El fiasco europeo de las vacunas

El pasado 27 de diciembre la Comisión Europea respiró aliviada. En la 13 planta del Berlaymont, en la que la presidenta Úrsula Von der Leyen acondicionó a su llegada a la capital un pequeño apartamento, se disfrutaba de un momento de gloria. Bruselas había conseguido que los 27 gobiernos europeos empezaran a vacunar el mismo día. Cuando se pinchaba a Araceli en España, se hacía lo mismo en todos los países de la Unión Europea.

La Comisión había conseguido su gran objetivo sanitario de la crisis y sus temores se habían disipado. No iba a haber una Europa en la que millones de alemanes fueran vacunados mientras griegos, búlgaros o letones debían esperar su turno. El poder de negociación de Bruselas en nombre de los 27 permitió además conseguir los mejores precios. Las vacunas empezaban a llegar y el problema no era de suministro sino de la capacidad de los sistemas sanitarios para administrarlas. Problema nacional, “Europa” había cumplido su parte.

Lo que pudo haber sido una historia de éxito lleva camino de terminar en un fiasco si el Ejecutivo europeo no consigue rápidamente que los suministros de vacunas lleguen más rápido a los gobiernos. Los países más ricos –y no sólo Alemania- ya se preguntan qué tal les hubiera ido por su cuenta.

El culebrón de los últimos días con la farmacéutica AstraZeneca y el colofón de este viernes con la publicación de un contrato lleno de tachones muestran momentos de desesperación. En el Berlaymont saben que aquel éxito se arruinó y que sólo queda salvar los muebles. Fuentes del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo explican que este fiasco “políticamente es muy peligroso. El fracaso puede tener un coste político gigantesco para Europa”.

En la familia liberal en la Eurocámara, confiesa Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, se piensa que fue “una buena decisión” la de “invertir en el desarrollo de vacunas y centralizar su compra para asegurar el acceso a todos los países de la Unión y evitar una carrera competitiva que agrietara las relaciones entre los 27”.

Vázquez advierte que ahora “llega el momento de la verdad y eso se tiene que cumplir y llevar a la práctica y no se ha empezado bien”. Y advierte a las empresas: “Las farmacéuticas deben cumplir sus contratos y deberían cuidarse de no caer en la tentación de subastar las vacunas al mejor postor escudándose en cláusulas legales firmadas en condiciones muy complicadas. Ese beneficio a corto plazo puede implicar costes a largo plazo ante una Comisión Europea que sabe que su credibilidad está en juego. Y, además, porque la sociedad también tiene memoria: la codicia en un momento tan sensible, con una cuestión tan mediatizada, parece una pésima inversión a largo plazo”.

El primer éxito llegó antes del verano, cuando la Comisión Europea consiguió que los gobiernos aceptaran una estrategia común que dejaba en manos de Bruselas las negociaciones con las farmacéuticas. Las capitales se limitarían a la logística de las entregas y a pagar su parte, unos dos tercios del precio de los viales. Los negociadores de la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, fueron firmando contrato tras contrato hasta asegurarse de que las farmacéuticas dispusieran 2.300 millones de dosis para la Unión Europea. Como para vacunar a 1.150 millones de personas cuando la población adulta del bloque supera apenas los 400 millones tras la salida británica. Casi tres veces la cantidad de dosis necesarias. El resto, decía la Comisión, se donaría a países pobres. Europa iba sobrada.

A cambio de perder flexibilidad en la negociación y en los suministros, Bruselas consiguió dos grandes logros:

Una alta fuente comunitaria preguntaba retóricamente a NIUS este pasado jueves: “Imagina que cada Estado miembro negocia y compra por su cuenta. Imagina las imágenes de las filas y filas de alemanes u holandeses o franceses vacunándose. Imagina ahora que los países más pobres o sin farmacéuticas potentes estuvieran todavía esperando sus vacunas”.

Estados Unidos y el Reino Unido aceleraban. Mientras Donald Trump negaba la crisis y Boris Johnson decía que no dejaría de estrechar manos, sus administraciones ya se movían. Los titulares se los llevaban los dos histriones, pero en las páginas interiores aparecían las primeras noticias sobre acuerdos con grandes farmacéuticas.

Washington también tomó decisiones que hoy se dan por fallidas, como una primera importante inversión en la vacuna que desarrollaba la francesa Sanofi –desde París se vio como una injerencia-, vacuna que nunca terminó por sacarse al mercado. Las plantas de Sanofi ayudarán ahora a la producción de la vacuna de Pfizer.

Javi López, eurodiputado socialista, considera que “la adquisición y distribución de la vacuna centralizada por Europa entraña una enorme apuesta de capital político con gigantescas repercusiones sanitarias y económicas. Europa se juega el tipo en esta operación, debe demostrar no sólo que es capaz de actuar eficazmente como mercado comprador (buenos precios), sino como poder global en una carrera que ya se ha situado en la lógica dura de la competencia geopolítica”. López cree que todavía no es tarde y que Bruselas está a tiempo de rectificar y actuar con decisión. De lo contario, estima, “el fiasco en esta gran operación tendría también repercusiones internas y debilitaría nuestra posición global”.

Y no sólo España. Fuentes comunitarias cuentan que Bruselas veía cómo la maquinaria europea no terminaba de arrancar, algo que exasperaba a varios gobiernos nacionales. Y que tuvieron que frenar a los gobiernos español y francés, que habían empezado a negociar con la farmacéutica Moderna al margen de la Comisión Europea. El diario Le Monde adelantaba en abril que París y Berlín, conjuntamente, habían tenido tratos con farmacéuticas sin pasar por Bruselas.

En junio se acabaron los intentos de ir cada uno por su cuenta. Bruselas consiguió que los ministros de Sanidad aceptaran su estrategia. Sólo para sufrir al día siguiente un anuncio de cuatro gobiernos por su cuenta. Alemania, Francia, Italia y Países Bajos aseguraron haber alcanzado un acuerdo para comprar 400 millones de dosis de AstraZeneca. No era un contrato. Era una especie de pacto de caballeros que no llegó a ningún puerto. España se había quedado fuera de ese grupo y respaldaba entonces a la Comisión. Aquellos cuatro desistieron y cerraron filas con la Comisión.

Bruselas se cansó de juegos nacionales y anunció un plan para comprar directamente las vacunas usando los presupuestos comunitarios. A finales de junio ya había previsto más de 2.000 millones de euros que terminaron, con los meses, en más de 2.700 millones. Eran sólo un adelanto, pero tenían que servir para asegurar que los europeos tendrían sus vacunas. El resto lo pagarían los gobiernos en función de lo que fueran recibiendo. En total, Bruselas había pagado por adelantado aproximadamente un tercio del coste total de las vacunas.

Al frente de la estrategia se puso a Sandra Gallina, una veterana funcionaria que había mostrado sus dotes negociadoras durante los largos años de negociaciones con los gobiernos del Mercosur. La italiana, que domina perfectamente inglés, francés y español, parecía una apuesta segura. Este corresponsal la ha seguido desde hace casi una década. Jorge Faurie, antiguo ministro de Exteriores argentino, decía de Gallina en julio de 2019 que era “flexible, simpática y una tremenda negociadora, muy dura, exitosa”.

Pero Gallina llegó tarde –Von der Leyen la hizo pasar de segunda de Comercio a directora general de Salud- y con la estrategia diseñada. Y se le puso “vigilancia”, como cuenta ahora un diplomático escandinavo. O, en versión oficial, fue respaldada por funcionarios enviados por los gobiernos alemán, francés, italiano, holandés, español, portugués y polaco.

Los precios eran secretos, resguardados detrás de cláusulas de confidencialidad. Pero Eva De Bekeer, secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno belga, publicó la tabla de precios en un tuit que después borró. Había sido un error, dijo. De aquella tabla de extrajo sobre todo que cada dosis de la vacuna de Astra Zeneca costaba casi 10 veces menos que las de Pfizer o Moderna. Apenas 2,9 euros, de los que 1,78 debían ser pagados por los gobiernos. La más barata, la más fácil de gestionar porque no necesita fríos extremos. La más golosa.

Gallina y su equipo fueron cerrando contratos y a la llegada del otoño tenían prácticamente terminado su trabajo. Europa se aseguraba casi cuatro veces las vacunas que necesitaba. Pero empezaban las críticas. ¿Por qué apostar por vacunas de ultimísima tecnológica, las que usan el ARN mensaje, como las de Pfizer, que son complicadas de gestionar y no centrarse en las más baratas y clásicas, como la de AstraZeneca?

No todo eran malas noticias. En noviembre Pfizer aseguraba que su vacuna mostraba una eficacia del 90% y que pronto podría pedir autorización. Días después llegaba el mismo anuncio, esta vez de Moderna. Fuentes del gabinete de la comisaria Kyriakides explican que el trabajo de Gallina fue impecable ante una situación sobrevenida porque la estrategia no la diseñó ella. Pero supo cumplir las órdenes de Von der Leyen: vacunas más baratas que para Estados Unidos y el Reino Unido, de un amplio abanico de farmacéuticas y con los 27 gobiernos de acuerdo.

Le falta el detalle de la velocidad. Mientras Europa termina de negociar, Washington y Londres autorizaban ya las primeras vacunas saltándose formalidades y burocracias. O, como dice una fuente en la Comisión Europea, “jugando con fuego, pero les salió bien, las vacunas no tienen efectos secundarios”. La Agencia Europea del Medicamento se pasó tres meses revisando los datos que le había enviado Pfizer/BioNTech sin que la farmacéutica presentara oficialmente su solicitud de autorización.

Europa no tomaba velocidad de crucero. Diputados del partido gobernante en Alemania, la CDU de Angela Merkel, empezaron a acusar al Gobierno francés de presionar a la Comisión para que no comprara más vacunas “alemanas” que “francesas”. Es decir, para que comprara el mismo número de dosis a Pfizer/BioNTech (el laboratorio es alemán) que Sanofi.

Las farmacéuticas ya sabían en ese momento que Washington y Londres pagaban más y que tanto Trump -como después Joe Biden- y Johnson estaban desesperados por conseguir dosis, todas las necesarias, cientos de millones, sin mirar mucho el precio. Cuando los europeos empezaron a vacunar en Estados Unidos llevaban dos semanas y en el Reino Unido tres.

Las farmacéuticas no tenían capacidad para suministrar vacunas a ese ritmo a los mercados anglosajones y empezar a suministrar millones de dosis semanalmente a Europa. Llegaron los problemas. La primera fue Pfizer: debía ralentizar la producción en su planta de Puurs (Bélgica) para modernizarla y que produjera más rápido. AstraZeneca, acto seguido, redujo de 120 a 80 y después a 39 los millones de dosis que, aseguraba, podría suministrar a Europa en el primer trimestre.

Pascal Soriot, consejero delegado de AstraZeneca, contaba esta semana en una entrevista a ‘El País’ y al diario italiano ‘La Repubblica’ que no había manos negras ni malas intenciones, simplemente “que Londres firmó su contrato tres meses antes”. La publicación del contrato con la Unión Europea muestra también claros incumplimientos por parte de la empresa, como el no haber usado sus plantas en el Reino Unido para acelerar la producción de las vacunas que debía enviar a Europa.

Kyriakides salió en tromba y exigió saber cuántas vacunas se habían producido, dónde y a dónde se habían enviado. Bruselas llegó a amagar con el uso de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE (el 122) que en última instancia permitiría a los gobiernos tomar el control de las plantas de las farmacéuticas y requisar su producción. Una especie de “Exprópiese” ante el temor de que, al menos AstraZeneca, hubiera estado engañando a Bruselas.

Bruselas todavía espera solucionar esta crisis y señala que la vacunación no es un sprint de días, sino un maratón de un año o más. Y que su estrategia al final se demostrará como la más eficaz, además de como la única viable para que toda la UE pueda recibir vacunas al mismo tiempo y ningún Gobierno europeo (a excepción del húngaro) se haya decidido a llamar a Moscú o Pekín a preguntar por vacunas. Lo contrario será “un monumental descrédito”, clama la fuente de los socialdemócratas europeos.