Italia no logra cambiar la política migratoria de Salvini

En 2017, el Gobierno socialdemócrata liderado por el Partido Democrático (PD) firmó un acuerdo de colaboración con Libia para que este país asumiera un mayor control de los flujos migratorios. Italia dotó a los guardacostas libios de más medios técnicos y económicos a cambio de que estos estrecharan la vigilancia en sus fronteras y aumentaran las operaciones de rescate en el Mediterráneo. Los migrantes salvados en el mar volvían así a Libia, donde habían sufrido torturas y todo tipo de vejaciones, según los informes de la ONU. Tres años después de ese protocolo, Roma lo renueva este domingo sin que nada cambie.

En este tiempo el Gobierno italiano ha cambiado en dos ocasiones. En 2018 se formó un Ejecutivo de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, con Matteo Salvini como ministro del Interior. El líder ultraderechista heredó esos acuerdos con Libia como el mejor legado de sus predecesores para externalizar la gestión de sus fronteras y llevó sus acciones al extremo con la decisión de cerrar los puertos. Ahora el PD ha vuelto al poder -junto con el M5E-, pero por más que se presenten como los antídotos contra Salvini, apenas han modificado nada de la política migratoria de éste, su mayor instrumento de propaganda. Salvini sigue presente.

El pasado noviembre se activó el mecanismo automático -que cristaliza ahora- para la prórroga del acuerdo con Libia durante los próximos tres años. Se abrió un debate parlamentario, en el que la ministra del Interior, Lucia Lamorgese, anunció que el Gobierno exigiría una serie de condiciones a su socio norteafricano para seguir adelante. Italia reclamaba que haya unas normas explícitas para el rescate y desembarco de inmigrantes; mayor autonomía para las agencias de las Naciones Unidas en Libia; y el cierre de los centros de detención, donde Trípoli retiene a los migrantes que intentan llegar a Europa.

Ahora el Ejecutivo asegura que se sigue negociando en secreto, pero nada de esto ha cambiado. "Nosotros no tenemos constancia de ninguna modificación en este sentido y, además, la situación ahora es mucho más grave, ya que hay una guerra abierta", declara a este diario Lorenzo Trucco, presidente de la Asociación de Estudios Jurídicos para la Inmigración. "Es una vergüenza, Italia y la Unión Europea están contribuyendo a una situación trágica, por lo que lo único que podemos pedir es que se cancele este pacto, al menos hasta que Libia entre en una fase más segura”, añade.

El año pasado, las autoridades libias devolvieron a su país a 9.000 personas rescatadas en el mar, por las 15.000 del año anterior. Esto supone que casi la mitad de quienes intentaron llegar a Europa consiguieron ser llevados a Italia, mientras que el resto volvió sobre sus pasos. Trucco denuncia, ademá,s que el acuerdo firmado con Libia no fue nunca aprobado por el Parlamento, por lo que "carece de legitimidad democrática".

En las últimas semanas, la violencia en el país norteafricano ha aumentado tras la ofensiva del mariscal Jalifa Hafter para intentar controlar Trípoli. Los dos bandos enfrentados firmaron el pasado 12 de enero un alto el fuego, auspiciado por Turquía y Rusia -que tienen intereses contrapuestos en Libia-, aunque la ONU ha denunciado recientemente que no se está cumpliendo. De hecho, ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ha tenido que cerrar el centro de acogida que tenía en Libia por no poder garantizar la seguridad. En la zona se realizan actualmente maniobras militares y el pasado 2 de enero ya cayeron cerca golpes de mortero. Alrededor de 700 solicitantes de asilo serán reubicados en zonas urbanas del país.

El acuerdo entre Libia e Italia ya fue condenado en su momento por organizaciones humanitarias, que consideraban que la UE hacía dejación de sus funciones, descargando la responsabilidad en manos libias. Y ahora esas críticas se han multiplicado. "Llamamos al Gobierno italiano a suspender urgentemente las actividades de cooperación con la guardia costera libia, que impliquen la vuelta de los migrantes a aquel país", reclama en un comunicado Dunja Mijatovic, del Consejo de Europa para los Derechos Humanos. Además, este organismo pide que los Estados miembros ofrezcan "asilo a los migrantes de los centros de detención en Libia y faciliten la creación de corredores humanitario". Las principales ONG se han manifestado en el mismo sentido.

Ni siquiera fue Salvini quien firmó este acuerdo, pero siempre defendió su colaboración con las autoridades libias para impedir que los migrantes pisaran suelo europeo. Ya de su cosecha, en Italia todavía está vigente el llamado Decreto de Inmigración y Seguridad, por el que Salvini permitió que el ministro del Interior tuviera potestad para impedir el atraque de barcos de salvamento en puertos italianos y aprobó multas de hasta un millón de euros para las ONG que desobedecieran.

De momento, tampoco ha habido ningún cambio normativo en esta materia. Una de las condiciones del PD para sellar la alianza de Gobierno con el M5E fue derogar este decreto, pero la debilidad del Gabinete lo ha impedido hasta ahora. Se espera, sin embargo, que tras las pasadas elecciones en Emilia Romaña, en las que Salvini fue derrotado tras haber puesto toda la carne en el asador, los socialdemócratas impulsen sus políticas en el Ejecutivo. "Después de todos los daños que provocó Salvini, uno ya no se espera compromisos vagos, sino acciones concretas", asevera Lorenzo Trucco.

La única modificación es que los barcos de las ONG han vuelto a desembarcar en Italia. Aunque los procedimientos siguen siendo lentos, ya que no hay un mecanismo automático para el reparto de los migrantes salvados en el mar en otros países europeos. En septiembre Italia firmó un pacto con Francia y Alemania para que estos se quedaran con una parte de los rescatados que llegaran a suelo italiano. Algo que se está cumpliendo por el momento, aunque está basado sólo en la buena voluntad de estos países.

En lo que va de año han llegado a Italia más de 1.600 migrantes, de los que al menos 363 han sido rescatados por la ONG española Open Arms. La cifra supone un incremento significativo con respecto a los sólo 200 que arribaron a las costas italianas el mismo mes del año pasado. Algunos expertos señalan que las autoridades libias, apoyadas en milicias, han abierto el grifo para que Italia no ponga impedimentos a un acuerdo que le sigue suministrando dinero al Gobierno de Trípoli.