La justicia respalda la decisión de Johnson de clausurar el Parlamento británico

Boris Johnson no se ha excedido en sus poderes al clausurar, temporalmente, el Parlamento británico hasta pocos días antes del Brexit. Así lo ha dictaminado el juez escocés, Lord Raymond Doherty. El caso fue llevado ante el Tribunal de Sesiones de Edimburgo por 75 diputados. Doherty no lo considera ilegal y cree que quienes deben deben juzgar al primer ministro británico son los votantes y el resto de los políticos. Aún así, los denunciantes, como es el caso de la diputada Joana Cherry, han asegurado que van a recurrir la decisión. 

El premier anunció el pasado 28 de agosto su intención de clausurar el Parlamento durante cinco semanas: del 10 de septiembre al 14 de octubre, día en el que la reina Isabel II ofrecerá el discurso inaugural en el palacio de Westminster. La oposición vio una clara maniobra de Johnson para evitar el escrutinio parlamentario y evitar que se pudiera prorrogar la salida de Reino Unido de la UE, prevista para el 31 de octubre, si no hay acuerdo. 

El gobierno de Reino Unido insiste en que esa prórroga no evitará que la Cámara pueda debatir el Brexit. Pero la maniobra de Johnson es clara: salir de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Pero el calendario está muy ajustado. La clausura del Parlamento conlleva no celebrar debates ni votaciones y las leyes que se están tramitando pueden no acabar su proceso. El parlamento suele estar activo durante un año, pero en esta ocasión son ya dos, desde las elecciones de junio de 2017. Una excepción que Johnson ha aprovechado para ampliar esas vacaciones.