socios internacionales que se puede confiar en que el Reino Unido cumpla con las obligaciones legales que comportan los compromisos firmados?”

Pesca: acabar con el acceso sin restricciones de los barcos europeos

La Federación de Pescadores de Escocia y la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que apoyan la línea del Gobierno. Para su industria, abandonar la Política Pesquera Común tiene que ver con cambiar una cuestión fundamental: “la desgraciadamente injusta asignación de cuotas en nuestras aguas, donde la flota de la UE tiene derecho a acceder sin restricciones y derecho a pescar cinco veces más en aguas británicas que nosotros en las suyas”.

Su objetivo es, a partir de ahora, mantener un control total de las aguas. Según estas federaciones, “no significa negar a los barcos de la UE acceso a pescar en la zona Económica Exclusiva del Reino Unido. Ese acceso se negociaría una vez al año, como es el caso entre la UE y Noruega, y otros países que no son miembros. Según el derecho internacional eso es lo que tocaría hacer si no se lograse un acuerdo previo”.

¿Por qué torpedear un posible acuerdo comercial cuando aún es posible?

Esa es la pregunta que se hacen los expertos en el Reino Unido. ¿Es teatro? ¿Es un arma negociadora? Sea lo que sea, algunos la consideran “enormemente provocadora”. Para el director del Centro Europeo para la Economía Política Internacional con sede en Londres, David Henig, es una pataleta. Tras vulnerar así el derecho internacional “va a ser muy difícil para la UE aceptar un acuerdo comercial”, asegura.

A pesar de que, según las últimas encuestas, la mayoría de los británicos prefiere que se llegue a un acuerdo antes del final del periodo de transición el 31 de diciembre, la posibilidad de salir a las bravas es cada vez mayor. Boris Johnson ya está preparando a los ciudadnos para ello con una serie de mensajes optimistas, pero las empresas que tienen que comerciar con países europeos advierten que las consecuencias serán “desastrosas”. Les tocará lidiar con nuevas tarifas, burocracia y otros muchos obstáculos.