La Fiscalía francesa abre una investigación por los posibles errores en la gestión de la pandemia
Se han recibido 62 de denuncias contra diferentes administraciones por cuatro delitos, entre ellos el de homicidios involuntarios
No afectan a ministros del Gobierno, que solo pueden rendir cuentas ante un tribunal especial ajeno a la justicia ordinaria
La Fiscalía francesa ha abierto una investigación preliminar en respuesta a más de 60 denuncias presentadas desde finales de marzo por la posible mala gestión de las autoridades en relación a la pandemia de coronavirus, a la que se le atribuyen más de 29.000 fallecidos en Francia.
Las denuncias se refieren a cuatro delitos: puesta en peligro de la vida ajena, no asistencia a persona en peligro, abstención voluntaria de combatir un siniestro peligroso y homicidios y heridas involuntarias. La investigación no podrá llegar hasta el presidente, Emmanuel Macron, protegido por la inmunidad mientras esté en el cargo, ni contra los miembros del Gobierno, aforados y que solo pueden ser juzgados por una instancia específica, la Corte de Justicia de la República.
Según el fiscal de París, Rémy Heitz, indicó en un comunicado que todas las denuncias serán agrupadas en la Oficina Central de lucha contra ataques al Medio Ambiente y a la Salud Pública, que llevará a cabo una investigación preliminar. El objetivo de las pesquisas será determinar "los procesos de toma de decisiones seguidos durante la crisis sanitaria para arrojar luz en cualquier delito penal que pueda haberse cometido", sin entrar en más valoraciones.
El fiscal ha asegurado que tres de las denuncias, relativas a residencias de ancianos, -una en París, otra en Nanterre, en la región parisiense, y una tercera en Grasse, en el sureste del país-, han sido remitidas a la Policía para que abran investigaciones separadas. Las autoridades estiman que casi la mitad de los muertos por COVID-19 en Francia eran residentes de estos centros o de instituciones similares.
La mayor parte de las denuncias presentadas no tienen un destinatario concreto y emanan de particulares o colectivos profesionales, como sindicatos o asociaciones, precisó el fiscal de París. En las mismas se cuestiona la actuación de diferentes instancias, como departamentos ministeriales, responsables administrativos o cargos públicos, agregó.