Cuando el Estado se convierte en la inmobiliaria de la mafia

El pasado julio los Carabinieri volvieron a entrar en las mansiones de los Casamonica. En este caso, en la de Guido, un miembro de la familia que había estado en la cárcel por agredir a un marmolista al que le había encargado diez capiteles romanos que nunca pagó. Las redadas en las villas de los Casamonica, uno de los clanes mafiosos que controlan el tráfico de drogas en Roma, se han convertido en un clásico de la crónica local de los últimos años.

Tanto que la noticia no es que se produzca una más, sino qué encontrarán esta vez: grifos de oro, esculturas ecuestres o relojes con pedrería incrustada. Todo ello en unos inmuebles, que valen millones de euros, y que el Estado gestiona después de su incautación.

Esto ocurre después de que se produzca una sentencia en segundo grado, contra la que todavía cabe un último recurso. En ese momento las propiedades requisadas a la mafia pasan a ser controladas por la Agencia Nacional para la administración y destinación de los bienes confiscados a la criminalidad organizada, un órgano creado en 2010 con la misión de actuar como una especie de administrador concursal de este patrimonio. Su labor consiste en registrar la lista de posesiones y tratar de cederlas al Estado o sus entes locales -regiones, provincias o ayuntamientos- para que sean reutilizadas.

Desde su nacimiento hasta hoy, la agencia ha conseguido transferir cerca de 16.000 propiedades, de las que casi 13.000 han ido a parar a administraciones locales, que las suelen aprovechar para fines sociales. Sin embargo, en los cajones de estas oficinas hay otros 17.700 bienes inmobiliarios por asignar. “El procedimiento judicial es farragoso, por lo que los tiempos para su adjudicación siempre se dilatan. Además, debe existir interés por parte de ayuntamientos o regiones, que ya tienen una alta concentración de estos inmuebles a su servicio, y a veces están en dificultad económica para asumir más”, señala al teléfono Edoardo Sottile, número dos de la Agencia para los bienes confiscados. La transferencia a las administraciones es gratuita, pero después éstas deben hacerse cargo de su manutención.

En la entrada de la Casa del jazz, una enorme lista recuerda a las víctimas de la mafia. A un lado se encuentra la Muralla Aureliana, la antigua barrera protectora de Roma; y al otro, una villa que un día perteneció a Enrico Nicoletti, el tesorero de la Banda de la Magliana, un clan mafioso local que vivió su esplendor en los años setenta. Tres décadas más tarde, el Ayuntamiento de Roma expropió el complejo formado por un casoplón y un gran parque que lo rodea. Y ahora, como su propio nombre indica, la casa de Enrico Nicoletti es uno de los lugares donde se pueden escuchar algunos de los mejores conciertos de jazz de la ciudad.

Una mañana cualquiera, en la que no hay espectáculos, sólo una persona custodia el recinto. Tampoco se aprecia demasiada atención en el jardín, en el que se acumulan hierbajos sin que nadie haga nada por evitarlo. Antes del verano, la Policía hizo una batida por los bienes confiscados a la mafia en manos del Ayuntamiento capitalino y consideró que el verde estaba en “estado de abandono”, según publicó la prensa local. En realidad, es la imagen habitual que presenta cualquier parque público de Roma. El diario La Repubblica recogió de ese informe policial que al menos una treintena de propiedades confiscadas a la mafia en manos del consistorio romano están vacías o son inutilizables, mientras que la alcaldesa Virginia Raggi habría solicitado la transferencia de otros 71 inmuebles.

Una de las organizaciones que asesoran a las administraciones locales para la adquisición de estos bienes es Libera, la principal asociación antimafia italiana. Tatiana Giannone, experta de Libera en esta materia, asegura que “la mayor parte de los problemas para la concesión son de índole económica, porque a menudo los inmuebles necesitan ser reestructurados”. Sin embargo, señala que en los últimos años ha habido avances debido al aprovechamiento de fondos europeos para este fin. “Antes de solicitar la concesión, los ayuntamientos y las regiones estudian las condiciones de estos bienes, por lo que son conscientes de lo que van a encontrar”, añade Giannone. Libera tiene su propia base de datos, recogida en el portal https://www.confiscatibene.it/, con el que cuenta con un cuadro completo de la situación.

Según datos de la Dirección Investigativa Antimafia, desde 1992 hasta ahora, las autoridades se han incautado de propiedades a las distintas mafias por valor de 24.000 millones de euros. Esto convierte al Estado italiano en una gran inmobiliaria, aunque en esa cifra no sólo hay inmuebles, sino también empresas que la administración pública trata de ceder a otras entidades. La lucha contra la mafia de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados a principios de los noventa, supuso en aquellos años esta acumulación de bienes incautados, por lo que en 1996 se creó la ley que hoy permite su adjudicación a otros entes.

En ella se contempla también la venta a sujetos privados, aunque hasta ahora sólo se ha utilizado como último recurso y de forma residual. Sin embargo, con el último decreto en materia de seguridad impulsado por el ex ministro del Interior Matteo Salvini, se amplía la posibilidad de las ventas a particulares para agilizar la adjudicación. “Esta medida ha despertado muchas críticas, porque a pesar de los controles que se puedan hacer, hay un riesgo alto de que estas propiedades vuelvan a manos de familiares de mafiosos o de testaferros”, señala Tatiana Giannone.

El número dos de la Agencia para los bienes confiscados señala que “los procedimientos en los últimos años se han acelerado”, a través de una mayor coordinación entre instituciones y algunas reformas del Código Antimafia. Aunque, paradójicamente, la constante persecución a la mafia genera un volumen tan grande de propiedades que las administraciones en crisis no son capaces de gestionar. A los jueces antimafia les gusta repetir las palabras de Falcone, cuyo método se basaba en el famoso Follow the money, que consistía en seguir la pista del dinero. Pero, cuando el Estado no consigue ofrecer una respuesta, sugería Falcone y hoy repiten sus discípulos, la mafia gana.